Monografico_Una_aproximaci_n_al_periodismo_en_contexto_de_conflictividad_socio-ambiental_

Una aproximación al periodismo en contexto de conflictividad socio-ambiental

An approach to journalism in contexts of socio-environmental conflictivity

Uma abordagem ao jornalismo em contextos de conflictividade socioambiental

Juan Guillermo Osorio

Universidad Surcolombiana, Colombia/ osorioo.juan@gmail.com

Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación

N.º 144, agosto-noviembre 2020 (Sección Monográfico, pp. 81-96)

ISSN 1390-1079 / e-ISSN 1390-924X

Ecuador: CIESPAL

Recibido: 10-06-2020 / Aprobado: 22-10-2020

Resumen

Este artículo plantea una aproximación reflexiva sobre el papel del periodismo en la cobertura de conflictos socioambientales centrada en los retos que habiliten cumplir con su rol esencial en la búsqueda de las verdades, generando información cualificada que aporte a la ciudadanía y las comunidades que requieren de ella. Mediante el análisis se exponen varias cuestiones encaminadas a la comprensión de los problemas ligados a proyectos minero-energéticos, la incapacidad de la prensa para señalar dichas problemáticas y la relevancia de los medios digitales de los movimientos sociales para informar a la población sobre los conflictos generados por la instauración de dichos proyectos en los territorios.

Palabras clave: periodismo, conflictos socioambientales, medios digitales, democracia, medios de comunicación

Abstract

This article raises a reflective approach to the role of journalism in the coverage of socio-environmental conflicts focused on the challenges that enable it to fulfill its essential role in the search for truths, generating qualified information that contributes to citizens and the communities that require it.Through the analysis, several issues are exposed aimed at understanding the problems related to mining-energy projects, the inability of the press to point out these problems and the relevance of the digital media of social movements to inform the population about the conflicts generated by establishment of these projects in the territories.

Keywords: journalism, social and enviromental conflict, digital media, democracy, mass media.

Resumo

Este artigo propõe uma abordagem reflexiva sobre o papel do jornalismo na cobertura de conflitos socioambientais centrada desafios que lhe permitem cumprir seu papel essencial na busca da verdade, gerando informação qualificada que contribua para os cidadãos e as comunidades que dela necessitam. Por meio da análise, são expostas diversas questões que visam a compreender os problemas relacionados aos projetos minero-energéticos, a incapacidade da imprensa em apontar esses problemas e a relevância das mídias digitais dos movimentos sociais para informar a população sobre os conflitos gerados por ele estabelecimento de tais projetos nos territórios.

Palvras chaves: jornalismo, conflitos sociambientais, mídia digital, democracia, meios de comunicação.

1. Introducción

En América Latina y en Colombia la adopción de modelos económicos y políticos extractivistas, han caracterizado los últimos gobiernos nacionales cuyos planes de desarrollo, le han apostado a la expansión de proyectos minero-energéticos y el fortalecimiento de la inversión extranjera con la denominada confianza inversionista; mediante políticas gubernamentales enfocadas a agilizar procesos de exportación de materias primas. En este panorama los medios de comunicación han cohonestado con gobiernos, grupos económicos y sectores políticos, sus discursos han favorecido la invisibilización de los conflictos socioambientales, sus causas estructurales y las respuestas de las comunidades. Una situación que dista de la construcción de opinión pública y de la democracia misma.

2. Desarrollo

América Latina cuenta con innumerables bienes comunes naturales, recursos no renovables y posiciones geoestratégicas; que hacen de sus territorios un atractivo para gobiernos y empresas que centran su accionar en el despojo, explotación, reprimarización de las economías y la financiarización de la naturaleza y la vida.

Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que coordinaron la creación del primer Atlas Global de Justicia Ambiental, advierten que cada vez son más los conflictos por el acceso de los recursos naturales. El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta. Colombia, según el Atlas, figura en el segundo lugar en la clasificación por países con 72 casos, sólo por debajo de India que registró 112 conflictos. Sin embargo, ocupa la primera posición en América Latina, que registró en total 300 casos. Otros países de la región documentados son Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30). En Colombia, de acuerdo con el profesor Mario Alejandro Pérez de la Universidad del Valle adscrito al Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico (Cinara), el 52% de los conflictos son protagonizados por las multinacionales extranjeras (Grupo InSurGentes, 2015).

Los estudios sobre el rol de los medios de comunicación y la cobertura periodística de conflictos socio-ambientales en América Latina, se han centrado en analizar las dinámicas del cubrimiento periodístico en el marco de conflictos derivados por el desarrollo de actividades extractivas en el Perú, entre los casos más emblemáticos reseñados por Sandro Macassi, Hugo Aguirre y Hildegard Willer; se destaca: el conflicto por la construcción de la represa Inambari en Puno, el Proyecto Minero Conga desarrollado por la Minera Yanacocha y Newmont en la región de Cajamarca, así como el Proyecto de “Ampliación de la concentradora Toquepala y recrecimiento del embalse de relaves de Quebrada Honda”, de la empresa Southern Copper Corporation en Tacna (Macassi, 2012, pp. 8-9).

Desde los postulados de Aguirre se puede afirmar que en dichas conflictividades el rol desempeñado por los medios de comunicación se ha caracterizado por no realizar un abordaje completo de las problemáticas medio-ambientales, ni posibilitar la construcción de escenarios efectivos que conlleven al diálogo y la resolución de dichas confrontaciones (Aguirre, 2012, p. 45).

Según lo estipulado por Macassi (2009) se infiere que entre las principales características del rol de los medios de comunicación en la cobertura de conflictos sociales, está la carencia de neutralidad. Para este autor, en su ejercicio periodístico los medios se inclinan por alguna de las partes o actores en conflicto, al cubrir los conflictos de cierta forma inciden y alteran el desarrollo de los acontecimientos por lo que se configuran en escenario de los conflictos; toda vez que a través de ellos se visibilizan las diversas posiciones, percepciones e interés de las partes en conflicto.

Lo anterior, hace de los medios de comunicación un espacio estratégico para los actores en confrontación, en la medida en que a través de ellos pueden hacer visibles sus posiciones, planteamientos y demandas calando en la agenda pública. Para Macassi los ciudadanos y las autoridades se enteran de los hechos a través de la información trasmitida por los medios, de ahí que la atención de las autoridades y sectores políticos se centre en resolver las situaciones problemáticas que son visibilizadas.

Entre tanto para Hildegard Willer, en la conflictividad suscitada por el proyecto Conga, el rol de los periodistas se caracterizó por ser de dos formas: como suscitadores de la violencia y como mediadores en la búsqueda por facilitar el dialogo de las partes en conflicto. Sin embargo, estipula que para los periodistas es difícil desempeñar este último rol, debido a: 1) La dinámica de la conflictividad que está caracterizada por posiciones polarizadas y 2) las limitaciones de los periodistas locales respecto a enfoques e instrumentos adecuados para mediar en los conflictos (Willer, 2012).

Para ésta autora, otra característica relacionada con el rol de los periodistas en la cobertura de conflictos socio-ambientales es que se conciben como actores que hacen parte del conflicto; en su ejercicio se sienten involucrados, pues debido a sus dimensiones e implicaciones se configuraron en referentes del ejercicio periodístico local; más aún cuando los casos se vuelven emblemáticos como los conflictos de llave o Bagua en Perú.

Si bien, los periodistas reconocen la importancia de cubrir los conflictos a partir de elementos claves del quehacer de la profesión como la contrastación de fuentes, los periodistas en la cobertura del conflicto en Cajamarca- Perú, manifestaban que en muchos casos no podían hacerlo por dos razones: 1) Porque algunos de los actores de las partes en conflicto no estaban presentes o no daban entrevistas. 2) Porque en el cubrimiento de conflictos como el de Lima-Perú, los periodistas regionales no tenían la posibilidad de acceder con facilidad a fuentes de información nacionales como representantes de entidades gubernamentales o las mismas empresas extractivas (Willer, 2012).

Estas situaciones evidencian algunas de las dificultades que enfrentan los periodistas en la cobertura de los conflictos socio-ambientales, además de la necesidad de comprender que cada conflicto dependiendo del contexto en el cual se enmarca, tiene características y dinámicas propias que influye, determina y en cierta medida pueden delimitar la función o rol que puede desempeñar el periodista en dichos conflictos.

3. Periodismo y democracia

En 1785 surge el periodismo colombiano con unas hojas volantes con el título de <<Aviso del Terremoto>> informando sobre hechos causados por el sismo del 12 de julio en Santa Fe de Bogotá (Ortiz, 1994). De ahí que su ejercicio este estrechamente ligado con la función de informar e interpretar sobre los hechos o acontecimientos presentes en la sociedad.

Por su relevancia dicha labor se ha constituido en un componente fundamental para el desarrollo social, pues como plantea Enerst Hynds “el periodismo es historia que se va haciendo: conserva el pasado, hace la crónica del presente y ayuda a prever el futuro” (Hynds, 1977).

La primera metodología establecida para tratar de comprender la labor periodística es la denominada Teoría del espejo, la cual estipula que el periodismo es la fiel representación de la realidad, es decir que la prensa se configura en un espejo que muestra claramente las situaciones cotidianas de la sociedad. En esta teoría la idea del periodismo como reflejo de la realidad se sustenta en que la labor está sujeta a presentar objetivamente los hechos noticiables sin dar lugar a comentarios o subjetividades. Es una de las más acogidas y defendidas en el gremio periodístico, debido a que da legitimidad y credibilidad a los periodistas, tratándolos de imparciales, limitados por procedimientos profesionales que se fundamentan en un método científico lo que garantiza el relato objetivo de los hechos (Oliveira, 2006).

Sin embargo, de acuerdo con Oliveira los planteamientos de la Teoría del espejo entran a ser controvertidos por el Newmasking al considerar al periodismo como aquel que interpreta y a la vez construye una supuesta realidad. Sus postulados estipulan que desde un trabajo de enunciación el periodista produce los discursos sometidos a una serie de operaciones para constituir lo que denominan noticia, es decir que el periodismo no refleja fielmente la realidad sino que ayuda a construirla.

En esa medida el periodismo se configura en testigo de los acontecimientos y constructor de la realidad, gran parte de la historia de una nación se encuentra registrada en noticias, reportajes, crónicas, entrevistas y artículos periodísticos investigativos realizados a partir situaciones del acontecer de la sociedad que debido a su magnitud, impacto o relevancia han sido considerados como hechos noticiables.

De ahí que para Willer el papel ideal del periodista en la cobertura de conflictos socio-ambientales, “se rige en función de la democracia moderna, es decir que el periodista debería defender un ideal democrático en un contexto socio-cultural que lo tiene atenazado” (2012). De acuerdo con la autora en mención, para que el periodista pueda analizar debidamente la conflictividad social de su entorno debe moverse en tres contextos: “1) colonialidad del poder, 2) democracia moderna, 3) globalización económica y comunicativa en clave neoliberal” (Willer, 2012, p.41).

En ese orden de ideas, si “El periodista debe defender el derecho de los ciudadanos a saber lo que está pasando, cómo se toman las decisiones que los afectan y cómo se gasta el dinero público. El periodismo, cuando es genuino, debe ser un contrapoder. El periodista está para averiguar lo que no le conviene al poderoso y publicarlo” (Coronel, 2016), la función primordial del periodismo estaría orientada a la salvaguarda del interés común y la democracia.

Es importante resaltar que la participación plena no existe sin plantearse el problema del poder. Hoy, la comunicación se ha enriquecido al avanzar en su comprensión de la participación y la democracia, vinculando las nociones de necesidad e interés con la radicalización de la democracia; es decir, descentrándola desde lo político hacia lo económico, social y cultural, fortaleciéndola con una nueva ética fundada en la solidaridad como el valor que hace posible la realización de la vida y, específicamente, el de la vida digna. (PEÑA et al., 2014, p.19)

Más allá de las teorías que buscan comprender la labor periodística o la discusión en torno a si el periodismo es o no la representación fidedigna de la realidad, está el hecho que el ejercicio desarrollado por los profesionales del periodismo debe propender por salvaguardar la democracia y el derecho que tienen las persona de ser informadas, a través de la búsqueda de las verdades.

Los anteriores planteamientos se constituyen en un punto para comprender la importancia del cubrimiento periodístico de los conflictos socio-ambientales en el contexto Colombiano, específicamente en el centro sur del departamento del Huila con la instauración de la política minero energética.

Y es que el rol desempeñado por los medios de comunicación nacionales, regionales y locales en la visibilización de los conflictos socio-ambientales varia, los primeros cubren los conflictos en la etapa de las confrontaciones, a nivel regional realizan una cobertura en la etapa temprana de la conflictividad pero de forma discontinua y los medios locales visibilizan los conflictos desde su involucramiento a favor o en contra de las partes en conflicto.

En el panorama nacional es evidente una ruptura entre el tratamiento de la información por parte de los medios tradicionales de radio, prensa y Tv locales, regionales y nacionales por un lado, y por el otro las plataformas alternativas lideradas por colectivos de comunicación en medios digitales que posibilita la web y las redes sociales.

En este sentido, es de señalar que en el caso del departamento del Huila y la Política Minero Energética, en la agenda mediática empezó a ser posicionado el tema de la vulneración a los Derechos Humanos y los DESCA por medio de una estrategia de articulación entre la movilización social, la incidencia política, las estrategias jurídicas y la producción de contenidos digitales, que no dieron otra opción a los monopolios regionales de tener que abordar la temática ante el evidente desborde de información en escenarios Nacionales e Internacionales.

(Peña y Bernal, 2016) advierten que de acuerdo con la Sentencia T135 de 2013 de la Corte Constitucional de Colombia denominada ‘Obras de Desarrollo y Progreso Frente a la Protección de Derechos Fundamentales de Las Personas-Participación y Concertación de Personas Afectadas por el Desarrollo de Megaproyectos’; existe relación entre información-derecho a la participación y derecho Humano; derivada de una tensión entre las distintas visiones de desarrollo y la necesidad de protección de los derechos fundamentales de las personas. Los espacios de participación y concertación en el diseño y desarrollo de megaproyectos. Resaltan que para la corte en un estado social y democrático de derecho no se puede dar una prioridad general y abstracta al interés general y la visión mayoritaria del desarrollo o el progreso que traen las obras de infraestructura cuando estas afectan los derechos fundamentales de las personas… Al ejecutar un megaproyecto, el campesino, el jornalero o el tradicional habitante de una región afectada, se encuentra en un verdadero estado de indefensión frente al empresario o dueño del proyecto. Solo con el adecuado ejercicio de la participación podrá evitar que se lesionen sus derechos (pp. 501- 502).

Es por ello, que la Corte dejó establecido en la construcción de megaproyectos que implican la afectación o intervención de recursos naturales, las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar espacios de participación que conduzcan, de un lado, a la realización de diagnósticos de impacto comprensivos, y de otro, a concertaciones mínimas en las que tanto los intereses del proyecto u obra a realizar como los intereses de la comunidad afectada se vean favorecidos … También será obligatoria la realización de espacios de participación, información y concertación, que implican el consentimiento libre e informado (Constitucional, 2013).

No obstante, en el caso del departamento del Huila sur de Colombia, la práctica de control que se ejerce en los territorios los permea con una comunicación instrumental que se refuerza con el discurso en los medios locales y regionales, en tanto reduce la posibilidad de una razón comunicativa (Peña y Bernal, 2016).

Es de señalar que los pobladores no ven en el gobierno un ente que garantice sus derechos y la permanencia en sus territorios, ni la posibilidad para ejercer su derecho a la participación y decidir sobre el uso y apropiación de los lugares que habitan. De ahí qué, las acciones de movilización social se constituyan en la alternativa política de las comunidades para ser escuchadas y exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales; pues los medios de comunicación no han sido garantía tampoco de la visibilización de sus realidades.

4. Aproximación al contexto nacional y regional

El departamento del Huila se encuentra ubicado al suroccidente de Colombia, cuenta con una extensión de 19.990 km2, correspondiente al 1.74% del territorio nacional, haciendo parte de él 37 municipios, cuenta con una población de 1.168.869 (“SIR”, 2016).

Atravesado de sur a norte por las cordilleras Central y oriental, el departamento tiene como eje geográfico el valle del río Magdalena, con una posición geopolítica estratégica, al ubicarse entre 2 ecorregiones de importancia global y nacional, como lo son el Macizo Colombiano y el Piedemonte Amazónico. Gracias a su ubicación en la cuenca alta del río Magdalena, el Huila posee gran diversidad de zonas de vida y ecosistemas que van desde el muy seco tropical en la Ecorregión de la Tatacoa, pasando por el Bosque Andino, hasta las nieves perpetuas en el Nevado del Huila (CAM, 2013, p.7).

El patrimonio natural expresado en su biodiversidad de fauna y flora, minerales y riqueza hídrica hacen del Huila un territorio atractivo para los procesos de acumulación de capital a través de la adopción de modelos económicos como el neoextractivismo caracterizado por “políticas extractivas fortalecidas por el Estado que profundizan la apropiación y explotación de recursos naturales en la búsqueda de un crecimiento económico” (Gudynas, 2009).

El neoextractivismo es la instauración de un modelo extractivista, financierista por despojo, el cual se materializa en los territorios a través del control corporativo, menoscabación de la soberanía territorial, destrucción de las fuentes hídricas, detrimento de los suelos fértiles y depredación de la biodiversidad (Dussán, 2014). Esto a manos de empresas trasnacionales y multinacionales que cuentan con la confianza inversionista y la seguridad jurídica que han garantizado los gobiernos colombianos, en más de una década.

“En Colombia durante los ocho años del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010) se aumentó inusitadamente la superficie de hectáreas con título minero otorgado o solicitado, en ese lapso se multiplico por ocho: pasó de 1.13 millones a 8,53 millones de hectáreas” (Rudas, 2010). Lo que fuera un hecho importante para inversionistas, se constituyó en una situación preocupante para las comunidades. Dichas políticas fueron retomadas en el mandato del presidente Juan Manuel Santos con el nombre de las locomotoras del desarrollo, para el caso que nos atañe, la ‘Locomotora Minero-Energética’.

“La implementación de la locomotora minero-energética dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en la administración Santos corresponde a la aplicación de la apertura económica en el marco del modelo neoliberal” (Posada, 2014). En dicho contexto países latinoamericanos proveen de materias primas y recursos minero-energéticos a las grandes potencias industrializadas que los demandan.

Es allí donde el departamento del Huila debido a su ubicación y ecosistemas estratégicos se configura en un territorio clave para los procesos de explotación y extracción de bienes comunes naturales. La política minero-energética avanza en el Huila a través de la instauración de la central hidroeléctrica El Quimbo en la zona centro, la exploración y explotación petrolera con el Bloque Matambo entre los municipios de Garzón y Gigante y la instalación de plataformas para pozos petroleros en la zona de amortiguamiento del Páramo de Miraflores avaladas por la Licencia Ambiental 1609 de 2011.

Hacia el norte se proyecta el Bloque VMS13 de explotación y exploración de petróleo en la cuenca alta del río Las Ceibas y la construcción de cincuenta pequeñas centrales hidroeléctricas (microcentrales). De igual forma en trece municipios del centro, sur y occidente del departamento pretenden realizar extracción petrolera a través del método fracking con el Bloque VSM16 entre otros. Sumado a esto se contempla la construcción de 9 represas más para el departamento con el denominado Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena como lo muestra la figura 1.1.

Figura 1.1. Mapa minero-energético del departamento del Huila

Fuente: Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

5. De los Conflictos socio-ambientales

Referirse a los conflictos socio-ambientales, pasa por la comprensión de lo que es el Territorio, el Conflicto y los Conflictos socio-ambientales. Por ello, a continuación realizaré una aproximación conceptual a cada uno de ellos.

Con el fin de comprender la noción de territorio se toman como referentes los postulados de Gilberto Giménez en su artículo, titulado: “Territorio, cultura e identidades, la región socio-cultural”. En el cual, el autor parte mencionando que para ir más allá del concepto básico del territorio entendido como: una extensión de superficie habitada por grupos humanos, es necesario hacerlo desde la articulación de una teoría del territorio; por ende propone partir de la noción de espacio brindada por Raffestin (1980), quien considera que “el territorio sería el espacio apropiado y valorizado –simbólica y/o instrumentalmente- por los grupos humanos”, y Nyantom (1978) el cual plantea que “el espacio es entendido como una combinación de dimensiones”.

De ahí que para Giménez, las anteriores valoraciones brinden la posibilidad de entender a fondo el concepto de Territorio, en la medida que el espacio, estaría caracterizado por su valor de uso antecediendo al del territorio, siendo este el “resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, una “producción” a partir del espacio inscrita en el campo del poder por las relaciones que pone en juego; y en cuanto tal se caracterizaría por su “valor de cambio” (2000).

En consecuencia, el territorio es el resultado de la apropiación y valoración de un espacio determinado, el cual puede caracterizarse de dos formas: “instrumental- funcional o simbólico expresiva” (Giménez, 2000, p. 28). En la valoración instrumental las personas ven el territorio simplemente como un elemento u objeto el cual puede ser utilizado de cualquier forma y para cualquier fin. Visión que se contrapone con la valoración simbólica expresiva en la cual el territorio es visto más allá de ser un objeto, sino como un espacio con y en el cual las personas establecen y construyen relaciones socio-afectivas.

Desde esta perspectiva Giménez sostiene que el territorio puede responder en primera instancia a las “necesidades económicas, sociales y políticas de cada sociedad cuya producción se sustenta por las relaciones sociales que lo atraviesan” (2000). De ahí que el territorio pueda ser considerado como: zona de refugio, medio de subsistencia, fuente de recursos o área geopolítica estratégica o desde otra arista como: paisaje, belleza natural, entorno ecológico, objeto de apego afectivo o tierra natal.

Por su parte Peña y Bernal (2016), consideran que para hablar de territorio o de región “Implica tener en cuenta elementos como la memoria y la identidad lo cual permite la construcción de un proyecto común”, ya que según plantean “en la región socio-cultural se construyen las identidades colectivas, los valores y pautas de comportamiento compartidas”. De ahí que entiendan el territorio “como el espacio en el que los actores sociales interactúan y se apropian de los ecosistemas y la región como la construcción social desde la articulación dinámica entre conflicto, territorio, ecosistema y biodiversidad” (p. 6).

Entre tanto, el concepto de conflicto hace referencia a “aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que personas o grupos se consideran incompatibles por responder a intereses, necesidades y valores en pugna” o la condición que vivencian los sujetos humanos al constatar que tanto sus intereses como las relaciones que los sustentan son plurales, diversas y muchas veces antagónicas (Dussán y Peña, 2014).

En esa medida el conflicto es reconocido como un proceso dinámico cuya situación es connatural al ser humano. Dussán y Peña resaltan que al ser el conflicto un elemento natural de las relaciones humanas el cual se expresa a través de una crisis o ruptura que impide funcionar de la forma como se había hecho hasta el momento, dicha situación de conflictividad pasa a constituirse en un elemento que abre otras posibilidades para el desarrollo de acciones vitales, es decir “el paso a un nuevo orden superior a través de un desorden necesario” (Dussán y Peña, 2014).

Por ende, el conflicto se entiende como un componente que posibilita transformaciones en la sociedad a través del empoderamiento y compromiso de las personas para cambiar dichas realidades. De allí que resalten la importancia de superar la visión que se tiene del conflicto entendido como un problema para pasar a comprenderlo como “un motor de cambio, un gestor de innovación hacia niveles superiores de progreso y desarrollo” (Dussán y Peña, 2014).

Sin embargo, precisan que en situaciones de conflicto las personas pueden verse enfrentadas a la intensificación del mismo. Dicha intensificación puede traducirse ya sea en una vía para su resolución o en espirales de violencia que deterioran las bases de convivencia, por lo tanto considera necesario abrir espacios de resignificación y apropiación de principios desde los derechos humanos en los cuales las partes en conflicto puedan “manifestarse y desarrollarse sin que la oposición se traduzca en la supresión del otro reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo” (Dussán y Peña, 2014).

En situaciones de conflictos socio-ambientales el territorio se configura no solo como escenario donde se ponen en juego diversos intereses, sino como elemento de disputa entendiendo que el conflicto surge debido a la concepción, relación, uso, apropiación y significado, que se le da al territorio y a los bienes comunes naturales, intereses que entran en contraposición, de ahí las diferencias y confrontaciones de las partes en conflicto como lo son: el Estado y las Comunidades. El primero en la búsqueda de un llamado ‘desarrollo’ explota desmesuradamente los bienes comunes naturales sin medir las afectaciones sociales, económicas, culturales y ambientales y el segundo que lucha por mantener su modelo de vida en armonía con el territorio que habita.

En esa medida, para comprender el concepto de conflicto socio-ambiental parto del enfoque planteado por Joan Martínez Alier en el campo de la Ecología Política, desde esta perspectiva se conceptualizan los conflictos socio-ambientales como Ecológico Distributivos, concepto que vincula procesos en los cuales países europeos para satisfacer su consumo extraen desmesuradamente de países periféricos bienes naturales como: agua, minerales y energía generando impactos y pasivos ambientales en los territorios (Martínez, Alier, 2004).

Con la finalidad de ahondar en la noción de conflicto socio-ambiental se referencian aspectos del libro “Extractivismo Conflictos y Resistencia” de Censat Agua Viva, en el cual se conceptualiza concretamente el conflicto, el conflicto socio-ambiental y/o ecológico distributivo. En esa medida, a partir de los postulados de (Pérez, 2014) los investigadores de Censat plantean que el conflicto es entendido “como el resultado de una relación de desigualdad, subordinación, injusticia u omisión que causa perjuicio, deteriorando la calidad de vida y oportunidades de las personas y sus medios de subsistencia” (p. 21). Por su parte el conflicto socio-ambiental es definido como:

La manifestación de las contradicciones sociales en la relación ser humano – naturaleza. Una gran parte de las luchas que tienen lugar como consecuencia del modelo de desarrollo y su determinante política extractiva se da por la apropiación de los patrimonios naturales desde diferentes actores y estrategias y genera contraposición social en el intento de acceso a la naturaleza como medio de vida, sustento para las comunidades y disfrute de los valores éticos y estéticos (Roa Avendaño, et al, 2014, p. 22).

A su vez, Soler (2014) define los conflictos ecológico-distributivos como: “desencuentros que surgen en los territorios cuando se vulneran los derechos sociales de unos grupos a favor de otros”. Dicha situación se da cuando empresas invaden los lugares, privatizando los bienes comunes, impidiendo a las personas que habitan el territorio acceder a dichos bienes, además de generar residuos contaminantes. En esa medida, las consecuencias ecológicas de estas acciones, provenientes de empresas o entidades privadas, afectan negativamente a las comunidades cuya subsistencia depende directamente de las dinámicas naturales y los flujos de la vida (Roa Avendaño, et al, 2014, p. 113).

6. Monopolio informativo

En el departamento del Huila, entre los medios de comunicación con mayor tradición se encuentran: el Diario del Huila y La Nación el primero fundado en el año 1966 propiedad de la familia Max Duque y el segundo fundado en 1994 del empresario Jesús Oviedo Pérez. Medios que a través de la información que trasmiten se han posicionado y configurado en formadores de opinión y constructores de nuestras realidades.

Lo anterior nos permiten inferir que los medios de comunicación, cabe señalar no todos, son manejados por grupos económicos de ahí que la información trasmitida responda a intereses monetarios, políticos e ideológicos, conllevando como lo plantea Ortiz a que “la función del periodismo de informar y orientar se vea desdibujada, debido al manejo de los empresarios de la comunicación que utilizan la información como una mercancía de consumismo” (Ortiz, 1994, p.6).

Debido a estas lógicas del periodismo en la región en la que los principios éticos de la labor periodística se ven contrapuestos por los intereses de grupos económicos que manejan los medios, se ha llegado “a una situación en que se fabrica la realidad de acuerdo a determinados intereses, y entonces lo que la audiencia recibe no es la verdad de los hechos sino las versiones acomodaticias del acontecer.” (Ortiz, 1994, p.7). Es decir, que la información que las personas reclaman como un derecho, pasa a convertirse en una expresión de la sociedad de consumo utilizada para el beneficio de grupos económicos y sectores privilegiados.

En el marco de conflictos socio-ambientales en el departamento del Huila, dicha dinámica del periodismo es aprovechada por las corporaciones trasnacionales y los gobiernos de turno, constituyéndose los medios de comunicación en difusores de sus mensajes y garantes de sus intereses, en esa medida la pauta publicitaria influye y llega a determinar los discursos y testimonios que son reproducidos.

Es así que multinacionales como Emgesa con el amparo del Estado, velando por sus intereses, pautan con algunos medios de comunicación regionales para difundir sus mensajes, trasmitiendo una información sesgada y parcializada. El registro de prensa Caso El Quimbo, realizado durante el año 2015, evidencia como artículos periodísticos publicados por algunos medios periodísticos eran boletines de prensa realizados por la empresa o notas que en mayor medida favorecían las versiones oficiales.

Un ejemplo claro de ello es el artículo periodístico publicado por el Diario del Huila (2015), relacionado con el traslado de la capilla San José de Belén, la información contenida en la nota informativa es igual a la del boletín de prensa emitido por la multinacional Emgesa, en las dos publicaciones digitales el contenido es el mismo, iniciando por el titular que no varía, hasta el cuerpo de la nota, solo que con cambios de orden en la presentación de la información.

Dicha cobertura periodística en el escenario de conflictos socio-ambientales, poco o nada aporta en su resolución, por el contrario agudiza las relaciones entre las partes en conflicto, además de evidenciar como se ejerce un periodismo desde la comodidad, orientado a las elites en el cual se tiene como verdad absoluta las versiones oficiales y empresariales, lo que lleva a reflexionar frente a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación con relación a la información que trasmiten a los lectores, pues es a través de esta que los ciudadanos cualifican su opinión.

Situación que desde los planteamientos de Macassi refleja como los medios afectan las dinámicas del conflicto, según una de sus hipótesis en conflictos socio-ambientales hay dos actores cuyos intereses entran en contraposición reconocidos como partes primarias (Estado o corporaciones) y partes secundarias (comunidades o movimientos sociales), de allí que los primeros al disponer de mayores recursos como lobbies, oficinas de prensa, empresas de gestión periodísticas e incidencia en redes sociales logren incidir en las esferas de decisiones, desconociendo la legitimidad de las demandas y evitando la visibilidad del conflicto (Macassi, 2012, p.30).

Es así como las comunidades afectadas por la instauración de proyectos minero-energéticos en el departamento expresan que los programas de comunicación que trasmiten las empresas multinacionales lavan el cerebro y al tener los recursos para hacerlo, se empeñan en meter un pensamiento en la cabeza del otro y lo consiguen, sumado a esto plantean que los medios de comunicación no están reflejando las realidades que sienten y vivencian en sus territorios, por el contrario sus testimonios y problemáticas son invisibilizados, además consideran que las producciones periodísticas realizadas por los medios de comunicación informan de manera superficial sin abordar, ni evidenciar las causas y consecuencias del conflicto.

7. Oportunidades de la era digital

En el año 2012 en el departamento del Huila se identificaron 8 experiencias periodísticas digitales, ubicadas en los municipios de Neiva, Campoalegre y Pitalito, dicha situación se da como respuesta de los medios tradicionales por incursionar en el periodismo digital (Rey y Novoa, 2012).

Para el año 2013 desde el curso de periodismo digital del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana, se encontraron más de 15 medios digitales y en el 2015 desde el estudio titulado “Percepciones de los medios periodísticos digitales sobre las tecnologías de la comunicación y la información en el departamento del Huila” se identificaron 21 medios digitales periodísticos en la región.

Si bien es cierto que la web 2.0 en la era de la información y las comunicaciones ha posibilitado el auge de medios y plataformas periodísticas digitales que contribuye en la búsqueda por la democratización de la comunicación, la gran mayoría de ellas continúan respondiendo a las lógicas del mercado cuyas prácticas se caracterizan por la inmediatez de la información con producciones periodísticas que carecen de análisis e investigación dándole mayor relevancia a las fuentes oficiales y donde las comunidades y sus problemáticas pocas veces se ven reflejadas.

Ante este panorama desde la academia y los movimientos sociales han surgido valiosas experiencias digitales e iniciativas de comunicación alternativa que propenden por desarrollar contenidos que contribuyan a la defensa del interés público y la construcción de sociedades más justas y democráticas.

En el marco de la instauración de la política minero-energética en el departamento del Huila dichas experiencias a través de plataformas digitales y redes sociales empezaron a desarrollar producciones comunicativas asociadas con la vulneración de Derechos Humanos posicionándolos en la agenda mediática, ante dicho desborde informativo los medios tradicionales no vieron otra opción que cubrir dichas temáticas.

De ahí la importancia de los medios o plataformas digitales en la actualidad, las cuales abren un mundo de posibilidades; su uso y apropiación permiten la publicación y difusión de contenidos creados para visibilizar e informar sobre las propias realidades, lo cual se constituye en un elemento importante que en gran medida contribuye a contrarrestar las prácticas y vacíos de los medios de comunicación tradicionales.

8. Periodismo y Conflictos Socio-ambientales

Ahora bien, tomando los planteamientos de las comunidades organizadas victimas por la instauración de proyectos minero-energéticos en el departamento, quienes consideran que los medios de comunicación no cubren los temas asociados con los conflictos socio-ambientales en el territorio y cuando lo hacen sus publicaciones adolecen de profundidad e investigación pues en mayor medida son noticias en las cuales aparecen las voces de fuentes oficiales favoreciendo los intereses de las empresas trasnacionales y estigmatizando las acciones de movilización social.

Dicha situación, evidencia la carente e inadecuada cobertura por parte de los medios de comunicación, debido a que no abordan las causas estructurales de los conflictos que permitan su comprensión, además en sus contenidos periodísticos no se reflejan los reclamos o solicitudes de las comunidades afectadas y las relaciones que ellos han establecido en el territorio que habitan o la vulneración de sus derechos fundamentales, constituyéndose para las víctimas del ‘desarrollo’ y los procesos sociales organizativos en una barrera que impide la visibilización del conflicto y sus problemáticas.

De ahí, la relevancia de apuestas como el macroproyecto de acompañamiento a las comunidades afectadas por la política minero-energética en el departamento del Huila, cuyo plan estratégico de comunicación se orienta a fortalecer la capacidad organizativa del movimiento social en defensa del territorio y posicionar su acción política en la agenda pública regional.

Contar con medios y plataformas de comunicación propios físicos y virtuales con alcance local y global posibilita la visibilización de las acciones y propuestas territoriales de las comunidades, en ese sentido, se ve la necesidad de fortalecer dicha apuesta en la organización desde la adecuada cobertura de los conflictos socio-ambientales a través del reconociendo de sus dinámicas y el abordaje periodístico con la creación de contenidos de calidad, entendiendo que los casos de conflictos socio-ambientales y sus impactos se hacen cada vez más latentes a nivel local, nacional y mundial.

En este contexto, se hace necesario generar reflexiones en la ciudadanía, comunidades y personas de la sociedad en torno al tema de los conflictos socio-ambientales que contribuya a consolidar nuevas agendas informativas e incentiven la reflexión de dichos conflictos. Por lo tanto el periodismo en el marco de conflictos socio-ambientales se configura en una apuesta por abordar adecuadamente dichas temáticas desde el reconocimiento de las percepciones y actitudes de las partes en conflicto y la compresión de los elementos que componen dichas situaciones, calando en la agenda pública e incentivando la generación de opinión, además de visibilizar a las comunidades y su relación con el territorio y los ecosistemas.

9. Conclusiones

En contextos de conflictividad socio-ambiental el periodismo configura el acceso a un derecho, el de la Información, en el caso específico de las comunidades afectadas por la política minero-energética en el departamento del Huila, uno de los tantos derechos vulnerados es precisamente el de la información, de ahí que sea necesario ejercer un periodismo que cumpla su rol esencial en la búsqueda de las verdades, generando información cualificada que aporte a la ciudadanía y las comunidades que requieren de ella.

La función de los medios no se debe suplir o ser cooptada por otras instancias, pues es a través del ejercicio periodístico y la información como la sociedad cualifica su opinión pública. En ese sentido, en la cobertura de conflictos socio-ambientales, el discurso de los medios de comunicación no debe excluir los discursos de las comunidades.

Una de las funciones fundamentales y esenciales del ejercicio periodístico, es la de velar por la defensa de lo público y los derechos; y develar abusos de poder políticos o económicos.

Dada la pugna generada por el poder político y económico de empresas extractivas y de los gobiernos, en contextos de conflictividad socio-ambiental, los medios de comunicación y periodistas, son vulnerables al ejercicio pleno del periodismo y esto puede conducir a que no se realice “un abordaje completo de las problemáticas medio-ambientales, ni posibilitar la construcción de escenarios efectivos que conlleven al diálogo y la resolución de dichas confrontaciones” (Aguirre, 2012).

Toda sociedad democrática, y aún más las inmersas en conflictos socio-ambientales que se constituyen por la pugna y control territorial, requieren de profesionales del periodismo contextualizados, independientes de poderes políticos y económicos, toda vez que “el periodismo no refleja fielmente la realidad sino que ayuda a construirla”,

En contextos de conflictividad socio-ambiental, el Estado y los Entes de Control deben adelantar acciones eficaces que garanticen y obligue a los actores en conflicto a posibilitar el acceso a fuentes de información tanto de entidades gubernamentales como de las empresas extractivas.

Si “el periodismo es historia que se va haciendo: conserva el pasado, hace la crónica del presente y ayuda a prever el futuro” (Hynds, 1977), los comunicadores sociales y periodistas están llamados a asumir esto como un mandato de la profesión. Es necesario tener presente que la labor y el ejercicio periodístico que se desarrolla, repercute directamente en la construcción de sociedad y ciudadanía.

Dicho mandato, adquiere un gran valor en la cobertura periodística de los conflictos socio-ambientales, donde es clara la pugna por el control del territorio y el desencuentro de las partes en conflictos; como periodistas se cumple un rol fundamental ya que al narrar e informar sobre las situaciones en conflicto, se influye en la forma como estos temas son entendidos por los ciudadanos, políticos, entes de control o funcionarios que toman decisiones basados en las noticias publicadas; es decir que la labor periodística desarrollada puede influir en la forma como se desarrolle el conflicto, aportando a su agudización o resolución.

Referencias bibliográficas

Aguirre, H. (agosto, 2012). Discursos en tensión: La dimensión simbólica de los conflictos. Canalé Comunicación + Desarrollo, 5 (4), pp.42-46.

Cárdenas, J. (2005). Periodistas, conflictos sociales y reconciliación. Comunicación y Medios, (16), pp.112 – 117.

Constitucional, C. (2013). Sentencia T-135/13. Corteconstitucional.gov.co. Retrieved 11 June 2017, from Disponible en:http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-135-13.htm

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM. (2013). Lineamientos y Determinantes para Ordenamiento Territorial.

Coronel, D. (30 de enero de 2016). La sencilla tarea del reportero. Semana. Disponible en:http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-tarea-del-periodista-es-defender-el-derecho-a-saber/458555

Dussán, M. & Peña, Y. (2014). Módulo de formación comunitaria, diplomado territorio, conflicto y cultura. Neiva, Huila: Universidad Surcolombiana.

Dussán, M. (2014, 30 septiembre). Movimiento por la defensa de los territorios y la vida ¡Ríos Vivos! luchará contra la entrega del Huila a las empresas privadas nacionales y trasnacionales [Entrada en blog]. Miller Armín Dussán Calderón. Recuperado 17 julio, 2016, de Disponible en: http://millerdussan.blogia.com/2014/093001--movimiento-por-la-defensa-de-los-territorios-y-la-vida-rios-vivos-luchara-contr.php

Diario del Huila. (2015, 11 agosto). Diario del Huila. Disponible en:https://www.diariodelhuila.com/actualidad/emgesa-inicio-proceso-de-traslado-parcial-de-la-capilla-san-jose-de-belen-cdgint20150811173633164

Giménez, G. (2000). Territorio, cultura e identidades. La Región Socio-Cultural. En R. Rosales (coord.). Globalización y regiones en México (pp.19-35). México: Editorial Miguel Ángel Porrúa.

Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Centro Andino de Acción Popular y Centro Latino Americano de Ecología Social, Quito, pp.187-225. Disponible en: http://www.gudynas.com/publicaciones/GudynasNuevoExtractivismo10Tesis09x2.pdf

Grupo InSurGentes. (2015). Caracterización de los conflictos socioambientales generados en el Departamento del Huila a partir de la implementación de la Política Minero Energética en el periodo 2002-2014. Neiva, Huila.

Hynds, E. C. (1977). Periodismo norteamericano de hoy: el poder de la prensa en los EE.UU: Editores Asociados.

Martínez, Alier. J. (2004), Los Conflictos Ecológico-Distributivos y los Indicadores de Sustentabilidad, Revista Iberoamericana de Economía Ecológica Vol. 1

Macassi L, S. (2009). Medios y conflictos sociales entre el rating y el activismo. Revista académica de la federación latinoamericana de facultades de comunicación social issn: 1995 - 6630, 78(78), pp.1-11. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3719811.pdf

Macassi, S. (2012). Estudio sobre la cobertura periodística regional y local de conflictos socioambientales. Casos, Conga, Toquepala y Doe Run. Lima: Comunicaciones Aliadas.

Macassi, S. (2012). Conversatorio comunicación y conflictos socioambientales el rol preventivo de los medios en la cobertura de los conflictos socioambientales. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Macassi, S. (2013). Manual cobertura periodística de conflictos socioambientales, un enfoque desde la gestión y transformación de los conflictos. Lima: Comunicaciones Aliadas.

Ortiz, C. F. (1994). Historia del periodismo huilense - la prensa escrita. Neiva: Instituto Huilense de Cultura.

Oliveira, F. P. (2006). Teoría del periodismo. Sevilla: Comunicación Social.

Posada, P. (2014). Locomotora minero-energética: contexto nacional. Publicación digital Disponible en: http://prensarural.org/spip/spip.php?article14460

Peña, Y., & Bernal, D. (2016). Territorios, Comunicación y Re-Existencias en el Sur de Colombia, Comunicación Decolonialidad. ALAIC. Ponencia.

Peña, Y., Dussán, M., Bernal, D., & Gómez, C. (2014). La comunicación y los medios: conflictividad socio-ambiental.... ALAIC 2014. Retrieved 11 June 2017, Disponible en: http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/grupos-de-interes/gi-2-la-comunicacion-y-los-medios-en-contextos-de-conflictividad-socio-ambiental-e-industrias-extractivas/

Peña, Y., & Bernal, D. (2016). Territorios, democracia y comunicación. In F. Sierra & C. Maldonado, Comunicación Decolonialidad y Buen Vivir (1st ed., pp. 485-521). Quito: Noemí Mitter

Rudas, G. (2010). El legado minero de Uribe. En La Silla Vacía, 14 de Octubre. Publicación digital Disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/18648

Rey, Germán; Novoa, José Luis. (2012). Estudio de Medios Digitales, 2012. Agendas Periodísticas y Sostenibilidad.

Roa Avendaño, T., Navas, L., Duarte, B., Urrea, D., Cardona, D., Harman, J. F., … Rodríguez, T. (2014). Extractivismo. Conflictos y resistencia. Bogotá: Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra.

“SIR”, S. d. (2016). SIRHUILA. Recuperado el 20 de Noviembre de 2017, de SIRHUILA: Disponible en:http://sirhuila.com.co/index.php/estadisticas/sociales/pobalcion/634poblacion-2016

Willer, H. (agosto, 2012). Medios de comunicación y conflictos socioambientales: Roles y cobertura. Canalé Comunicación + Desarrollo, 5(4), pp.37-41.

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