Monografico_La_verdad_refugiada2

La verdad refugiada. Lecciones no aprendidas sobre el desplazamiento forzado transfronterizo colombiano

The refugee truth. Lessons not learned about Colombian cross-border forced displacement

A verdade do refugiado. Lições não aprendidas sobre o deslocamento forçado transfronteiriço colombiano

Adriana Medina carrillo

ammedinac@unal.edu.co

Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación

N.º 143, Abril-Julio 2020 (Sección Monográfico, pp. 45-66)

ISSN 1390-1079 / e-ISSN 1390-924X

Ecuador: CIESPAL

Recibido: 06-01-2020 / Aprobado: 30-03-2020

Resumen

El desplazamiento forzado transfronterizo perpetrado en Colombia en los últimos cuarenta años, se dio bajo lo que se denomina el ciclo del Desplazamiento despolitizador (Agamben, 1998; Medina, 2018). Este ciclo despolitizador se institucionalizó en el país ante la ausencia de paz, la naturalización del conflicto y la fragilidad del posconflicto o de la transición para impedir en el largo plazo el papel activo de los sujetos sociales en la construcción de la democracia (Archila, 2006); pese a ello, también se dieron experiencias significativas de resistencia de población desplazada más allá de las fronteras para hacerle frente a la despolitización (Medina, 2018). Este artículo reflexiona sobre las lecciones no aprendidas que enseña el caso del desplazamiento forzado transfronterizo colombiano en tiempos de “transición” a la paz.

Palabras clave: migración forzada, despolitización, Colombia, memoria, paz

Abstract

The transnational forced displacement perpetrated in Colombia in the last forty years occurred under what is called the cycle of depoliticizing displacement (Agamben, 1998; Medina, 2018). This depoliticizing cycle was institutionalized in the country in the absence of peace, the naturalization of conflict and the fragility of the post-conflict or transition to prevent the active role of social subjects in the construction of democracy in the long term (Archila, 2006 ); Despite this, there were also significant experiences of resistance from the displaced population beyond borders to face de-politicization (Medina, 2018). This article reflects on the lessons not learned from the case of Colombian transnational forced displacement in times of “transition” to peace.

Keywords: forced migration, depoliticization, Colombia, memory, peace

Resumo

O deslocamento forçado transfronterizo perpetrado na Colômbia nos últimos quarenta anos ocorreu sob o chamado ciclo de deslocamento despolitizante (Agamben, 1998; Medina, 2018). Esse ciclo despolitizante foi institucionalizado no país na ausência de paz, na naturalização de conflitos e na fragilidade de pós-conflito ou transição para impedir o papel ativo dos sujeitos sociais na construção da democracia a longo prazo (Archila, 2006 ); Apesar disso, também houve experiências significativas de resistência da população deslocada além das fronteiras para enfrentar a despolitização (Medina, 2018). Este artigo reflete sobre as lições não aprendidas do caso do deslocamento forçado transfronterizo colombiano em tempos de “transição” para a paz.

Palavras-chave: migração forçada, despolitização, Colômbia, memória, paz

“Sin actor social, sin pueblo de carne y hueso, sin ciudadano, las políticas y acciones no pasarán de vagos ejercicios retóricos sobre la difusión de la confusión y la incomprensión del conflicto social colombiano”

J.M. Pavía

Introducción

En la construcción de la paz en sociedades con procesos de transición, el deber de justicia en buena parte se satisface cuando se garantizan a las víctimas y a la sociedad en su conjunto los derechos a la verdad y a la memoria sobre lo sucedido (Corte Constitucional, 2018). Colombia, más que un país en tránsito hacia la paz está en tránsito a naturalizar su ausencia permanente. Y no es para menos, han sido y son tiempos difíciles para buena parte de la población enfrentada a la repetición de los ciclos de violencia sin mayores horizontes de salida. Entre estos ciclos, llama la atención el del desplazamiento forzado que ha vuelto a colocar a Colombia como el país con mayor número de personas en esta situación a nivel mundial (ACNUR, 2019) (El Espectador D. c., 2020), incluido el de alcance transfronterizo (El Espectador D. C., 2020).

En este contexto y a propósito de los retos que enfrenta la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición de Colombia (CEV) en la elaboración del informe final1 que dará cuenta de las violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acaecidas durante la guerra; este artículo reflexiona sobre uno de los repertorios de violencia que mayores impactos ha generado entre la población víctima y cuya reconstrucción es para la CEV uno de los grandes desafíos: el Desplazamiento Forzado Transfronterizo (en adelante DFT).

Para ello se propone responder a la cuestión sobre ¿Por qué es importante considerar el ciclo del desplazamiento despolitizador en la reconstrucción de memoria sobre el refugio de colombianos en el exterior en las últimas décadas?

Con base en los enfoques agambeniano sobre la despolitización de la vida (Agamben, 1998, p. 156) y from below de los estudios en migraciones forzadas (Élie, 2014; Medina, 2018), considerar este ciclo en la reconstrucción de memoria sobre el refugio es una oportunidad para dignificar a quienes han sufrido los alcances de este ciclo, perdieron su territorio, perdieron ciertos derechos y fueron forzados a buscar un lugar más allá de las fronteras. Igualmente, es una oportunidad para reflexionar sobre la prevención y la superación de este ciclo, de cara a su no repetición y a dar credibilidad a la sociedad colombiana sobre el papel de la memoria en la sostenibilidad de la paz.

Para tal efecto, el artículo se organiza en tres apartados: en el primero se presenta el marco conceptual y metodología, en el segundo se hace una aproximación al DFT colombiano bajo el ciclo del desplazamiento despolitizador, y en el último a modo de conclusión, se presentan tres lecciones no aprendidas que deja el DFT colombiano en clave de transición a la paz.

1. Elementos para la comprensión del ciclo del desplazamiento despolitizador

Tratar de hacer una explicación conceptual para abordar la naturaleza despolitizadora de los desplazamientos forzados en Colombia pasa por reconocer unas humanidades de las errancias vívidas que sobrepasan estas páginas.

No obstante, de cara a plantear una discusión sobre los alcances que ha tenido el ciclo despolitizador en el DFT colombiano en este apartado se presentan los enfoques, los referentes conceptuales y la metodología del estudio.

Los enfoques migratorio y de derechos como puntos de partida del ciclo del desplazamiento despolitizador

El análisis propuesto está enmarcado en un doble enfoque. Por un lado, está el migratorio bajo el que se adoptan categorías de los Estudios en Migraciones Forzadas (EMF) que de acuerdo a la International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) se ocupan de los movimientos de personas en situación de refugio ( independiente de su denominación como exiliados/refugiados/ solicitantes de asilo)2 y de personas en situación de desplazamiento forzado interno, al menos por tres causas: conflicto armado, proyectos de desarrollo, y por desastres medioambientales (FMO, 2012). Este artículo se concentra en las personas en situación de refugio a causa del conflicto armado interno.

Por otro lado, está el enfoque de derechos bajo el que se asume la construcción del derecho desde dos extremos: uno superior en el que ubican las perspectivas de los Estados y organismos internacionales y uno inferior, en el que situan los movimientos y grupos sociales (Santos B. R., 2007). Este artículo se concentra en el Derecho Internacional de los Refugiados (en adelante DIR), los demás dispositivos jurídicopolíticos de derechos humanos y DIH a nivel nacional e internacional; así como en perspectivas articuladas a la población víctima de DFT.

Bajo este doble enfoque a continuación se presentan unos conceptos clave, con base en estos se plantea el marco conceptual bajo la denominación de ciclo del desplazamiento despolitizador y se concluye con la metodología del estudio.

Conceptos clave

Toda situación de desplazamiento forzado transfronterizo (DFT) conlleva una despolitización para quien lo padece. Ello significa que detrás del DFT también se da una pérdida de la agencia política de quienes son víctimas de este flagelo, tanto en los sitios de origen por los daños e impactos vividos, como en los sitios de destino bajo figuras como la de “refugiado”, figura excluida de tal agencia por el DIR.

Al realizar un repaso por los estados del arte del refugio desde el DIR y los Estudios sobre Migraciones Forzadas from below (EMF) (Élie, ٢٠١٤), se advierte que hay derechos a los que la población en situación de refugio espera acceder por el hecho del desplazamiento transfronterizo, por ej. no ser devueltos a sus países de origen, tener un lugar para vivir, un trabajo o ser reparados.

La cuestión es que estos derechos en buena medida dependen del reconocimiento de la condición oficial de refugiados, y este, no es un reconocimiento automático, sino que es otorgado por el país de destino de acuerdo a unas reglas del DIR y a sus políticas de refugio; además quienes logran dicha protección internacional como refugiados, advierten que esa protección esta excluida del derecho a movilizarse, organizarse y actuar dado que la “figura del refugiado” del DIR restringe esta agencia política (Bauman, 2002, p. 83).

Este contrasentido conocido como la paradoja del refugio (Medina A. , 2018) muestra cómo detrás del DFT se produce una pérdida de la agencia política de las víctimas de este flagelo, que es reforzada en la errancia bajo la figura “apolítica” del “refugiado” del DIR. En este sentido, los conceptos clave a abordar son: despolitización de la vida, desplazamiento forzado transfronterizo (DFT), persona víctima de DFT, prácticas de resistencias y paz integral.

Despolitización de la vida

El concepto se asume desde el enfoque de Giorgio Agamben para quien lo que está en juego en la vida es la felicidad, el goce de vivir, en tanto la vida humana no es sólo la sumatoria de hechos, sino la posibilidad de pensar y potenciar la vida, y estas dos posibilidades por sí mismas, ya hacen que las vidas de las personas sean vidas políticas (Agamben, 2001, p. 12).

Como la vida se ubica en el centro de la política, sin política se extrae a los sujetos desde el Estado hacia un espacio exterior denominado nuda vida o vida desnuda (Agamben, 1998, págs. 153-158)(Medina A. , 2011, p. 50). En el caso de las personas en situación de refugio se da principalmente por intermedio de la ‘figura del refugiado’ del DIR que los incluye en los países de destino pero desde su exclusión, afirmando que el refugio es una situación apolítica y excepcional excluida de la dimensión política y reducida a la simple vida biológica o nuda vida (Agamben 2001, p.12).

Esta exclusión se traduce en un sujeto pasivo políticamente, que al estar ubicado en esta zona gris o vida desnuda, tiene los espacios de participación y reconocimiento político restringidos a nombre de la protección humanitaria.

Desplazamiento forzado transfronterizo (DFT)

Este se asume como un tipo de violencia centrada en la movilidad humana de una persona o comunidad y que compromete al menos dos dimensiones de la vida: la identitaria-territorial, orientada a causar una ruptura física, comunitaria e identitaria entre la persona y su territorio (Osorio, 2001) (Bolzam, 2012, p. 10) y la de disputa de derechos, orientada a causar una ruptura frente a la agencia, la participación y el goce de derechos ciudadanos (Betts, 2009, Medina 2018).

El DFT también se asume desde los Estudios en Migraciones Forzadas from below, en una perspectiva más interdisciplinaria y cercana al trabajo etnográfico, como un proceso donde las subjetividades e historias trasnacionales de las personas victimizadas cobran vida a través de sus narrativas, prácticas y discursos particulares que son los que dan cuenta del estado real de sus derechos (Castles & Miller, 2003) .

Por último el uso del término DFT en este texto se asume desde lo señalado en el Acuerdo Final de paz de 2016 entre el Gobierno y las ex guerrillas de las FARC que al referirse a las competencias de la Comisión de la Verdad considera las perspectivas de población víctima de desplazamiento forzado transfronterizo y de exilio como las más pertinentes (puntos 5.1.1.1 y 5.1.1.1.2) (CODHES, 2017). Estas nociones además, son consecuentes con el tratamiento del Estatuto de Roma al desplazamiento forzado como crimen de lesa humanidad (Art. 7, núm. 2, lit. d) y del Convenio IV de Ginebra con su Protocolo Adicional II sobre atentados contra la población civil (Dejusticia, 2015).

Persona víctima de DFT

Hace referencia a quienes se enfrentan directa o indirectamente al DFT, comunmente personas en situación de refugio. Así desde el DIR, serán quienes en razón a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política hayan sido obligados a desplazarse fuera de los límites del país de su nacionalidad, y no pudieran acogerse a la protección de ese país o no quisieran regresar a él a causa de dichos temores (Naciones Unidas, 1951). O bien por motivos de agresión exterior, perturbaciones graves al orden público, conflictos internos y violaciones masivas a los derechos humanos (Declaración de Cartagena de 1984) en concordancia con los demás instrumentos jurídicos nacionales3, internacionales4 y principios orientadores5 (Goodwin-Gill, 1999, p. 222).

Mientras desde una perspectiva jurídicopolitica desde abajo serán igualmente consideradas víctimas de DFT quienes cruzan fronteras internacionales en el marco de situaciones de DFT, independiente de que la condición “oficial” como refugiados haya sido o no decidida por el Estado de destino, o no haya sido solicitada(Castles, 2003, p. 132).

Sobre los derechos de la población víctima de DFT estos se asumen desde el marco del DIR y desde las prácticas sociales de las personas víctimas del DFT a nivel individual o colectivo, considerando más allá de las normas estatales, las pautas normativas que provienen de organizaciones de población desplazada/refugiada/exiliada (Santos B. R., 2007, p. 154) (Ewick, 1992, p. 741).

Además bajo la coyuntura actual del país, se incluyen los Principios y directrices básicos formulados por Bassiouni (2000) sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones a nivel individual y colectivo (Principio 8) (CCJ, 2007). Los principios 1° a 4° del Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de Joinet (1997), sobre el “derecho inalienable a la verdad”, el “deber de recordar” y el “derecho de las víctimas a saber”6 (CCJ, 2007, pp. 89-90).

Prácticas de resistencia

En la revisión de fuentes se encontró que las personas que sufren el DFT lejos de ser sujetos pasivos y sin discurso, tienen rostro, una voz y están dispuestos a organizarse. Experiencias como las de Guatemala o El Salvador, en el marco de los procesos de paz de estos países son aquí de gran valor, también la experiencia colombiana sobretodo en Ecuador y en Europa (Medina A. , 2018) (Molina, 2012).

La población víctima de DFT se vale de prácticas de resistencia, cotidianas o civiles, las primeras están más vinculadas a ejercicios individuales de sobrevivencia y las segundas están más cerca a las acciones colectivas y organizadas (Osorio, 2001). Bajo estas prácticas, se dan usos particulares del derecho, no sólo en su dimensión regulatoria, sino también en su dimensión emancipatoria, llegando a proponer nuevas formas de interpretar o modificar el DIR, las políticas de refugio e incluso las políticas de reparación (Ewick P. S., 1992).

Paz integral

Se asume como la ausencia de violencia. Se adopta el trabajo de Johan Galtung quien piensa la paz como la solución de problemas estructurales de los Estados, tales como el modelo económico o de gobierno. A partir de la distinción entre la paz negativa (ausencia de violencia personal) y la paz positiva (ausencia de violencia estructural) se establece el conjunto de medidas para superar la violencia y que se conoce como construcción de paz.

Esta aproximación resulta pertinente para el contexto colombiano considerando que entre estas medidas de construcción de paz está la prevención del conflicto, mantenimiento de la paz a partir de su sostenibilidad, el manejo de armas, de la población desplazada y refugiada, en clave de reparación, memoria y no repetición (FMO, 2012).

A esta perspectiva se suma el trabajo de Walter Käling quien fue Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos y enfatiza en la importancia de la relación entre la migración forzada interna y transfronteriza y la paz integralmente concebida, afirmando que no es posible prevenir nuevas migraciones forzadas, ni garantizar soluciones duraderas a los migrantes forzados internos e internacionales, en ausencia de contextos de paz (Kälin, 2007).

El ciclo del desplazamiento despolitizador

De los conceptos señalados se configura como marco el ciclo del desplazamiento despolitizador, para analizar el patrón de despolitización que se instauró a través del DFT y la necesidad de dar cuenta del mismo en la reconstrucción de memoria del refugio.

Este se asume como un proceso capaz de dar cuenta del DFT en su doble dimensión, esto es como una ruptura física entre la persona y el territorio y como una ruptura de la persona o comunidad frente a sus derechos. Para ello cuenta con dos ejes principales: la despolitización y el tiempo de desplazamiento. Entre más larga sea la errancia y cada una de las etapas del ciclo, más grande es la despolitización. Se proponen en principio seis etapas:

Etapa 1: Da cuenta del momento en que es perpetrado el desplazamiento forzado haciendo referencia a la desterritorialización como su consecuencia directa.

Etapa 2: Da cuenta del impacto inicial de la desterritorialización, cuando se impide el papel activo de los sujetos sociales, así como de sus iniciativas comunitarias o ciudadanas.

Etapa 3: Da cuenta del impacto secundario de la desterritorialización, que se traduce en la pérdida de derechos humanos como los de vivienda digna, salud y educación, el derecho a la participación, el derecho a la integridad física, la libertad de circulación y de expresión, derechos culturales y derechos colectivos entre otros.

Etapa 4: Da cuenta del impacto diferenciador del desplazamiento transfronterizo, que en principio muda la situación del desplazamiento forzado hacia la situación de refugio, y con ella, del encuentro de la víctima de DFT con la nuda vida o limbo jurídicopolítico del DIR en los países de destino.

Etapa 5: Da cuenta del limbo frente al regreso a los lugares de origen. Aquí se da el retorno o el no retorno, perpetuandose en este último caso el DFT. Las condiciones de paz, las garantias para el ejercicio de los derechos pérdidos y la balanza de las memorias del dolor inciden esta etapa.

Etapa 6: Da cuenta del retorno cuando se opta por este, se evaluan las condiciones de sostenibilidad, prevención, justicia, reparación y sobre todo de no repetición del ciclo.

Adicionalmente, en cada etapa desde la población víctima busca darse un contrapeso para revertir los efectos de la despolitización a través de prácticas de resistencia (PDR).

Lo anterior se refleja así:

Fuente: elaboración propia.

Metodología

Se trata de un estudio sociojurídico, en este sentido bajo un método exploratorio se basa en un doble enfoque que considera la realidad social específica a que atiende el derecho, en el campo de las migraciones forzadas (Rodríguez & García, 2003).

Como el objetivo del estudio es dar cuenta de lecciones no aprendidas sobre el DFT en el caso colombiano, se recogieron fuentes cualitativas nacionales e internacionales de academia, organismos internacionales, ordenamiento jurídico y prensa. Dichas fuentes fueron organizadas en torno a los conceptos de desplazamiento forzado transfronterizo y ciclo despolitizador a través del análisis documental.

De lo expuesto se adoptó un marco conceptual articulado a la idea del ciclo del desplazamiento despolitizador, y posteriormente, a la luz de la problemática propuesta se concluye con tres lecciones puntuales que dan cuenta de los vínculos entre los estudios en derecho y migraciones forzadas en la coyuntura de transición al posconflicto en Colombia (Rodríguez & García, 2003, p. 16) (Santos B. d., 2002).

2. Dinámicas DFT colombiano y el ciclo del desplazamiento despolitizador

En el año 2016 se dio la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno colombiano y las ex guerrillas de las FARC. El Acuerdo se viene implementado en medio de la continuidad de la guerra y nuevos ciclos de migración forzada.

Los Planes de respuesta humanitario liderados por OCHA en los últimos años (OCHA, 2020), revelan que especialmente en aquellas zonas históricamente afectadas por el conflicto armado interno, las dinámicas de violencia contra la población civil han continuado con énfasis en el desplazamiento forzado, las amenazas y los asesinatos a líderes(as), en niveles que no registraban desde hace años (OCHA, 2019, p. 4).

Desde 2018 Colombia volvió a ser el país del mundo con mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado interno (IDPs) e internacional con cerca de 8.5 millones desde 1985 (el 98% IDPs) (ACNUR A. C., 2019) (OCHA, 2020). De estas, sólo en 2018 unas 138.600 habrían sufrido desplazamiento forzado trasnacional (ACNUR, 2019), manteniendo a Colombia en la lista de los primeros países de refugiados7 (Codhes, 2012 Riaño-Alcalá, et al., 2008) (ACNUR, 2019).

De acuerdo a los cálculos del ACNUR hasta el año 2013 habían unas 400 mil personas colombianas víctimas en el exterior (ACNUR A. C.), otras fuentes señalan cerca 560 mil (PGN, 2015) y hasta más del millon de personas víctimas hasta mediados de la decada de dosmil (Ortiz & Kaminker, 2014). La falta de caracterización de la población y la ausencia de datos concretos de DFT es una debilidad constante del Gobierno colombiano.

Esta fragilidad ha sido señalada en distintos espacios, en 2017 la Red Internacional de Derechos Humanos que agrupa asociaciones de colombianos en situación de migración y refugio advirtió que pese a la participación de varias asociaciones en los diálogos de paz de La Habana y que se les incluyó como “vícitimas atípicas” o “víctimass en el extranjero”, hay un fuerte rezago en el reconocimiento de esta población en el Registro Único de Víctimas se estima no superarían las 9 mil personas registradas (RIDH, 2017, p. 12).

Bajo este panorama es vital establecer elementos que den cuenta de la intensidad y los factores que incidieron en el DFT. Un repaso general por la relación entre las dinámicas de DFT y algunas coyunturas específicas de paz en las últimas décadas, permite identificar lecciones desatendidas que vale la pena considerar de cara a hacer memoria del refugio en medio del ciclo del desplazamiento despolitizador que se sigue repitiendo en Colombia.

Un primer momento a referenciar se da a mediados de los años ochenta. En marzo de 1984 se dieron las negociaciones conocidas como de La Uribe que se adelantaron con las guerrillas de las FARC. Tras la discusión de problemáticas como las de concentración de la tierra y la falta de espacios de participación política, en medio de un acuerdo de cese al fuego entre las partes, se lograron ciertos avances, incluido la creación de un nuevo partido político. No obstante, los acuerdos fueron quebrantados por incumplimiento de las partes y por hechos nefastos que se desencadenaron tras cambios en la contienda electoral del país8 (Vidal, Salcedo, & Medina, 2011).

Para agosto del mismo año se dieron los Acuerdos de Corinto por medio de los que se firmó la paz con las guerrillas del M-19 (Movimiento 19 de Abril), el EPL (Ejército Popular de Liberación) y el ADO (Movimiento Autodefensa Obrera), estos Acuerdos no lograron implementarse ante aseveraciones de incumplimiento de las partes, el episodio de la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y el asesinato de uno de los lideres del EPL (CNMH, 2013, p. 211).

Los acontecimientos señalados marcaron hacia 1985 un hito frente al DFT, que podría llamarse el desplazamiento forzado transfronterizo para contener e impedir las iniciativas organizativas que surgieron de los procesos de paz de mediados de los ochenta (Ortiz & Kaminker, 2014) (Medina A. , 2018, p. 124). De acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica estructuras y grupos de extrema derecha del país en supuestas alianzas con autoridades estatales y élites regionales9, iniciaron una ola de violencia sistemática y brutal contra personas que pertencian a los movimientos sociales de orden sindical, estudiantil y campesino (CNMH, 2013, p. 213), así como contra miembros y participantes del partido político de la Unión Patriótica-UP (CNMH, 2013, p. 282).

Uno de los resultados de esta cadena de victimización fue el exilio o la salida forzada del país de personas parte de los movimientos sociales a países de Europa como Francia, España, y Suecia, de Centroamerica como México y Costa Rica, y en menor medida a Canadá y Estados Unidos quedando bajo la situación de refugio (Ortiz & Kaminker, 2014).

Ironicamente esto sucede a la par de la adopción de un nuevo instrumento regional sobre refugio denominado la Declaración de Cartagena de 1984 y que se convertirá en el más relevante para las Américas al considerar causales de refugio adicionales a las previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, entre ellas el desplazamiento forzado con ocasión de situaciones de conflicto armado interno.

Un segundo momento se da a puertas de los años noventas, cuando ocurren una serie de procesos de paz entre distintas guerrillas y el Gobierno de turno. Ello llevo inicialmente al desarme de las guerrillas del M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, posteriormente con las guerrillas de las FARC, el ELN y algunos miembros del EPL que no se habían desmovilizado. No obstante, las hostilidades continuaron entre las partes y con ocasión de un operativo militar contra la sede principal del secretariado de las FARC en La Uribe las negociaciones se rompieron (Ortiz & Kaminker, 2014).

Bajo esta coyuntura y un escenario regional caminando a portas de las reformas constitucionales que ajustarían el modelo económico en el continente, se dio la expedición de una nueva Constitución Política en 1991 que con una amplia influencia de la guerrilla desmovilizada del M-19 recogió una serie de principios orientadores y acciones constitucionales para la protección de derechos fundamentales y colectivos. No obstante simultáneamente hubo una serie de recortes de servicios sociales. Bajo este escenario el DFT continuó como medida de represión de sectores específicos hasta 1995 cuando inicia la llamada “tragedia humanitaria” (CNMH, 2013, p. 156) (Jaramillo, 2008).

De acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica entre 1996 y 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión, magnitud y niveles de victimización en buena parte porque quedaron develados como transfondos del conflicto armado la disputa violenta por los territorios y por los poderes locales, y con ellos, la instalación de cadenas de terror contra una población civil que empezó a vivir entre repertorios con amenazas, masacres, desapariciones y despojos cada día. Nunca se desplazó forzadamente a tantas personas y tan abiertamente en la historia del conflicto armado interno colombiano (CNMH, 2013, p. 156).

En este periodo el desplazamiento forzado se consolidó como un fin en si mismo para desterritorializar y despolitizar poblaciones e iniciativas sociales, así como para reorganizar los territorios (Comisión Interclesial de Justicia y Paz, Colombia, 2010). Esto en buena parte dejó al descubierto una intensificación del conflicto armado interno conveniente para la expansión de las estructuras paramilitares y de la narco criminalidad organizada por un lado (Ortiz & Kaminker, 2014; Jaramillo, 2008) e inconveniente para muchas comunidades campesinas, indígenas y afros sobre las que se aseguró el no retorno, así como las rupturas identitarias (Garcia & Aramburo, 2011) (Bolzam, 2012).

En 1998 bajo el Gobierno de Andrés Pastrana hubo dos iniciativas de paz, aunque ninguna prosperó. Con las guerrillas del ELN bajo el acuerdo de ‘Puerta del Cielo’ y con las guerrillas de las FARC en el suroriente del país en El Caguán. En esta última negociación se dio la participación de personas víctimas, sin embargo varias de ellas fueron obligadas a buscar refugio por tal participación (Vidal, Salcedo, & Medina, 2011).

Para diferentes autores el 2002 marcó otro hito en el DFT que se asume como el inicio del desplazamiento forzado transfronterizo de gran escala en el país (Jaramillo, 2008; Ortiz & Kaminker, 2014). Mientras en 2003 bajo un nuevo gobierno la política de paz se transformó y reorientó hacia la defensa militar para la derrota de las guerrillas de las FARC (Rangel, Arteta, Lozano, & Medina, 2008) países limítrofes a Colombia como Venezuela y Ecuador tuvieron que desarrollar medidas especiales ante la masividad de solicitudes de asilo (Hurtado, 2013).

Se dice que fue tal la gravedad del DFT durante la década de dos mil, que en 2003 Colombia con 21.411 solicitudes de refugio, fue el país con mayor número de solicitantes por encima Irak y Afganistán, con un 98.6%(Eguiguren, 2004). Incluso países como Canadá y Estados Unidos crearon programas de protección para colombianos ante la victimización selectiva de líderes sociales y defensores de derechos humanos que sufrían de acoso judicial y persecución, y de un grueso de la población civil que empezó a sentir el peso de la guerra (Ortiz & Kaminker, 2014).

Ecuador, Estados Unidos y Canadá fueron los países a los que la población víctima se desplazó en mayor medida (Riaño-Alcalá, 2008). Sin embargo, mientras en Ecuador inicialmente hubo una política de negación de solicitudes ante la presencia desbordada de colombianos que promovieron la creación de organizaciones de población víctima y el despliegue de diferentes prácticas de resistencia al respecto10, en Estados Unidos y Canadá la organización de la población fue inferior ante el funcionamiento estricto de la política de refugio y la mayor cobertura de necesidades básicas.

Este mismo año 2003 se inició un proceso de paz negociada con los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a partir de acuerdos suscritos en San José de Ralito (Córdoba) y La Ceja (Antioquia) para su desmovilización, desarme y reinserción (Vidal, Salcedo, & Medina, 2011; Rangel, Arteta, Lozano, & Medina, 2008).

Pese a tal proceso de DDR, segmentos de estos grupos se organizaron bajo bandas criminales (Bacrim) continuando las acciones violentas contra la población y obstaculizando las medidas dispuestas para garantizar una serie de derechos a las víctimas recogidas en la llamada Ley de Justicia y Paz que facilitó dicho proceso de DDR (CNMH, 2013, p. 178)(Vidal, Salcedo, & Medina, 2011).

A la par, el refugio de colombianos hacia el exterior continuo, en los años 2005 y 2007 alcanzó picos no registrados en el país (Granada, 2008). Esto mostró por una parte, que uno de los impactos más fuertes de este tipo de violencia fue la reconfiguración de los espacios entre los que se da el refugio (Osorio, 2009), y por otra, que a pesar de que este desplazamiento forzado transfronterizo parecía estar justificado en el discurso público en razones políticas e ideológicas, parte del mismo estuvo estructuralmente asociado a intereses particulares por los poderes políticos, económicos y sociales de los territorios, recursos económicos legales e ilegales como los del narcotráfico, además de presupuestos públicos y mercados regionales (Riaño y Villa, 2007, pp. 41-141).

¿Qué fue lo que pasó? ¿No debía haber disminuido el desplazamiento forzado transfronterizo en estos periodos de negociación y acuerdos de paz anotados?

Una posible lectura de estos acontecimientos en perspectiva del ciclo despolitizador puede dilucidarse desde el trabajo de Walter Kälin (2007) y sus premisas sobre los estrechos y complejos vínculos existentes entre la migración forzada y la paz (Galtung, 1985)(Vidal, Salcedo, Medina 2011) Si estos vínculos fueron desatendidos es posible como se aprecia que pese a los intentos de nuevos acuerdos de paz se perpetuara el eterno caos.

La tendencia hacia la ausencia de paz integral hizo inviable la prevención del DFT. Así también el incumplimiento entre las partes, los acuerdos y paces parciales que sólo consideraron a algunos de los actores armados, la ausencia de participación de la población civil y de las víctimas, la falta de seguridad respecto a las soluciones duraderas y la falta de memoria sobre las raíces del conflicto facilitaron el proceso de despolitización hasta el punto del no retorno. Ello favoreció además la impunidad o justicia tardía en la mayoría de los casos, consolidándose como un factor para evitar el retorno de manera digna al país, al territorio y a la reconstrucción de las identidades afectadas, en particular aquellas articuladas a la agencia política y las iniciativas sociales de participación (Archila, 2006).

La comprensión de este circulo vicioso de alguna manera se explica por la naturaleza despolitizadora que cobijo la totalidad del desplazamiento acaecido en Colombia (Agamben, 2001; Medina 2018). Si bien estos desplazamientos fueron asumidos generalmente como subproductos de las confrontaciones armadas entre los actores de la guerra, revelaciones judiciales de cortes nacionales e internacionales11, estudios de memoria de la sociedad civil y agencias del Estado y la puesta pública de varios medios de comunicación dejaron en evidencia que buena parte de ese desplazamiento forzado fue perpetrado desde mediados de los noventa sobre una amplia parte de la población colombiana como un objetivo en si mismo (García & Aramburo, 2011, p. 325)12.

De acuerdo a los informes realizados entonces por la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, y otros investigadores, se consideró que esta forma de violencia sistemática habría sido impartida bajo coacción intencional y el uso de mecanismos de terror, en buena parte por las estructuras armadas y de poder organizadas para afectar sistemáticamente y desincentivar ciertas iniciativas sociales que pudieran poner en riesgo poderes sociopolíticos o económicos ya consolidados o previstos a futuro (Garcia & Aramburo, 2011)13.

Sin embargo, este tipo de migración forzada despolitizadora no habría podido consolidarse sin dos condiciones: la primera la ausencia de paz integral en Colombia que facilitó la despolitización territorial y de derechos de las víctimas de DFT, y la segunda, la inclusión-excluyente de la población refugiada que facilitó su despolitización secundaria en los lugares de destino, en buena parte bajo la figura del refugiado del DIR.

Esta última situación como se señaló deja ver que el refugiado al encarnar esta figura transita ‘a la nuda vida’, estado bajo el que es viable asumir la idea paradójica de protección y desprotección al mismo tiempo, que terminó justificando la protección parcial de los derechos humanos de los colombianos refugiados/exiliados en el exterior, y con ello, se legalizó, aceptó y respaldó en buena parte el cierre de espacios de organización y de agencia política con posibilidades de visibilización de sus voces (Nyers, 2006). Una dificultad adicional para la población colombiana en el exterior es que esta castración de la vida política terminó justificando la exclusión de su voz y la agencia política frente a su comunidad política de origen.

En el año 2012 se abrió un nuevo diálogo en La Habana en Cuba entre las guerrillas de las FARC y el Gobierno nacional del expresidente Santos, el cual históricamente en 2016 consolida un nuevo capítulo de construcción de paz para Colombia bajo la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera el cual es mayoritariamente respaldado por la población colombiana en el exterior, y simultáneamente apoyado y debatido por otros sectores en Colombia.

Uno de los avances de estos acuerdos fue la discusión sobre las soluciones duraderas para los colombianos y colombianas refugiados en el exterior y las posibilidades de reconocer e incluir sus voces, necesidades y derechos como parte de la implementación de los acuerdos. Los programas previstos para ello, han tenido un fragil e incipiente alcance. Los derechos de estas personas, las condiciones de sostenibilidad de los acuerdos y simultaneamente de garantias para el ejercicio de sus derechos, en especial aquellos tendientes a revertir el ciclo de la despolitización, están en una etapa crucial para prevenir la repetición del ciclo del desplazamiento despolitizador.

Es por lo anterior que la discusión apunta a avanzar en la implementación del Acuerdo final de 2016 y en el deber de la institucionalidad actual y futura de adelantar cambios y reformas económicas, políticas y sociales consecuentes con las deudas de antaño con la población colombiana refugiada/exiliada. En particular, las acciones a las que llegue la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición de Colombia (CEV) a partir del trabajo inédito que viene adelantando con esta población en el exterior (Comisión de la Verdad, 2020)14, son una oportunidad histórica para dignificar, reconocer, responsabilizar y concientizar sobre lo sucedido, así como para pensar en la prevención y superación del DFT.

A modo de conclusión, se presentan tres lecciones clave que deja hasta aquí la experiencia colombiana del DFT: 1. La relación entre el DFT y la sostenibilidad e insostenibilidad de la paz, 2. La naturaleza despolitizadora que tuvo el DFT en los últimos cuarenta años, y 3. Las respuestas de la población víctima de DFT para revertir el ciclo de la despolitización.

A modo de conclusión: 3 lecciones no aprendidas del DFT colombiano

1. Hay una relación entre el DFT y la construcción de paz

Los hitos y picos del DFT en los últimos cuarenta años coinciden con momentos en los que se estaba negociando la paz o se estaban implementando acuerdos de paz. En ambos casos estos procesos se adelantaron en medio de acciones de violencia sociopolítica. Como elementos constantes se tienen la fragilidad de los procesos de justicia (CNMH, 2013), la presencia selectiva del Estado, incluso negociada, con poderes regionales y otras estructuras (Archila, 2006) y el recrudecimiento de la guerra contra la población civil negociación tras negociación, generando un clima permanente de violación a los derechos humanos, incredulidad en las salidas negociadas y en la sostenibilidad de la paz.

Todo esto ayudó a que se consumaran los DFT de población civil con errancias lejanas y de larga duración, muchas intercontinentales y por décadas, con escenarios de no retorno, de no reparación, de no participación y de no memoria. La invisibilidad del DFT fomentó la impunidad, y sobre esta última se naturalizó la ausencia de paz o se construyeron paces parciales con justicia tardía, que no tuvieron en cuenta ni la totalidad de actores del conflicto armado interno (siendo complicado hacer la paz con unos y seguir la guerra con otros), ni el universo de víctimas y sus derechos.

2. La naturaleza despolitizadora de los DFT

Los DFT en Colombia en el marco del conflicto armado interno tuvieron un componente de despolitización territorial y despolitización de derechos, en particular los derechos de agencia política. Pese a las experiencias en construcción de paz que se han dado en el país, no se ha considerado plenamente el ciclo del desplazamiento despolitizador como una violencia que dejó su huella al paso de dichas experiencias. Hacerlo es una oportunidad para dignificar a una población que vio afectados sus derechos de manera diferencial y que mínimamente ha podido retornar al país (Corte Constitucional, 2018).

El componente de despolitización de los DFT enseña por una parte que la desterritorialización es más fuerte cuando se cruzan las fronteras internacionales del país. Las víctimas de DFT tuvieron que cargar a los países de refugio la pérdida del territorio como espacio social que acogía sus creencias y relaciones culturales, políticas y económicas personales y comunitarias (Osorio, 2009), así como la incertidumbre frente a la recuperación de ese territorio, del proyecto de vida, de la identidad, aspectos que se hicieron más borrosos cuando la errancia se volvió años y el ciclo despolitizador del desplazamiento forzado los fue enfrentando a nuevas pérdidas y oportunidades.

La despolitización territorial no está escindida de la despolitización de los derechos en la práctica. Como lo plantea el mismo Agamben (2001), cuando el refugio convergió en un cambio de país, la castración de la vida política también ocurrió por el DIR y la discrecionalidad de los Estados en los países de destino, que terminaron restringiendo derechos a la movilidad, a la acción, a la identidad y al uso de su propia voz por intermedio de la ley.

El ciclo del desplazamiento despolitizador respecto a las víctimas de DFT se vio favorecido por la estreches de las categorías jurídico políticas del refugio, que transformaron el desplazamiento en refugio e invisibilizaron el exilio, dejando en el limbo de lo punitivo la despolitización ‘humanitaria’. Para prevenir su repetición en estas coyunturas se deben ampliar la totalidad de las causales de refugio, incluso incorporando e implementando instrumentos jurídicos emergentes con premisas de dignidad y humanidad desde las perspectivas de las víctimas y los territorios.

3. Las experiencias de dignidad y resistencia de la población como medio para avanzar en la superación del DFT

En la salida, en la errancia y en el retorno o el no retorno deben haber horizontes para territorializarse nuevamente, gozar de derechos y participar de la construcción de democracia. Todo esto posibilita la construcción de una memoria de voces diversas más representativa de lo que ha sido la guerra en el país y de los errores que no deberían repetirse en el futuro para prevenir el trauma de las generaciones venideras.

Ni la naturaleza de los movimientos forzados, ni las prácticas organizativas de los refugiados han sido prioridad de los estudios en migraciones y los procesos de paz (Élie, ٢٠١٤), lo que de alguna manera explica porqué el análisis de la agencia política de los refugiados y sus vivencias tendió a quedar por fuera de la discusión (Nyers, 2006).

Existen razones para insistir en la re-politización de los refugiados porque es la condición necesaria para que la construcción de la paz sea realmente sostenible para Colombia y la región. Si la agencia y voz de esta población no es considerada dificilmente se podrán superar las causas de esas migraciones forzadas y por el contrario, una paz que no las tenga en cuenta puede terminar siendo una paz que justifique, respalde o invisibilice el desplazamiento forzado despolitizador sus causas, sus víctimas, los daños, rupturas y las pérdidas sufridas.

Se debe insistir en la re-politización de las personas víctimas de DFT porque hace parte del ejercicio de sus derechos transicionales , incluyendo los derivados de procesos de paz o DDR anteriores, y del ejercicio de sus derechos como ciudadanos al retorno territorial y jurídicopolítico. Las agendas sobre la paz que no consideren las voces de quienes fueron sacados por la fuerza, son diálogos sin memoria. En estricto sentido, parte de su reparación pasa precisamente por ese espacio de participación, -si la guerra y la exclusión buscó despolitizarlos, es la paz y la participación la que debe re-politizarlos- No hacerlo abre la puerta a la revictimización.

El marco de la actual Comisión de la Verdad, como se mencionó, es una oportunidad de recuperar bajo una diversidad de voces las memorias de lo dicho, de los silencios y de la resistencia, esa verdad que sigue estando refugiada, pero que se niega al olvido.

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1 Sobre el alcance del informe la Corte Constitucional colombiana en su revisión al Decreto Ley 588/17 señaló: “El informe final es el documento más importante de memoria histórica que producen las comisiones de la verdad” y del mismo “depende en gran parte la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas”, por ello debe dar cuenta de un panorama lo más representativo posible de los “hechos investigados, sus causas y antecedentes históricos” y a la vez, incluir una serie de recomendaciones orientadas a restaurar la dignidad de las víctimas (Corte Constitucional, 2018, pp. 3-4).

2 Estas distinciones en buena parte se atribuyen al Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) que por una parte, recogió la idea de que no toda persona que ha cruzado forzadamente una frontera internacional es considerada refugiada, siendo viables figuras como las de solicitante de asilo o refugiado reconocido formalmente; y por otra, minimizó las complejidades detrás del refugio excluyendo las perspectivas sociológicas del exilio más cercanas a las experiencias personales o comunitarias del destierro, la represión y la violencia sociopolítica antes, durante y después del desplazamiento forzado, a nombre de un derecho regulador de los refugiados pensado para los Estados de destino (Bolzam, 2012) (Castles, 2003).

3 Se asume en el plano nacional las normas y jurisprudencia de derechos humanos articulada al desplazamiento forzado interno, incluido soft law, Principios Deng y Principios Pinheiro. Igualmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la política pública de atención a la población desplazada desde la Ley 387 de 1997, la tipificación del desplazamiento forzado como delito en el Código Penal (Ley 599 de 2000), la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana especialmente la Sentencia T-025 de 2004 y los autos de seguimiento, con énfasis en el Auto 004 de 2009 que considera el desplazamiento en un contexto más amplio que el del conflicto armado interno (Dejusticia, 2015).

4 Se toman principalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) de 1969 y la Declaración de Cartagena de 1984 en concordancia con el Acuerdo de Londres 1945 y en particular el Estatuto de la Corte Penal Internacional y los Convenios de Ginebra.

5 Hace parte del DIR igualmente el principio de “no devolución”, por el que los Estados parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados no pueden devolver o colocar a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad corran peligro por las causas previstas en la Convención.

6 El Principio1: ”[c]ada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes” El Principio 2: “[e]l conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado”, finalmente el Principio 3: “[i]ndependientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”.

7 En la década de dos mil Colombia estuvo entre el tercer y cuarto lugar, después de 2010 ocupo en promedio el octavo lugar (Codhes, 2012) (ACNUR, 2019)

8 Reseña al respecto el CNMH: “Durante las décadas de 1980 y 1990 se llevaron a cabo numerosas transformaciones institucionales en Colombia. Este proceso de transformación del Estado incluyó la descentralización política y administrativa, la elección popular de alcaldes y gobernadores, y, posteriormente, la realización de algunos procesos de apertura democrática y negociación política. En vista de la magnitud de las reformas, muchos líderes y organizaciones optaron por procesos de transformación participando en la institucionalidad legal. En este contexto surgieron nuevas organizaciones y partidos que abogaron, la mayoría de las veces, por el fortalecimiento de los espacios democráticos, pero también estos fueron objeto de persecución (…)La estigmatización y la criminalización de la participación y liderazgo de la oposición política se convirtió en una condena a muerte, materializada en la casi total desaparición de la UP y otras disidencias políticas con reconocida trayectoria dentro del espectro político nacional” (CNMH, 2013, p. 282)

9 Asevera el CNMH (2013) que las iniciativas de paz adelantadas por el Gobierno nacional para estos años no encontraron asidero en las élites regionales y en la oposición institucional de los militares que vieron justificada la consolidación y expansión de los grupos de autodefensa que luego mutan en paramilitares. Se consideró que “Esta concurrencia de intereses tuvo como trasfondo histórico una particular relación de los militares con las élites regionales, basada en el apoyo logístico, económico y político en muchas de sus ofensivas contrainsurgentes” (CNMH, 2013, p. 136)

10 Entre estas prácticas se destacan en Ecuador las de naturaleza colectiva como la creación de asociaciones de población refugiada, la creación de la FENARE como federación que agrupó buena parte de estas organizaciones y su labor de incidencia política a través de participación de eventos, acompañamiento al proceso de registro ampliado e interlocución con el Gobierno ecuatoriano para el reconocimiento de sus iniciativas en pro de los derechos de la población refugiada. Igualmente su trabajo en por la salida negociada y la memoria de las víctimas con dignidad.(Medina, 2018) (Molina, 2012).

11 Ejemplo de ello son las más de 20 condenas al Estado colombiano por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos por la corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Pacto de San José.

12 Entre 1995 y 2005 la migración forzada fue utilizada como medio de reorganización de los territorios a través de la desterritorialización de poblaciones enteras, con énfasis en las comunidades campesinas, indígenas y afros, y su posterior repoblamiento al paso de la expansión de las estructuras paramilitares y de la narco criminalidad organizada que agudizaron el conflicto armado interno e incrementaron la violencia en las ciudades (Ortiz & Kaminker, 2014; Jaramillo, 2008).

13 La intensificación de la violencia armada y la militarización del país con la implementación del Plan Colombia facilitó este tipo de desplazamiento forzado despolitizador y otras violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH que quedaron impunes bajo el argumento que se estaba adelantando desde el gobierno nacional una ‘lucha contra el narcotráfico’ (Palacio, 2012;Rangel, Arteta, Lozano, & Medina, 2008). La población civil ubicada en departamentos limítrofes tuvieron que buscar refugio ante las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito, el shock de la violencia se expandió junto al miedo (Medina, 2013).

14 Por primera vez en el país una CEV recoge las voces de población refugiada en los territorios del exilio, destacando la importancia de sus voces y sus perspectivas en el sistema de justicia transicional así como en el esclarecimiento de las verdades sobre el conflicto armado interno y las violencias articuladas, incluida la violencia del olvido. Desde noviembre de 2018, con presencia en más de 14 países y un trabajo adicional con población retornada, se adelanta una labor cuyos resultados se espera permitan avanzar en una perspectiva colectiva, con enfoque diferencial y humanizada de lo que ha sido el desplazamiento transfronterizo de colombianos.

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