Introducción
La Amazonía es un gran bioma compuesto por 7.4 millones de km2 compartidos por nueve países y una gran cuenca que representa casi el 20 % de agua dulce superficial del planeta (WWF, 2016). En Colombia, la Amazonía representa 483.164 km2, un 42,3 % del territorio continental colombiano (SIAT-AC, 2024), siendo un sistema de gran peso ambiental y estratégico en el contexto regional y mundial2 por los servicios ecosistémicos y ambientales esenciales para la humanidad (James et al., 2023). Justamente la Amazonía se ha consolidado como una región relevante en el contexto geopolítico mundial en términos de seguridad, dinámicas interestatales y, especialmente, por la centralidad que tiene en debates ambientales y sociales contemporáneos relacionados a la crisis ambiental y la demanda global de recursos naturales que avivan constantemente la tensión en torno a la relación de los humanos con el medio ambiente (Estenssoro y Vásquez, 2022). Aunque históricamente la Amazonía ha sido un espacio visto en términos extractivos (Zárate, 2017), en las últimas décadas se ha reconocido su valor en las dinámicas ecológicas globales, considerando los efectos que podría tener la reproducción de los modelos productivos sobre el medioambiente y cómo podría derivar en un colapso planetario (Flores et al., 2024). La Amazonía colombiana, con aproximadamente 1,3 millones de habitantes (DANE, 2018), es una región bioculturalmente diversa: 64 pueblos indígenas originarios (OPIAC, 2012), comunidades afrodescendientes, campesinas y otras poblaciones que se han asentado en el territorio. Simultáneamente, la situación en la Amazonía está mediada por la presencia del Estado en sus distintos niveles y, como se verá, por actores ilegales que también buscan imponer sus intereses en la región. El complejo mosaico de actores en la Amazonía se manifiesta en las diversas formas de apropiación y organización del espacio, construyendo territorialidades fundamentales para su identidad, modos de vida y saberes ancestrales —en caso de los pueblos indígenas— (Montañez, 2001; Athayde et al., 2021; Becerra et. al, 2022); como una fuente de sustento basada en prácticas insostenibles como sucede con algunos grupos campesinos como mineros entre otros; mientras que el Estado puede valorar el territorio como una manifestación de la soberanía, el desarrollo económico y la biodiversidad, y pueden adoptar enfoques de conservación para luchar contra el cambio o aquellos que incentivan o no evitan prácticas extractivistas.
Evidentemente, la gestión de los recursos comunes —como el agua, el bosque, la madera, la fauna silvestre, los productos forestales, entre otros— se complejiza en un contexto como este, en el que visiones y valoraciones opuestas sobre un mismo territorio y sus recursos se encuentran arraigadas en distintas ontologías que pueden ver la naturaleza como recurso, objeto o sujeto con agencia (Serna & Del Cairo, 2016). Comprender esto permite explicar los conflictos socioambientales —de ahora en adelante CSA— que son cada vez más visibles y estudiados por su impacto en las relaciones sociedad-naturaleza (Dichdji, 2017). Para efectos de este texto, se comprenderá como CSA a aquellos hechos sociales que expresan públicamente controversias entre distintos actores en torno al acceso, la distribución, la gestión, el uso y/o la valoración de la naturaleza y sus contribuciones en un espacio y tiempo determinados (Alimonda, 2011; Bebbington et al., 2007, 2013; Durkheim, 2001; Fontaine, 2004; Gudynas, 2014; Palacio, 2006; Pascual et al., 2017). Partiendo de aquí, los CSA se comprenden como procesos en los que además de disputarse los recursos naturales, se enfrentan visiones del mundo, los usos de la naturaleza y las formas de relacionarse con el territorio, revelando la coexistencia y los choques entre cosmovisiones y prácticas diversas entre los grupos que habitan la Amazonía; en ella, los CSA expresan no sólo tensiones sobre la gestión del entorno, sino también disputas ontológicas, epistemológicas y políticas sobre los significados y usos del territorio La presencia de nuevos actores —sociedad civil, capitales privados, gobiernos extranjeros y organizaciones ilegales— intensifica los conflictos territoriales, amenazando ecosistemas y sociedades (Becker, 2019). Los CSA surgen de prácticas extractivas, agropecuarias y de sobreexplotación de recursos que transforman modos de vida (Rodríguez et al., 2019), generando resistencias y nuevos repertorios de protesta (Rodríguez et al., 2015; Svampa, 2018). Estos conflictos incorporan valores y visiones sobre desarrollo, democracia y naturaleza (Guevara & Silva, 2020), convirtiéndose en un eje clave para comprender gobernanza y sostenibilidad. Aunque los CSA no son recientes, su reconocimiento global es innovador (Gómez, 2020), pues en las últimas dos décadas, su intensidad ha aumentado por la complejidad del bioma amazónico y la acción de grupos ilegales, actores privados y gubernamentales con impactos que escalan a nivel global (FCDS e Instituto Igarapé, 2025).
Estos escenarios complejos que se tejen en la Amazonía en torno a las valoraciones sobre el territorio y sus recursos representan un reto para comprender integralmente las dinámicas de afectación y los efectos que tienen sobre los ecosistemas y las comunidades que habitan en la región. Ante esto, desde el 2022 el Instituto SINCHI se propuso, a través de distintos talleres de participación ciudadana en municipios amazónicos, la conformación del Atlas de Conflictos Socioambientales: una herramienta en constante retroalimentación y actualización que ha logrado documentar ochenta y seis (86) CSA, caracterizando treinta y seis (36) en fichas construidas para explicar a detalle los distintos elementos del conflicto. Precisamente este artículo busca exponer la experiencia en la construcción del Atlas a partir del diálogo directo con las comunidades en los territorios para entender determinados hechos conflictivos en una región con constantes cambios en todas sus dinámicas. El Atlas, entonces, busca ser una herramienta que contribuye a comprender dinámicas particulares de los conflictos caracterizados desde un enfoque participativo que se complementa con información secundaria y que deriva en una traducción analítica y visual de la complejidad territorial y de la colisión de visiones y valoraciones presentes en la región.
Marco teórico
Los artículos sobre las problemáticas socioambientales suelen disociar los procesos de gobernanza ambiental de los CSA como si se tratara de dos esferas distintas del universo de relaciones entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Para el Atlas de CSA se propone dar un enfoque integrado de ambas perspectivas, en donde la gobernanza se conciba como un complejo entramado de relaciones de convergencia y divergencia, con lo cuales se considera a los CSA como elementos esenciales en la convivencia humana y característicos de las prácticas y procesos de gobernanza ambiental. La perspectiva de gobernanza transformativa y la transformación de conflictos necesita de la caracterización de los CSA para tener en cuenta los actores, hitos, valoraciones, impactos entre otros, que permitan formular lineamientos integradores que orientan la investigación al tiempo que inciden positivamente en la transformación de los CSA y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la Amazonia colombiana.
Los ontologías amazónicas logran que los orígenes valoraciones y relaciones entre los humanos y no humanos den como resultado sistemas de gobernanza que se fundamenten de manera disímil con el medio ambiente. Así en la generación de estrategias para convivencia entre distintos modos relacionales, en el camino se han dado divergencias, contradicciones y disensos, al tiempo que han encontrado convergencias, acuerdos y consensos. Los CSA y los escenarios de seguimiento y planificación tienen un potencial excepcional para la generación de procesos constructivos, ya que permiten que se visibilicen y se expresen dimensiones de la sociedad que deberían ser transformadas (Rodríguez et al., 2015). El programa de dinámicas socioambientales y culturales cuenta con una línea de investigación sobre la gobernanza transformativa, la cual se constituye en un enfoque de análisis sumamente valioso para el estudio de las conflictividades socioambientales, su visibilización y caracterización; de esta manera acercarse a los CSA de la Amazonía colombiana bajo la orientación de la transformación como enfoque privilegiado, permite comprender el dinamismo que generan dichos conflictos, así como los múltiples niveles en que se expresa, esto es: en los actores, en sus relaciones, en los liderazgos, en la configuración de paisajes y en los marcos culturales (Le Billon & Duffy, 2018; Lederach, 2003; Rodríguez et al., 2015) (Le Billon & Duffy, 2018; Lederach, 2003a; Rodríguez et al., 2015). De tal forma, los CSA plantean escenarios que permiten la reconfiguración constructiva y la acción coordinada de las comunidades, el Estado y demás actores multisectoriales para la toma de decisiones asociadas a la gestión del territorio y, en definitiva, para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental (Fundación Futuro Latinoamericano, 2013; Osejo Varona, 2018; Rodríguez et al., 2015).
Los orígenes sistémicos de la gobernanza de la Amazonía colombiana hacen que su estudio se deba dar desde una perspectiva transformativa, la cual implica reflexionar el desafío de la sostenibilidad de sus territorios. Así el Atlas de Conflictos Socioambientales trata de mostrar los CSA como un problema complejo por lo intrincado de las relaciones socioecológicas y las diferentes variables de carácter ontológico, económico y político en que la región vive. Como ya se mencionó, en el territorio amazónico conviven diversos grupos sociales con diferentes culturas, tradiciones, necesidades e intereses y maneras de relacionarse con el sistema. Es por eso que se considere que para desarrollar procesos de investigación que aporten a la sostenibilidad del territorio es fundamental desarrollar proceso de Investigación Acción Participativa que en el Atlas de Conflictos Socioambientales propicien la “coproducción de conocimiento” como enfoque que garantiza la rigurosidad científica al tiempo que explora soluciones con quienes las necesitan. Estos enfoques abogan por la interacción estrecha entre técnicos, científicos y actores de múltiples sectores no científicos para la identificación de problemas, su investigación y generación de conocimiento (Ruiz-Nieto, O 2022).
Diseño metodológico Una parte importante en la construcción del Atlas es el diseño metodológico propuesto en todo el proceso de identificación y caracterización de los CSA
Tabla 1. Desarrollo de talleres territoriales para identificación, priorización y caracterización de conflictos socioambientales
Elaboración propia.
que fueron señalados, justamente, por comunidades en los distintos lugares en donde se trabajó. Esencialmente se propuso que el diseño metodológico del Atlas estuviese atravesado por la participación social de las comunidades en territorio, aportando desde las experiencias y las vivencias propias, distintas explicaciones a las dinámicas conflictivas y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y en el espacio. Complementando esto, se hacen ejercicios de sistematización y análisis cualitativo de los conflictos identificados para la construcción de las fichas de caracterización y de los mapas que servirán para referenciar el contexto espacial en el que se enmarcan estos conflictos. Estas fases se dividen de la siguiente manera:
Talleres participativos de diálogo territorial: objetivo, población y muestreo Entre los años 2022 y 2025 se realizaron veintisiete (27) talleres participativos de diálogo territorial, concebidos como espacios de co-construcción del conocimiento de los actores locales enfocados en recoger percepciones, conocimientos históricos y valoraciones alrededor de los CSA que se identificaron. Con la información de los talleres se ahonda en la información disponible alrededor de estos conflictos, garantizando la diversidad de perspectivas y evitar tensiones entre actores en el marco del desarrollo del taller. La legitimidad y la confianza fueron elementos relevantes en la priorización y posterior caracterización de los conflictos identificados en los talleres, en donde al ser un proceso participativo e inclusivo se escucharon distintas narrativas (Tabla 1). El contraste de diversas narrativas, aportó en prevenir sesgos en la información y enriquecer las distintas visiones y valoraciones.
Tabla 2. Tabla de talleres territoriales desarrollados en la Amazonia colombiana en diferentes años
Elaboración propia.
Tabla 3. Proceso de construcción de cada narrativa de CSA
Elaboración propia.
Alcance geográfico y temporal El Atlas se enfocó en la región amazónica colombiana, cubriendo la diversidad subregional de las dinámicas conflictivas y las distintas presiones extractivas y de deforestación durante cuatro fases operativas (Tabla 2).
Construcción de las fichas de caracterización El estudio adoptó un enfoque mixto entre fuentes primarias y secundarias, con predominio cualitativo, basado en un diseño de exploración-validación que integra la comprensión profunda de las percepciones locales con la verificación empírica y documental de esta información. Este enfoque se fundamentó en la revisión, triangulación, documentación y análisis (Tabla 3). Esto permitió una comprensión holística de cada CSA, considerando los relatos locales, la evidencia formal (Tabla 3) y las salidas cartográficas (Tabla 4).
Tabla 4. Procesamiento cartográfico
Elaboración propia.
Hallazgos de la investigación Construcción de tipologías del Atlas Un aspecto esencial para la construcción del Atlas fue la posibilidad de definir la manera en las que las mismas comunidades comprenden los hechos conflictivos y cómo podrían llegar a caracterizarlos. Después de varias conversaciones con los actores locales llegó a un marco compuesto por once tipologías que buscan recoger las principales situaciones conflictivas de la Amazonía colombiana. Estas tipologías surgen de un proceso de construcción inductivo y deductivo, fruto del análisis simultáneo de casos específicos, la adaptación de marcos teóricos preexistentes a la realidad amazónica y la conceptualización en talleres con especialistas en el tema (Tabla 5).
Tabla 5. Tipologías con conflictos socioambientales en el Atlas
Elaboración propia.
Construcción de las fichas por dimensiones analíticas La caracterización de cada CSA se estructuró a partir de tres dimensiones interconectadas que, en conjunto, permitieron comprender la red de relaciones, los contextos históricos y los niveles institucionales en los que se inscriben los hechos. Estas dimensiones —red de actores, contexto social e histórico y dimensiones multidimensionales— conformaron la base narrativa y analítica de cada ficha final (Tabla 6).
Tabla 6. Dimensiones incorporadas en cada una de las narrativas de CSA documentados
Elaboración propia.
Los hallazgos del Atlas de Conflictos Socioambientales Localización y tipologías La Amazonía está lejos de ser una región homogénea y eso también se evidencia en la presencia diferenciada de los CSA a lo largo del territorio: por una parte, CSA por temas agropecuarios y tierras se concentran principalmente al noroccidente de la Amazonía (Gráfico 1 y 2), en los departamentos de Caquetá (4), Meta (4) y Guaviare (1), donde los procesos de colonización y expansión de la praderización, deforestación y degradación de los ecosistemas amazónicos han generado múltiples impactos ambientales y sociales y por ende tensiones por la ocupación de tierras, por la sobreposición de territorialidades y por la visiones y valoraciones que desconocen la convivencia con el ecosistema (Tabla 8).
Gráfico 1. Número de CSA por departamento
Elaboración propia.
Gráfico 2. Número de CSA por tipología
Elaboración propia.
En cuanto a la minería, los nueve (9) CSA caracterizados en su mayoría son de minería ilegal de oro, los cuales se distribuyen en distintos puntos de la región, siendo más recurrentes en la Amazonía nororiental y sur en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. En relación a los hidrocarburos se han incluido cuatro (4) CSA, localizados en la Amazonía occidental colombiana, en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo (Gráficos 1 y 2), zonas donde se han otorgado los respectivos permisos incluyendo las licencias ambientales para su exploración y explotación.
Con respecto a la infraestructura, los tres (3) CSA incluidos se relacionan con el desarrollo de vías y están localizados tanto en la Amazonía oriental como en la Amazonía occidental colombiana, facilitando la entrada de nuevas dinámicas territoriales. En lo que se refiere a los CSA asociados a mitigación y adaptación al cambio climático, hasta ahora se han caracterizaron dos (2) CSA vinculados a la formulación e implementación de proyectos REDD+, ubicados en la Amazonía nororiental, en los departamentos de Vaupés y Guainía, pero es una tipología que en la que vienen emergiendo nuevos CSA. Y aunque por ahora se han caracterizado dos (2) CSA en el marco del Atlas, hay varios CSA que se encuentran evidenciados en el Diagnóstico de Proyectos REDD+ en la Amazonía colombiana (Díaz-Santamaría et al., 2025) y que están pendientes por caracterizar.
En lo concerniente al tráfico ilegal y sobreexplotación de biodiversidad hasta ahora se han incluido dos (2) CSA localizados en el departamento del Amazonas, en zonas fronterizas de Colombia con Brasil y Perú, en donde aún hay varios CSA que deben ser caracterizados en tanto que existen actividades realizadas por décadas sin mayor control o visibilización. Mientras que para los CSA de cultivos de uso ilícito se ha caracterizado uno (1) relacionado a nuevas actividades económicas ilícitas que han impactado distintos lugares de la región, es necesario seguir caracterizando para comprenderlos de mejor manera, en este caso para el sur del departamento del Meta; en la tipología de ordenamiento territorial registra un (1) CSA en la parte alta del Putumayo, asociado a desacuerdos entre las decisiones estatales en materia de planificación territorial y las visiones locales de manejo del territorio.
En general estos son hallazgos iniciales, que muestran aún la necesidad de seguir caracterizando los ochenta y seis (86) CSA identificados en los talleres de diálogo territorial y pensar en identificar otras conflictividades presentes en la región.
Un contexto de múltiples actores La Amazonía, como ya se mencionó antes, es un espacio habitado, vivido y ocupado por diversos actores sociales, estatales, comerciales e ilegales. Las distintas interacciones entre sí y con el territorio desencadenan presiones socioambientales que pueden llegar a constituir conflictos socioambientales. A lo largo de las dinámicas conflictivas es posible identificar, por ejemplo, la incidencia que tienen grupos armados ilegales nacionales y transnacionales, que componen complejas redes criminales internacionales que aparecen protagónicamente en varios de los CSA caracterizados, en donde sus acciones directas aseguran un control territorial, social y comercial de distintas unidades geográficas de la Amazonía (Ponce de León, 2021). Esto, cabe mencionar, no es una particularidad colombiana, sino que responde a una dinámica panamazónica en la que hay al menos diecisiete (17) grupos armados que operan en el 69 % de la región (Ortuño, 2025).
Los actores gubernamentales también tienen papel importante en los CSA; bien sea por la inacción frente a acciones ilegales, por legitimar proyectos que alimentan las tensiones al interior de los territorios y que contradicen los instrumentos normativos, por favorecer agendas políticas, por la falta de articulación institucional y sumado a otras situaciones que configuran el entramado conflictivo. También el Estado ha incidido en estos CSA a través de políticas y programas estableciendo figuras de ordenamiento territorial sin tener en cuenta las realidades locales e igualmente con mandatos contradictorios como la promoción de la colonización de la Amazonía en diferentes momentos (Palacios, 1987; Unigarro, 2020). Este Estado llega a ser concebido por varios pueblos indígenas como un órgano abstracto (Auqui, 2023), lo que complejiza aún más su presencia en el territorio.
Entre los actores sociales destaca un grupo presente en 31 de los 36 CSA caracterizados: los pueblos indígenas asentados a lo largo de la Amazonía y que han sido afectados por varias problemáticas que arriesgan la existencia de sus modos de vida propios. Estos pueblos ancestrales se encuentran organizados de diversas maneras a través de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI), los cabildos, los consejos y, adicionalmente, se han empezado a constituir formas de guardias indígenas que han ganado reconocimiento como actores protectores de los intereses de los pueblos indígenas, y que también están siendo adaptados por algunos pueblos indígenas originarios de la Amazonia.
Los campesinos y colonos son también relevantes en el contexto de los CSA, especialmente en la Amazonía occidental, organizándose en asociaciones y Juntas de Acción Comunal (JAC), estructuras con fuerte legitimidad en esta región de la Amazonía, pues han llegado a asumir funciones de mediación, diálogo, y acuerdos con actores armados al margen de la ley, y en interlocución estas asociaciones y juntas han conformado guardias campesinas, cuyo objetivo apunta a dar garantías a los intereses de este grupo. Otros actores sociales que aparecen en varios CSA son las ONG como fundaciones, asociaciones, cooperativas que juegan distintos papeles en el marco de estos CSA dependiendo las zonas donde hagan acciones, es así como fundaciones como Fundación Gaia, ACT, FCDS, entre otras organizaciones. En algunos casos, las vicarías religiosas y organizaciones eclesiales han cumplido un papel de mediación y acompañamiento en estos conflictos por lo que también aparecen relacionados.
En el sector privado, las relaciones aparecen con empresas y gremios como Fedegán y Fedepalma, así como compañías vinculadas con minería, hidrocarburos, palma de aceite y desarrolladores de proyectos REDD+, en donde con respecto a la presencia de acciones e inversión del sector privado, hay diferentes posiciones frente a su presencia en estos territorios, por un lado hay actores que valoran su presencia y ven posibilidades de mejorar distintos aspectos, en contraste con otros actores que ven en la presencia de este sector privado un cambiando negativo en sus costumbres, actividades, y en muchos casos el cambio del lugar que habitan.
En conjunto, la red de actores que intervienen en los CSA amazónicos es amplia y diversa, reflejando la complejidad de las relaciones de poder, los intereses económicos y las tensiones territoriales que configuran los conflictos en la región.
Causas e impactos ambientales, sociales, culturales y económicos Una gran parte del deterioro, degradación y destrucción ambiental que vive la Amazonía colombiana surge, principalmente, por la articulación y fortalecimiento de economías ilegales que operan en la región bajo un paradigma extractivista y violento que ha generado las condiciones para configurar varios CSA. Estos conflictos convergen en el desarrollo de distintas actividades económicas ilícitas y/o ilegales como el tráfico, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y la ganadería extensiva en zonas no permitidas, actividades que actúan como principales transformadores de los distintos ecosistemas naturales y las culturas que allí habitan.
La expansión de los cultivos de uso cultivo ilícito favorece el ingreso hacia nuevos frentes de colonización, mediante la tala de bosques para su establecimiento y procesamiento (Arboleda, 2024). Subsecuentemente, las ganancias de esta actividad se invierten en la ocupación y praderización de tierras en resguardos indígenas y PNN, especialmente al noroccidente de la Amazonía, para incorporar y promover ganadería extensiva, consolidando así, la destrucción de ecosistemas naturales, como sucede en los parques nacionales naturales de Tinigua, Macarena, Picachos y Chiribiquete, y, en los resguardos indígenas de Yaguara II y Nukak. Con esta dinámica de ocupación ilegal de tierra, se garantiza la permanencia del cambio de uso del suelo, la fragmentación del ecosistema y el control territorial, generando grandes tensiones. El establecimiento de cultivos de uso ilícito afecta las condiciones fisicoquímicas de los suelos selváticos poco productivos, por lo que con las ganancias de esta actividad y el daño al ecosistema facilita la llegada y establecimiento de la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y de pistas clandestinas (Erasso y Vélez, 2020), facilitando la transformación de los ecosistemas naturales.
La presencia y auge de las economías ilícitas y/o ilegales se mantiene e incrementa por la participación de grupos armados al margen de la ley que controlan estas economías a través de las rutas que abastecen insumos, productos y comercialización, lo que sumado a la débil presencia estatal implica un debilitamiento de la gobernanza ambiental de los habitantes de la región. La violencia resultante de estas prácticas económicas, la pobreza estructural, y la ausencia de otras alternativas económicas, lleva a que poblaciones vulnerables de estos territorios se integren, muchas veces bajo la coacción, a participar en estas actividades ilícitas e ilegales, generando un círculo vicioso que perpetúa el daño ambiental, social, cultural y económico ante la limitada capacidad de control y aplicación de la ley por parte de las instituciones de Estado. Estas mismas dinámicas facilitan los lavados y blanqueamientos de capital y la financiación de estos grupos armados (Sinchi, 2022).
A estas situaciones se suma las altas demandas del mercado y el alto valor económico, del oro, del alcaloide de la coca y de la carne de bovino, que en conjunto hace atractivo desarrollar estas actividades, así se hagan bajo el marco de la ilegalidad y generen grandes impactos ambientales, culturales, económicos y sociales, que al no cumplir con ningún requisito legal, ni asumir ninguna responsabilidad en los impactos que generan, se obtienen mayores ganancias.
Es así como la minería ilegal de oro realizada en la Amazonía se está lavando sin mayor problema en el sistema financiero estadounidense a través de documentación falsificada y poca vigilancia en el tráfico hacia distintos países (Yansura y Hazbun, 2025). En este escenario Colombia se posiciona como el tercer mayor proveedor de oro para Estados Unidos, pues en 2023 este país importó 15.100 millones de dólares (Yansura y Hazbun, 2025). Si se tiene en cuenta que aproximadamente el 75 % del oro que se produce en Colombia se obtiene de manera ilegal, se puede comprender de mejor manera las dinámicas conflictivas que envuelven a la Amazonía en torno a esta actividad (Escobar, 2025). Las demandas de las comunidades por la explotación legal e ilegal de minerales, se centran en la contaminación de fuentes hídricas y las afectaciones que este tipo de prácticas está generando en su supervivencia (Corte Constitucional, 2025). La extracción de oro con uso intensivo de dragas y mercurio ha generado graves impactos por contaminación hídrica y desplazamiento de poblaciones (Tabla 7).
En el caso de las vías, la falta de consenso sobre el diseño y el impacto de estas no tiene en cuenta las características de ecosistemas y las políticas que se han generado en torno a su protección, por parte de gobiernos, han venido también siendo una fuente constante de tensión, puesto que cambia en distintos aspectos la dinámica de los territorios y trae nuevas situaciones en muchos casos irreversibles para zonas, esto se ve reflejado en el Atlas en conflictos como la vía Calamar-Miraflores, San Francisco-Mocoa y Mitú-Monfort (Tabla 7). La infraestructura vial fragmenta la Amazonía colombiana al romper la continuidad de sus ecosistemas. Esta división física interrumpe corredores biológicos y segrega las dinámicas de las poblaciones locales. El resultado es un territorio atomizado, donde la búsqueda de generar conectividades por diferentes intereses prevalece sobre la integridad natural de los ecosistemas y la cultura. Dicha desarticulación debilita la resiliencia biocultural y la cohesión geográfica de este ecosistema.
Aunque los hidrocarburos cuentan con permisos legales, se han generado tensiones derivadas de la contaminación de fuentes hídricas y la deficiente atención estatal a las solicitudes de mitigación de los impactos de esta actividad y la falta de desarrollo de infraestructura en las regiones donde se adelanta. Además estos proyectos están en zonas donde frecuentemente hay presencia de cultivos de uso ilícito con control de grupos armados ilegales como es la Amazonía occidental, lo que complejiza el asunto por la mezcla de intereses y de intenciones que esto genera. La presencia de estos grupos afecta la extracción de hidrocarburos a través del bloqueo, sabotaje y derrame de crudo en fuentes de agua con el fin de presionar los operativos u otras acciones que se hagan desde los gobiernos para controlar estos cultivos.
El desarrollo de estas diversas actividades económicas a lo largo y ancho de la Amazonía colombiana ha generado el crecimiento de cascos urbanos tanto como un tema de reinversión así como para contar con centros de logísticos de suministros y acopio, lo que ha hecho que la tipología de gestión ambiental emerja como una categoría significativa en la región. Esta tipología abarca problemáticas como la contaminación del agua y el manejo inadecuado de residuos sólidos, entre otras problemáticas ambientales resultantes de diversas actividades humanas y que dado su no manejo se han convertido en CSA, como sucede con la contaminación de cuerpos de agua y el mal manejo de rellenos sanitarios como el de las capitales de departamento como Leticia y Mitú.
En lo que respecta a los conflictos por el desarrollo de proyectos REDD+, su implementación de las medidas de mitigación y adaptación ha implicado limitaciones a los derechos de libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de la Amazonía. De acuerdo con la Corte Constitucional (Bermúdez, 2024), la ausencia de una verificación de implementar las salvaguardas sociales y ambientales ha conllevado en cambios sobre la relación con el ecosistema en que habitan, y se ha visto que las acciones carecen de un acompañamiento efectivo del estado y de un involucramiento amplio de la comunidad, por lo que los habitantes de las zonas no solo pierden capacidad de acción en su propio territorio, sino que además no se asegura que las acciones en contra del cambio climático sean efectivas (Benavides, 2024). La región sur y oriental de la Amazonía son lugares que aún conservan en buen estado de salud distintos ecosistemas terrestres con extensas zonas de bosques naturales cercanas a los resguardos indígenas, por lo que es zonas muy atractivas para estos proyectos de conservación de bosques, que además se encuentra ligado a las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas.
En cuanto al tráfico ilegal de biodiversidad, estos territorios constituyen corredores estratégicos para el comercio ilegal de madera y fauna silvestre además de otra biodiversidad, rutas que son favorecidas por la cercanía a las fronteras internacionales y por mecanismos que facilitan la legalización aparente del origen de los recursos (WCS, 2023). Este proceso se asienta sobre
Tabla 7. Síntesis de impactos identificados en el Atlas
Elaboración propia.
la infraestructura de las vías y ejes fluviales creados por hitos anteriores, convirtiendo las rutas de colonización en corredores de salida para la madera ilegal (que alcanza picos de extracción incontrolada) y el tráfico de fauna y flora atractiva para ciertos públicos (IDEAM, 2022).
Hitos históricos encontrados El análisis empírico de los CSA en la Amazonía colombiana, sistematizado y analizado en el Atlas, valida la influencia de ciertos hitos históricos-geográficos que influyen directamente en la generación de estas tensiones. Con la experiencia adquirida, ha sido posible identificar algunos procesos históricos que convergen en cada tipología, revelando otra variable importante para comprender las conflictividades en la Amazonía.
Por ejemplo, en la tipología de agropecuarios y tierras, la colonización en departamentos como Putumayo, Caquetá y Guaviare se puede rastreas desde la década de los sesenta del siglo pasado, y tras la firma del acuerdo de paz en 2016 se evidencia un incremento significativo en el proceso de ocupación de tierras, sobre todo en la ampliación de campos agropecuarios que conlleva a la conflictividad en PNN, resguardos indígenas y Zonas de Reserva Campesina, entre otras figuras de ordenamiento, debido a la superposición de territorialidades y/o el desconocimiento o no aceptación de estas figuras territoriales.
La minería, en cambio, hasta hace unas décadas, solía ser una actividad marginal y no tan sistemática en la Amazonía colombiana, en comparación con otras dinámicas extractivas en el país. Sin embargo, nuevas demandas y precios en el mercado, junto con la reconfiguración en las actividades económicas ilegales de los actores armados al margen de la ley, llevó a que la minería de oro se incrementara aceleradamente en la región, con complejas implicaciones socioambientales (Salazar et al., 2013). El primer auge minero significativo ocurrió con la exploración de yacimientos de oro en la Serranía del Naquén (Guainía) hacia 1985 (Escobar, 2016), promovido inicialmente por el estado, con el “Proyecto Minero del Guainía”, fortaleció la exploración minera tanto formal como informal basado en socavones y la extracción de aluvión (Escobar, 2016; Rozo, 2022). Sin embargo, y de manera generalizada, la minería ilegal se posicionó como actividad económica importante a partir del siglo xxi ante el aumento del precio internacional de los minerales y que significó una alternativa económica ilegal con menos restricciones y gastos que el narcotráfico, actividad debilitada con la guerra internacional contra las drogas y el Plan Colombia (Bargent et al., 2020; Boscón, 2023). Estas dinámicas se ven representadas en conflictos caracterizados en el Atlas en los casos de los ríos Inírida, Atabapo, Guainía, San Pedro, Caquetá, Orteguaza, San Francisco y Puré.
Los CSA agrupados en gestión ambiental que incluye cinco (5) conflictos están asociados especialmente a la falta de planificación y previsión en torno al crecimiento urbano en la Amazonía, en el que dominan la carencia de servicios básicos y la falta de planificación territorial con un enfoque ambiental, manifestando una ontología funcional hacia un aprovechamiento ilimitado del entorno natural. La debilidad institucional en estas zonas facilita su función como nodos logísticos para el movimiento de actores y capitales asociados al crimen organizado, permitiendo que la degradación de los entornos naturales coexista con actividades extractivas ilegales que conciben la Amazonía como un vasto corredor de economías ilícitas y una bodega de materias primas sobre la que no existe control institucional, lo que facilita la transformación de los ecosistemas desde y hacia los centros poblados. Desde la consolidación de los primeros asentamientos estimulados por los ejes petroleros y de colonización hacia los años sesenta y setenta, el crecimiento poblacional en municipios como Mocoa, Florencia, y Leticia se ha dado bajo un patrón de rápida expansión no planificada (Guhl et al., 2025).
Los hidrocarburos se establecen como un hito fundacional en la configuración de los CSA al fijar los primeros ejes de poblamiento en la Amazonía; en el departamento de Putumayo, la exploración inicia en la década de 1920, se expande en 1942 y se consolida con concesiones que siguen vigentes desde 1950 (CNMH, 2015; Vásquez, 2012), un proceso que fue profundizado por la construcción del pozo productivo y el oleoducto entre Orito y Tumaco liderado por Texaco. Estos sucesos transformaron la orientación productiva del territorio y que, con el declive de la producción petrolera, implicó un vacío económico para la región que luego fue ocupado por economías ilegales como cultivos de uso ilícito —como la coca— hacia la década de 1980 (CNMH, 2015). La evidencia empírica confirma que los CSA se intensificaron en las mismas zonas donde el auge cocalero reemplazó el petrolero, demostrando que la infraestructura y la relación social en torno a la extracción, generada en un principio por la explotación de hidrocarburos, sentaron las bases para la evolución de los conflictos hacia la tipología de cultivos de uso ilícito, en donde de manera más reciente estas dos tipologías empiezan a tener nexos, como pasa con los CSA de Puerto Vega Teteye, y el del Valle del Guamuez (Putumayo), y también en los conflictos de Los Pozos y Valparaíso (Caquetá).
Aunque por ahora solo se ha caracterizado un CSA en la tipología de cultivos de uso ilícitos, esta actividad ha venido generando en distintas partes de la Amazonia deforestación y contaminación química, fracturando la integridad de este ecosistema. Además, es una actividad económica ilícita que ha impuesto regímenes de violencia que han erosionado la autonomía comunitaria y desarticulan el tejido socioambiental del territorio. Esta tipología tiende a asociarse con otras tipologías como se ha descrito previamente, y cabe resaltar que en la Amazonia colombiana se ha consolidado como un escenario central para esta economía ilegal, principalmente para el cultivo de coca desde la década de los ochentas, especialmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta (Trujillo, 2014). Este hito no solo reconfiguró la demografía regional, sino que se convirtió en un motor estructural de los conflictos por la tenencia, ocupación y el uso de la tierra inicialmente en la amazonia occidental para luego ampliarse a otras regiones de la Amazonía en épocas más recientes. Los cultivos de uso ilícito, principalmente de coca, han funcionado como una estrategia de colonización acelerada y como un ancla económica que dificulta el reordenamiento territorial (Crisis Group, 2024).
Según las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI, 2020), la Amazonía concentró un pico del 74,8 % de los cultivos a nivel nacional en 2001. Aunque esta concentración disminuyó al 32,9 % en 2010 y osciló entre 18 % y 29 % entre 2018 y 2021, en los últimos cinco años tuvo un aumento de 88,9 % en los municipios del arco noroccidental de deforestación en la Amazonía (FCDS, 2025); demostrando que la persistencia geográfica de estos cultivos exacerba la conflictividad al superponerse con figuras de Ordenamiento Territorial como Parques naturales nacionales y Resguardos Indígenas, en detrimento de los recursos, financiando directamente a actores ilegales que ejercen control territorial violento, profundizando así las tensiones socioambientales. Esto se refleja en los CSA de Vista Hermosa, Resguardo Nukak y Yaguara II, los Parques naturales de Tinigua, Picachos y Macarena que, aunque son CSA que están agrupados en la tipología de agropecuaria y tierras, hay una estrecha relación con la tipología de cultivos de uso ilícito.
En cuanto a la infraestructura, los CSA de esta tipología han estado enmarcados en el desarrollo de vías, que se establece como un hito fundacional en la distribución geográfica de muchos de los conflictos de la región al definir los ejes iniciales de colonización. Este patrón se evidencia históricamente con proyectos clave: la trocha construida por la Rubber Development Company entre 1939 y 1945 en el Vaupés (Molano, 1986; CNMH, 2015a); la planeación de la Vía Marginal de la Selva que impulsó la penetración a Caquetá y Putumayo desde los años sesenta; y el desarrollo de vías asociadas a la extracción de hidrocarburos que consolidan asentamientos. Según lo expuesto en el Atlas, las áreas aledañas a estos ejes de penetración histórica exhiben una mayor frecuencia y densidad de CSA, especialmente aquellos asociados a las tipologías agropecuario y tierras, hidrocarburos y en algunos casos cultivos de uso ilícito. Esto valida que el desarrollo de vías, independientemente de su calidad, actúa como el vector físico que facilita la expansión de la frontera extractiva (ganadería extensiva, cultivos de uso ilícitos, tala ilegal) y la subsiguiente tensión con las figuras de ordenamiento territorial superpuestas en la Amazonía.
La llegada de los bonos REDD+ a la Amazonía constituye un hito reciente, que se acentuó a partir de 2010. Este fenómeno introdujo una nueva dimensión de conflicto, disociada de los procesos históricos de colonización urbana. Los CSA asociados a REDD+ se caracterizan por ser conflictos de gobernanza y derechos de uso, que surgen de la superposición de derechos de carbono sobre figuras de Ordenamiento Territorial ya establecidas, principalmente Resguardos Indígenas (Díaz et al., 2025). La implementación de estos proyectos, impulsada por el mercado global de carbono, ha generado tensiones al cuestionar la autonomía de las comunidades sobre la gestión de sus bosques, y al introducir figuras contractuales complejas que a menudo desconocen los arreglos internos de la propiedad y el manejo del suelo. En esta tipología se ha caracterizado dos CSA en el Atlas que muestran las tensiones que se están dando en zonas de alta integridad ecológica y fuerte gobernanza étnica, lo que valida que este hito representa una nueva frontera de valorización económica que choca con los derechos territoriales colectivos.
Igualmente, el tráfico ilegal y sobreexplotación de biodiversidad constituye un hito extractivo persistente en la Amazonia, históricamente ligado a los mismos corredores de penetración y colonización. A diferencia de otros hitos con fechas de inicio definidas (como el boom petrolero o cocalero), la sobreexplotación de biodiversidad ha operado como una actividad extractiva de bajo perfil, pero constante, que se ha relacionado con la baja presencia institucionalidad, las demandas del mercado y la presión creciente sobre distintas áreas de la Amazonia colombiana. El Atlas demuestra empíricamente que las tensiones por esta tipología se concentran en las zonas de amortiguación de las Áreas Protegidas y los Resguardos Indígenas, validando que el tráfico ilegal es un componente estructural de la economía criminal que opera al margen de la ley y de los mandatos de ordenamiento territorial (FCDS, 2025).
Las tensiones en la Amazonía han llevado a que los distintos actores afectados en este contexto busquen manifestarse de múltiples formas: desde acciones legales como tutelas y sentencias, hasta denuncias públicas en redes sociales, medios de comunicación y otras formas de dar a conocer los hechos, además de protestas y reclamos a partir de la reconfiguración de los grupos armados ilegales y a sus actividades de financiamiento, sobre todo, en el contexto posterior a la firma del acuerdo de paz en 2016. Justamente el vacío de poder en territorio derivó en la conformación de grupos disidentes y la llegada de nuevos actores transnacionales que controlan economías ilegales en este nuevo ciclo de violencia en el país (Gutiérrez-Sanín, 2020; Villegas y Mendoza, 2025).
De esta manera se ha podido identificar con los relatos de las comunidades participantes en la identificación de CSA para conocer cómo han cambiado los repertorios de acción de distintos grupos armados al margen de la ley, en las economías ilegales que se enuncian en distintos CSA del Atlas y cómo distintos actores afectados por distintos impactos ambientales, sociales, culturales y económicos han buscado manifestarse de algún modo. Es de este modo como el Atlas se convierte en una herramienta para visibilizar y reconocer estos CSA que se están dando en la Amazonía.
Conclusiones
El Atlas se posiciona como una herramienta de libre acceso importante en la comprensión integral de las tensiones que se presentan en la Amazonía colombiana, desde un enfoque participativo que se retroalimenta con las voces del territorio, recuperando el conocimiento local sobre los CSA; aquí se retrata el complejo panorama que vive la región por cuenta de las distintas visiones y valoraciones que se tienen sobre un mismo territorio, con grandes impactos ambientales y sociales como quiebres del tejido social, la pérdida de los medios de subsistencia y amenazas a la preservación de los conocimientos tradicionales, entre otros impactos. Por ello el Atlas apunta a considerar los distintos aspectos geográficos, históricos, ecológicos, sociales y económicos en la comprensión detallada de cada conflicto.
El Atlas invita a comprender la región como un territorio diverso, intercultural, y en el que convergen y enfrentan distintas ontologías relacionales entre humanos y naturaleza. Justamente la Amazonía atraviesa una lucha por la pervivencia de conocimientos y prácticas tradicionales ante distintas amenazas a la salud del territorio y de las sociedades que no solo encuentran sustento allí, sino también en muchos casos la razón de su identidad. Caracterizar estos conflictos, incluyendo narrativas locales, pone en la discusión pública las tensiones territoriales que se están dando por determinadas situaciones socioambientales, las cuales al ser expuestas y visibilizadas a partir de la participación ciudadana de forma incluyente y co-constructiva contribuyen a generar agendas de gobernanza transformativa, donde los CSA caracterizados pueden ser ventanas de diálogo para lograr una mejor convivencia y sostenibilidad de la región.
La experiencia adquirida en las distintas fases de trabajo en torno al Atlas permite considerar que es necesario fortalecer los procesos de caracterización y diálogo comunitario frente a los distintos conflictos que se han configurado en los territorios. Como se indicó anteriormente, el Atlas revela las dinámicas propias de conflictos particulares en zonas específicas en donde se llevaron a cabo los talleres de diálogo participativo, por lo que aunque no se podría hablar de una comprensión amplia o integral de los CSA en la Amazonía colombiana, es el inicio de un largo proceso de identificación y caracterización de estas dinámicas conflictivas que envuelven a la Amazonía colombiana. Así, los conflictos en la región no se limitan a las tipologías propuestas, a los actores señalados o a los CSA caracterizados por el Atlas, pero aquellos que allí reposan y otros que puedan ser incorporados son pinceladas de un amplio y complejo panorama en la región.