Extractivismo y nación en Bolivia contemporánea: discursos, imaginarios y resistencias

1. Introducción Bolivia se define constitucionalmente como un Estado Plurinacional que reconoce la existencia de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos con derechos colectivos, autonomía territorial y participación en la construcción del Estado (CPE, 2009). Este diseño supone una ruptura con el Estado-nación homogéneo heredado del siglo xix: la soberanía no reside en un pueblo único sino en una multiplicidad de sujetos políticos diferenciados. Sin embargo, la construcción efectiva de esa estatalidad plurinacional ha sido profundamente contradictoria. El país mantiene una economía exportadora de hidrocarburos, minerales y soya que ha marcado el discurso nacional con promesas de desarrollo y soberanía, al mismo tiempo que genera conflictos ambientales y sociales de intensidad creciente. Esta contradicción no es accidental: es el síntoma de un campo discursivo en disputa, donde el vocabulario plurinacional sirve tanto para articular demandas de autonomía indígena como para encubrirlas.

El problema central de este artículo no es solo quién tiene razón en esos conflictos, sino cómo se construye discursivamente la nación boliviana en el contexto extractivista: qué operaciones narrativas legitiman la extracción, qué voces quedan fuera del relato oficial y mediante qué mecanismos. La pregunta guía es: ¿Cómo se articulan discursivamente extractivismo y proyecto de nación en la Bolivia contemporánea, y qué racionalidades subyacen a esa articulación? Para responderla, combinamos el análisis crítico del discurso con el estudio de cuatro casos empíricos que permiten identificar los mecanismos concretos mediante los cuales el Estado convierte la resistencia comunitaria en amenaza al orden nacional.

La tesis central es que, en Bolivia, el extractivismo y el proyecto nacional no coexisten en tensión sino que se articulan activamente: el extractivismo no es una política que el Estado aplica a pesar de sus compromisos plurinacionales, sino el núcleo organizador del discurso estatal sobre la nación. El Estado moviliza el vocabulario plurinacional precisamente para neutralizar las demandas que ese vocabulario habilita. Esta tesis tiene consecuencias directas para el campo de la comunicación: implica que la violencia contra los defensores ambientales no es solo represión física sino producción discursiva, una operación de sentido que define quién puede hablar en nombre de Bolivia y quién no. El texto se organiza así: marco teórico sobre extractivismo, nación y poder discursivo; análisis del caso boliviano con atención a las narrativas estatales; estudio empírico de los cuatro casos; identificación de las tres operaciones discursivas centrales; y reflexiones propositivas para la transformación del campo discursivo.

2. Metodología Esta investigación adopta un diseño cualitativo que combina análisis crítico del discurso con estudio de casos múltiples. El análisis crítico del discurso permite examinar cómo los textos producen y reproducen relaciones de poder: no solo qué dice el discurso estatal boliviano sobre el extractivismo, sino cómo lo dice, qué presupone, qué silencia y qué consecuencias sociales tiene esa operación de sentido. Esta perspectiva responde directamente al problema de investigación planteado, que no busca solo describir conflictos sino identificar las racionalidades discursivas que los producen y los hacen aparecer como naturales.

Los corpus analizados incluyen: documentos de política pública (Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025); textos constitucionales (CPE, 2009, especialmente los artículos sobre derechos indígenas, consulta previa y recursos naturales); informes de organizaciones de derechos humanos (UNITAS, CEDIB); reportes periodísticos nacionales e internacionales (Mongabay Latam, Erbol, ANA Bolivia); y testimonios directos documentados por organizaciones especializadas. El análisis contrasta el discurso oficial con los discursos de resistencia comunitaria en cada caso, identificando las operaciones retóricas mediante las cuales el primero subsume, marginaliza o criminaliza a los segundos. La selección de análisis discursivo como método principal responde al problema central del artículo —la relación entre extractivismo y narrativa nacional—, que es fundamentalmente un problema de sentido antes que de eficiencia institucional o desempeño económico.

La selección de los cuatro casos —Tariquía (Tarija), Cala Cala (Oruro), Viacha (La Paz) y el Salar de Uyuni (Potosí)— responde a criterios de representatividad geográfica y diversidad de actividades extractivas, pero también a su relevancia discursiva: cada caso permite identificar una operación específica del discurso estatal frente a la resistencia. El estudio enfrenta tres limitaciones: acceso restringido a documentos gubernamentales clasificados; imposibilidad de entrevistar directamente a defensores en situación de riesgo; y potencial sesgo documental, dado que las organizaciones de la sociedad civil registran violaciones de derechos más sistemáticamente que las instancias oficiales. Esta limitación se mitiga triangulando información de fuentes independientes para cada caso y explicitando el tipo de fuente en cada referencia.

3. Marco teórico: extractivismo, nación y poder discursivo 3.1. El Estado-nación como dispositivo discursivo El concepto de Estado-nación no es un dato histórico neutral sino un dispositivo de la modernidad capitalista orientado históricamente a homogenizar poblaciones diversas bajo una identidad única, centralizar la soberanía y disolver formas de organización comunitaria preexistentes. Esta función homogenizante es, al mismo tiempo, una función discursiva: el Estado produce la nación como comunidad política mediante narrativas que definen quién pertenece al cuerpo político, qué valores lo cohesionan y qué futuro le corresponde. Es necesario distinguir, sin embargo, entre Estado y nación: el Estado refiere al aparato institucional-jurídico que ejerce soberanía sobre un territorio, mientras que la nación designa la comunidad política que ese aparato pretende representar, cuya construcción es siempre narrativa, conflictiva e incompleta (Bhabha, 1994).

En el caso boliviano, se pretendía que el Estado Plurinacional de 2009 reformulara ese dispositivo reconociendo que la soberanía reside en una multiplicidad de sujetos políticos y que la nación boliviana es constitutivamente diversa. Bhabha (1994) ofrece las herramientas conceptuales más precisas para entender por qué esa reformulación resultó incompleta. La nación moderna opera mediante una doble temporalidad: por un lado, la dimensión pedagógica construye un relato histórico acumulativo orientado a legitimar el orden nacional existente; por otro, la dimensión performativa emerge de la práctica cotidiana de los sujetos y subvierte permanentemente ese relato oficial. El Estado plurinacional boliviano adoptó el vocabulario de la dimensión performativa —el ‘nosotros’ diverso de las naciones indígenas— incorporándolo al relato pedagógico oficial. Lo que los casos analizados revelan es que esa incorporación fue selectiva: el vocabulario se adoptó, pero el poder de decisión permaneció centralizado. Esta tensión entre lo pedagógico y lo performativo es la clave interpretativa de los cuatro casos empíricos analizados en la sección 5.

El extractivismo se entiende aquí no solo como modelo económico sino como una racionalidad discursiva: un conjunto de presupuestos sobre la naturaleza, el territorio y el progreso que organiza las políticas públicas, define los conflictos como problemas técnicos antes que como disputas de poder, y produce ciertas formas de vida como legítimas mientras declara otras como obstáculos al desarrollo. En América Latina, Svampa (2012) identifica este proceso como la instauración de un “consenso de los commodities” que hegemoniza el sentido del bienestar colectivo, haciendo aparecer la extracción masiva de recursos como la única vía posible hacia la modernización.

En Bolivia, esa racionalidad se manifiesta en un campo discursivo específico. Los documentos de política pública y los discursos presidenciales sobre el litio son paradigmáticos: el Salar de Uyuni se convierte en “el motor de la economía del siglo xxi”, en “el petróleo del futuro”, en la promesa de que Bolivia dejará de ser pobre. Esta cadena metafórica opera discursivamente de manera precisa: construye el territorio como recurso antes que como espacio de vida, posiciona a las comunidades como beneficiarias pasivas antes que como sujetos soberanos, y convierte la resistencia en ingratitud o en obstáculo al progreso colectivo. Como señalan Chaparro Escudero y Escobar (2020), el discurso del desarrollo absorbe el vocabulario del “vivir bien” —en la formulación boliviana, no ecuatoriana del término— vaciándolo de su contenido territorial y comunitario para transformarlo en garantía ideológica de la expansión extractiva. Esta apropiación discursiva es una de las operaciones centrales que los casos documentados permiten identificar.

3.3. Necropolítica: de la metáfora al análisis La noción de necropolítica de Mbembe (2011) describe el poder soberano como la capacidad de decidir quién vive y quién muere, quién puede habitar el territorio y en qué condiciones. Aplicada al extractivismo, esta categoría no funciona como metáfora sino como descripción analítica precisa: el Estado extractivista organiza políticamente la sociedad definiendo qué territorios y poblaciones son disponibles para ser degradados en función del rendimiento económico. Las “zonas de sacrificio” no son un accidente del desarrollo sino su condición de posibilidad.

Lo que distingue la necropolítica extractivista boliviana de formas más directas de violencia estatal es su operación discursiva. La muerte —social, cultural, jurídica y en algunos casos física— de los defensores ambientales no se presenta como violencia sino como consecuencia de sus propios actos: obstruyeron el progreso, violaron acuerdos, desafiaron la ley. El sistema judicial funciona como aparato de producción discursiva que convierte la defensa del territorio en delito. Esta función del derecho —identificada por Rivera Cusicanqui (2010) como uno de los “gestos de instrumentalización racionalista” del ethos colonial— es lo que los cuatro casos analizados permiten documentar en detalle.

La articulación entre necropolítica y extractivismo produce lo que denominamos necropolítica discursiva: no solo se extrae la vida de los territorios, sino que se extrae la legitimidad de quienes los defienden. Jacobo Copa Mamani es torturado y su testimonio es ignorado por el sistema judicial; los defensores de Tariquía son judicializados por ejercer derechos constitucionales; Pastor Carvajal debe salir del país para que sus denuncias sean escuchadas. El Estado no necesita silenciar físicamente a los disidentes: los silencia discursivamente, convirtiéndolos en actores ilegítimos dentro del propio marco jurídico que afirma protegerlos.

3.4. Rivera Cusicanqui: colonialidad interna y ‘ch’ixinakax’ Silvia Rivera Cusicanqui (2010, 2022) aporta la perspectiva más específicamente andina al análisis. Su concepto de ‘ch’ixinakax’ designa la coexistencia no resuelta de lógicas coloniales y precolombinas en el presente boliviano: no un pasado superado sino contradicciones activas que organizan las relaciones sociales. Lo relevante para este artículo no es solo el diagnóstico sino el mecanismo: Rivera Cusicanqui muestra cómo los discursos de inclusión y reconocimiento cultural reproducen la lógica colonial precisamente cuando pretenden superarla. El reconocimiento formal de los derechos indígenas en la CPE de 2009 no elimina la colonialidad; la desplaza al nivel de la implementación, donde los ‘gestos de instrumentalización racionalista’ continúan operando bajo formas aparentemente modernas y plurales.

Este desplazamiento es discursivo antes que administrativo. El Estado no dice: “los indígenas no importan”; dice: “los indígenas son parte de la nación boliviana y por eso se beneficiarán de sus recursos”. Lo que esta operación borra es la dimensión territorial de la identidad indígena: el territorio no es un recurso del que se benefician sino el fundamento de su existencia como pueblo. Cuando el Estado convierte el Salar de Uyuni en “recurso estratégico nacional”, incorpora a las comunidades del Salar a una narrativa donde ya no pueden decir “no” sin contradecir su propio beneficio. Esta es la forma más sofisticada de colonialidad interna: no la exclusión sino la inclusión que anula la autonomía. El ‘mundo ch’ixi’ que Rivera Cusicanqui (2022) propone como horizonte — la coexistencia no jerárquica de lógicas diversas— es exactamente lo que el discurso extractivista estatal declara haber alcanzado mientras lo niega en la práctica.

Clifford Geertz (1992) sugiere que la cultura es un entramado de símbolos e interpretaciones que provee modelos organizativos para la sociedad. En ese sentido, la nación puede entenderse como una trama simbólica que las instituciones tejen para dar significado a la identidad colectiva. Esta trama no es neutral: prioriza ciertos símbolos —el crecimiento del PIB, la industrialización, la tecnología— y subordina otros —las cosmovisiones indígenas sobre el territorio, el agua y la comunidad— reconociéndolos formalmente en la Constitución mientras los desplaza cuando entran en conflicto con los intereses extractivos.

La perspectiva poshumanista de Rosi Braidotti (2019) ofrece un complemento crítico relevante: su propuesta de superar el antropocentrismo para construir relaciones horizontales con el entorno no es ajena a las epistemologías andinas que siempre han entendido la relacionalidad entre humanos y no-humanos. Lo que el extractivismo boliviano produce es, en términos de Braidotti, la reinstauración de un sujeto plenamente antropocéntrico y moderno —el Estado desarrollista— que instrumentaliza tanto a las comunidades como a los ecosistemas en nombre del crecimiento. Las prácticas territoriales de las comunidades indígenas son, desde esta perspectiva, no el atraso sino la alternativa: formas de existencia que organizan el vínculo con el entorno desde lógicas radicalmente diferentes a las del extractivismo, y que por eso mismo resultan incompatibles con él.

4. Extractivismo y narrativas estatales en Bolivia 4.1. La paradoja del Estado Plurinacional Bolivia ostenta un complejo imaginario nacional cuyas tensiones se remontan a 1825. La metáfora del “Estado-minero” condensó durante siglos la idea de una nación organizada en torno a la explotación de sus recursos. La llegada al poder de Evo Morales en 2006 —primer gobierno con mayoría indígena en la historia boliviana, sustentado en movimientos sociales campesinos, cocaleros y originarios— prometió una ruptura con esa herencia. La Asamblea Constituyente de 2006-2009 produjo una Constitución que reconoce el “vivir bien” como principio ético del Estado, garantiza la consulta previa libre e informada y establece la naturaleza como sujeto de derechos. Esta es la dimensión pedagógica: el relato oficial de ruptura con el colonialismo.

La práctica fue otra. El MAS nacionalizó el gas y el petróleo transfiriendo la renta al Estado, pero redistribuyó mediante bonos y programas sociales, no mediante fortalecimiento de la autonomía territorial indígena. En 2011, el gobierno impulsó la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), episodio que fracturó la alianza con los movimientos indígenas del oriente boliviano y evidenció la lógica subyacente: si los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano, el Estado —como representante legítimo de ese pueblo— puede extraerlos en su nombre, incluso cuando las comunidades que habitan esos territorios se oponen. La consulta previa queda subsumida en la soberanía estatal, no como límite sino como trámite.

Esta lógica produce un campo discursivo con tres estratos superpuestos que conviene distinguir analíticamente. El primero es el constitucional: el Estado plurinacional reconoce la autonomía indígena y la consulta previa como derechos. El segundo es el gubernamental: el Estado, como representante del pueblo boliviano, puede y debe gestionar los recursos para el bien común. El tercero es el represivo: quienes obstaculizan esa gestión actúan contra el bien común y deben responder ante la ley. El tránsito del primer estrato al tercero —de la garantía constitucional a la criminalización— es el objeto de análisis de la siguiente sección.

4.2. Los símbolos en disputa: dos imaginarios inconmensurables Desde la perspectiva geertziana, la “cultura nacional” boliviana contiene elementos profundamente contradictorios. Las tramas de significado que organizan la vida social incluyen cosmovisiones andinas y amazónicas — donde el territorio es un sujeto con derechos, no un objeto de explotación—, la memoria de la colonización y la resistencia, los discursos revolucionarios del nacionalismo de 1952, y los imaginarios del desarrollo moderno. El Estado, al priorizar el extractivismo, produce una jerarquía simbólica que no es neutral: eleva el crecimiento del PIB y la industrialización como medidas del bienestar colectivo, y subordina las cosmovisiones indígenas a la condición de patrimonio cultural tolerable mientras no interfieran con la lógica extractiva.

El caso del litio es emblemático: el Salar de Uyuni es simultáneamente símbolo del potencial económico boliviano en el discurso estatal, e irreemplazable espacio de vida para las comunidades que lo habitan —espacio donde la sal, el agua y el ecosistema no son recursos sino condición de existencia. Estas dos construcciones simbólicas son inconmensurables: no es posible negociar entre ellas de manera que ambas salgan intactas. La decisión del Estado de convertir la primera en “narrativa nacional” y reencuadrar la segunda como “demanda particular” a ser procesada mediante mecanismos institucionales controlados por el propio Estado es una elección política disfrazada de procedimiento técnico-administrativo. Identificar ese disfraz es precisamente la tarea del análisis crítico del discurso.

Antes de analizar los casos individuales, es necesario dimensionar el fenómeno en su conjunto. Según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, en 2024 se registraron 93 vulneraciones al derecho a defender derechos en Bolivia; la criminalización fue el tipo más frecuente con 53 registros (57 %) y el 75 % de las vulneraciones tuvo como víctimas a defensores del medio ambiente; los principales perpetradores fueron funcionarios o entidades del Estado (UNITAS, 2025a). Durante el primer cuatrimestre de 2025, el CEDIB documentó 14 casos de violaciones a derechos de defensores ambientales, el 79 % de los cuales involucra a personas de pueblos indígenas o comunidades campesinas —un caso cada ocho días—; en 9 de esos 14 (64 %) las violaciones ocurrieron dentro de áreas naturales protegidas (Mongabay Latam, 2025c). En el segundo cuatrimestre de 2025 los casos se duplicaron: de 10 a 22, con 14 correspondientes específicamente a criminalización (UNITAS, 2025b).

Estos números son relevantes no solo cuantitativamente sino discursivamente: revelan un patrón, no una serie de incidentes aislados. La criminalización es consistentemente el mecanismo más utilizado, lo que indica una preferencia estructural del Estado por convertir la resistencia en delito antes que reconocerla como ejercicio legítimo de derechos. Esta preferencia es coherente con el campo discursivo analizado en la sección anterior: si la resistencia comunitaria es un obstáculo al progreso nacional, el derecho penal es el instrumento adecuado para procesarla. No se trata de un abuso del sistema sino de su funcionamiento dentro de los marcos discursivos dominantes.

5.2. Tariquía: soberanía comunitaria contra soberanía energética La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija, ofrece el caso más nítido de colisión entre el discurso constitucional y la práctica extractiva estatal. La reserva protege ecosistemas únicos y comunidades campesinas con décadas de presencia territorial. Diez comunidades del área de Chiquiacá realizaron asambleas democráticas internas y decidieron colectivamente oponerse a la exploración hidrocarburífera, ejerciendo lo que la propia CPE define como consulta previa libre e informada. El resultado de esas consultas fue inequívoco: rechazo a la extracción.

La respuesta estatal fue discursivamente reveladora. En lugar de reconocer el resultado como ejercicio de derechos constitucionales, el gobierno reencuadró la oposición como acción de “grupos que desinforman a las comunidades” y como obstáculo a la “soberanía energética nacional”. Veintinueve defensores fueron imputados penalmente por delitos que en los hechos correspondían a actividad de denuncia y organización comunitaria. El Defensor del Pueblo Pedro Callisaya cuestionó públicamente la criminalización señalando su incompatibilidad con el marco constitucional (ANA Bolivia, 2025b), pero ese pronunciamiento no tuvo consecuencias institucionales. Los defensores debieron recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidenciando que las instancias nacionales —judiciales, ejecutivas y la propia Defensoría— no cumplieron su función (ANA Bolivia, 2025a).

Lo que este caso revela discursivamente es la operación de sustitución soberana: la soberanía de las comunidades —garantizada constitucionalmente— es sustituida por la soberanía del Estado en nombre del bien nacional. El movimiento retórico es preciso: primero se afirma que los recursos son ‘del pueblo boliviano’; luego se establece que el Estado representa a ese pueblo; finalmente, quienes se oponen a la extracción quedan fuera del pueblo cuyo nombre se invoca. Esta trinidad —pueblo/Estado/recursos— es la estructura profunda del discurso extractivista boliviano.

5.3. Cala Cala: cuando la necropolítica se vuelve corporal El caso del ayllu Cala Cala, en el departamento de Oruro, lleva la necropolítica discursiva a su expresión más concreta. Jacobo Copa Mamani, dirigente del ayllu, fue físicamente agredido —con consecuencias que incluyeron pérdida de piezas dentales y pérdida de conocimiento— luego de haber notificado a una cooperativa minera que operaba en el territorio sin autorización comunitaria. La agresión fue documentada por UNITAS (2025, 10 de julio) y calificada como acto de tortura.

El análisis discursivo de este caso requiere atender a lo que no ocurrió: la investigación judicial fue lenta, los responsables no fueron identificados con celeridad, y el ayllu no recibió medidas de protección inmediatas. En contraste, cuando las comunidades indígenas son ubicadas en el lugar de las “agresoras” —en los términos del discurso extractivista—, el sistema judicial actúa con mayor rapidez. Esta asimetría no es ineficiencia institucional: es la expresión práctica de un campo discursivo donde ciertos cuerpos —los de los defensores indígenas— tienen menor valor que ciertos intereses institucionales —los de las cooperativas mineras con vínculos con el Estado. Mbembe (2011) definiría esta asimetría como distribución desigual de la precariedad: la necropolítica no es solo la decisión de matar sino la organización social que hace que ciertas muertes —simbólicas o físicas— sean más tolerables que otras.

5.4. Viacha: contaminación, silencio y denuncia transnacional Pastor Carvajal, defensor ambiental de Viacha (La Paz), documentó la contaminación hídrica generada por actividades industriales toleradas por el Estado y su impacto sobre el lago Titicaca. La conexión entre Viacha y el Titicaca es discursivamente estratégica: el lago es un símbolo nacional y transnacional de primer orden, y vincular su contaminación con actividades toleradas por el Estado conecta la destrucción local con el imaginario nacional. En términos de Bhabha (1994), esta es una operación performativa clásica: irrumpe en el relato pedagógico oficial —Bolivia como nación que avanza hacia el desarrollo— e introduce una temporalidad disruptiva que obliga a reconocer lo que ese relato silencia.

Carvajal fue amenazado de muerte en Bolivia y en Nueva York, donde debió trasladarse para denunciar ante organismos internacionales. Esta trayectoria no es solo personal: es la trayectoria de un discurso que el Estado boliviano fue incapaz de procesar en sus propias instituciones. El silencio institucional ante las denuncias de Carvajal —y la respuesta mediante amenazas— es en sí mismo un acto discursivo: comunica que ciertos testimonios no tienen lugar en el espacio nacional, que ciertos cuerpos deben salir del país para que sus palabras sean escuchadas. Esta expulsión simbólica es una forma de necropolítica discursiva que no requiere violencia física para operar. Cuando Carvajal anuncia que no tiene miedo y continuará con las denuncias, está ejerciendo la dimensión performativa de la narrativa nacional: redefine lo que significa ser boliviano desde la práctica de defensa, no desde la obediencia al proyecto extractivista.

5.5. Litio: soberanía sin sujeto El caso del Salar de Uyuni es el más complejo porque involucra el recurso más estratégico del período. La narrativa estatal construyó el litio boliviano como la oportunidad histórica de romper con la dependencia exportadora: “industrialización con valor agregado”, tecnología e integración a la economía global de la transición energética. Esta narrativa tiene una estructura redentora —Bolivia que finalmente escapa de su historia colonial— que la vuelve difícilmente refutable sin ser tachado de antipatriótico. Es, en términos de Geertz (1992), un símbolo de altísima densidad cultural: condensa la memoria del subdesarrollo, la promesa de la modernización y el orgullo nacional en un solo objeto mineral.

Sin embargo, los contratos firmados con empresas extranjeras — cuestionados por el MIT por su viabilidad técnica (Rumbominero, 2025) y por la Asamblea Legislativa por la ausencia de consulta previa (Mongabay Latam, 2025b)— revelan la contradicción central: la soberanía que el discurso reivindica no fue ejercida por los sujetos que habitan el territorio. Las 14 comunidades del Salar no fueron consultadas en condiciones que cumplan los estándares de la consulta previa libre e informada. Iván Calcina, representante comunitario, lo formuló con precisión: “El punto más importante para nosotros es la consulta previa” (Infobae, 2025). Esta demanda no es procedimental sino política: es la exigencia de ser reconocidos como sujetos soberanos dentro del proyecto nacional que invoca su nombre. El Estado respondió con el vocabulario de la inclusión y la práctica de la exclusión. Discursivamente, el caso del litio muestra la operación más sofisticada: la apropiación del vocabulario de la soberanía y la descolonización para legitimar relaciones que reproducen la dependencia y la exclusión. Bolivia no exporta materia prima barata, ahora “agrega valor”; no vende a transnacionales, ahora “establece alianzas estratégicas”. Cada reformulación retórica cumple la misma función: mantener la lógica extractiva mientras se renueva el vocabulario que la legitima.

6. Análisis crítico: tres operaciones discursivas Los cuatro casos permiten identificar tres operaciones discursivas recurrentes mediante las cuales el campo discursivo estatal articula extractivismo y nación. Estas operaciones no son estrategias conscientes de manipulación sino mecanismos estructurales de un campo que tiene sus propias reglas de producción de sentido. Su identificación responde directamente a la pregunta guía del artículo y sintetiza los hallazgos empíricos en categorías analíticas.

6.1. La naturalización del sacrificio La primera operación consiste en presentar la destrucción de territorios y comunidades no como violencia sino como condición necesaria del desarrollo nacional. Esta naturalización opera mediante una retórica de la inevitabilidad: no es que el Estado quiera sacrificar a las comunidades, es que la economía lo requiere, que el país lo necesita, que las generaciones futuras lo agradecerán. El sacrificio se convierte en una forma de patriotismo involuntario impuesto a quienes viven encima de los recursos que la nación necesita.

En los cuatro casos, esta operación es identificable en las declaraciones oficiales. En Tariquía, la exploración hidrocarburífera es “necesidad de soberanía energética”. En Cala Cala, las cooperativas mineras son “fuentes de trabajo” que las comunidades no pueden permitirse rechazar. En Viacha, la contaminación industrial es un “costo del desarrollo” que se resolverá con el tiempo y la tecnología. En el Salar de Uyuni, el litio es “el futuro de Bolivia”, narrativa frente a la cual la demanda de consulta previa aparece como obstáculo mezquino a una oportunidad histórica. En todos los casos, el costo lo pagan las comunidades y la ganancia es colectiva —o sea, abstracta, o sea, administrada por el Estado—.

6.2. La neutralización de narrativas disidentes La segunda operación consiste en responder a los discursos de resistencia no con argumentos sino con mecanismos institucionales que los deslegitiman antes de que puedan entrar al debate público. La criminalización judicial es el mecanismo central: convierte al defensor ambiental en imputado, al testigo en acusado, al sujeto de derechos en objeto de la ley. Una vez que eso ocurre, el debate ya no es sobre los méritos de las denuncias —la contaminación en Viacha, la ausencia de consulta en el Salar— sino sobre la conducta procesal del denunciante. La lógica judicial desplaza la lógica política y convierte un conflicto de poder en un problema administrativo.

Este mecanismo opera en coordinación con la cooptación de organizaciones sociales para dividir a las comunidades en resistencia. Cuando el Estado instrumentaliza organizaciones como la CSUTCB para deslegitimar a defensores en nombre de la “representación popular”, reproduce la lógica colonial que Rivera Cusicanqui (2010) identifica como central al ethos colonial boliviano: afirmar que se representa a los pueblos mientras se les niega capacidad de acción autónoma. La cooptación no es solo corrupción sino producción discursiva de una representación alternativa que presenta a los defensores como ‘minorías radicales’ frente a una mayoría cuya voz el Estado controla.

6.3. La apropiación del vocabulario plurinacional La tercera operación es la más sofisticada y la que más directamente involucra al campo de la comunicación. Consiste en adoptar el vocabulario del plurinacionalismo —“vivir bien”, consulta previa, autonomía indígena, Madre Tierra— vaciándolo de su contenido político y reconvirtiéndolo en legitimador de la expansión extractiva. Como señala Rivera Cusicanqui (2010), los discursos de inclusión pueden reproducir la exclusión cuando no se acompañan de transformaciones reales en las relaciones de poder.

Lo específico del caso boliviano post-2009 es que esta apropiación ocurre desde el interior del propio discurso constitucional: el Estado que aprobó la CPE plurinacional es el mismo que firma contratos sin consulta previa, que criminaliza a defensores indígenas invocando el bien colectivo, que expande la frontera extractiva sobre territorios que la Constitución protege. Esta incoherencia no es accidental sino estructural. Sin la Constitución de 2009, el Estado no podría decir “consultamos a las comunidades” cuando no lo hizo; sin el discurso del “vivir bien”, no podría presentar el extractivismo como compatible con el bienestar indígena. El vocabulario plurinacional es el escudo retórico que hace posible la práctica homogenizante. Esta es, como señala Bhabha (1994), la paradoja constitutiva de toda narrativa nacional moderna: necesita proclamar la diversidad precisamente para gestionar su reducción.

7. Hacia narrativas post-extractivistas: reflexiones propositivas El análisis precedente no conduce a un diagnóstico pesimista sino a una identificación precisa del terreno donde deben operarse los cambios. Si el extractivismo boliviano opera fundamentalmente como racionalidad discursiva, entonces su transformación requiere intervenciones en el campo del discurso —no solo reformas institucionales o transiciones económicas, aunque estas sean también necesarias. Los cinco ejes propuestos a continuación están orientados por las categorías teóricas desarrolladas y se derivan directamente de los hallazgos empíricos.

7.1. Reformular el proyecto nacional desde la plurinacionalidad efectiva El primer eje requiere romper con la trinidad discursiva pueblo/Estado/ recursos que atraviesa los cuatro casos. En términos de Bhabha (1994), implica abrir espacio para que la dimensión performativa de la nación —las narrativas que emergen de las comunidades en resistencia— pueda interpelar y modificar la dimensión pedagógica oficial. Esto tiene consecuencias institucionales concretas: las comunidades del Salar de Uyuni necesitan poder de veto vinculante, no derecho consultivo formal; las diez comunidades de Chiquiacá que rechazaron el gas ejercieron soberanía y ese ejercicio debería producir consecuencias jurídicas irreversibles. La reformulación del proyecto nacional implica aceptar que el ‘nosotros boliviano’ no puede ser definido unilateralmente por el Estado cuando los sujetos que ese ‘nosotros’ incluye dicen lo contrario.

7.2. Descolonizar el discurso jurídico Como muestran los casos de Tariquía y Cala Cala, los operadores judiciales leen los conflictos socioambientales desde marcos interpretativos que naturalizan el extractivismo y criminalizan la resistencia. La reforma judicial no puede limitarse a la capacitación técnica: debe incluir una transformación de los marcos discursivos desde los cuales se interpretan estos conflictos. En términos de Rivera Cusicanqui (2010), desmantelar los “gestos de instrumentalización racionalista” exige reconocer que el derecho positivo boliviano contiene contradicciones que solo pueden resolverse si se otorga primacía a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas sobre los intereses económicos del Estado.

La creación de una jurisdicción especializada en conflictos socioambientales es condición necesaria pero no suficiente. Mientras el sistema judicial opere desde el presupuesto de que el desarrollo es prioritario, la reforma será absorbida por la lógica que pretende corregir. La Defensoría del Pueblo necesita atribuciones vinculantes —no pronunciamientos que el ejecutivo puede ignorar— y recursos para activar protocolos de protección inmediata cuando defensores son amenazados.

El tercer eje es el más directamente comunicacional. Si el extractivismo opera como racionalidad discursiva, la resistencia a él requiere producción discursiva sistemática. El periodismo ambiental investigativo —como el que practican Mongabay Latam, CEDIB y UNITAS— no es solo una herramienta de transparencia: es un actor de producción de sentido que visibiliza lo que el relato estatal silencia y contribuye a construir un imaginario nacional más complejo. Ampliar y financiar establemente este periodismo es una condición para la transformación discursiva propuesta.

Igualmente relevante es el papel de las universidades en la producción de marcos interpretativos alternativos. Incorporar la crisis climática, los derechos de la naturaleza y las epistemologías indígenas como contenidos curriculares es una exigencia de coherencia con el propio diseño constitucional boliviano. Como propone Escobar a través de su concepto de “diseños para el pluriverso” (Chaparro Escudero y Escobar, 2020), la posibilidad de un modelo postextractivista no es solo económica sino fundamentalmente narrativa: requiere que sea imaginable antes de que sea implementable. Las universidades, los medios comunitarios y los espacios de comunicación intercultural son los laboratorios donde esa imaginación puede desarrollarse.

7.4. Transitar hacia economías del territorio La transición post-extractivista no es solo una decisión de política pública sino una disputa por el sentido de conceptos como ‘riqueza’, ‘progreso’ y ‘bienestar’. Mientras el discurso dominante siga identificando Bolivia con sus recursos minerales, cualquier política de diversificación será percibida como amenaza a la identidad nacional. Romper el consenso de los commodities (Svampa, 2012) exige construir un consenso alternativo en torno a otras formas de valor: turismo comunitario, agroecología de altura, manejo sostenible de bosques, industrias culturales y conocimientos indígenas como patrimonio productivo.

Bolivia tiene el potencial de industrializar el litio con participación comunitaria real y control ambiental efectivo —un modelo radicalmente diferente de la exportación de materia prima. Pero esa opción requiere reconocer que si las 14 comunidades del Salar dicen ‘no’, ese ‘no’ es soberanía. La transición económica y la transformación discursiva son inseparables: ninguna puede ocurrir sin la otra, porque ningún modelo económico alternativo puede implementarse dentro de un campo discursivo que lo hace aparecer como traición al progreso nacional.

La protección de los defensores ambientales no es solo una obligación jurídica sino un acto discursivo con consecuencias sobre el imaginario nacional. Cuando el Estado reconoce públicamente que quienes defienden el territorio ejercen derechos constitucionales —y no que obstruyen el progreso—, cambia el campo discursivo dentro del cual se interpretan los conflictos. Este reconocimiento haría que la criminalización fuera políticamente más costosa y que la tortura de Jacobo Copa Mamani no pudiera ser ignorada sin consecuencias para el Estado. Bolivia debe implementar las recomendaciones de la CIDH en materia de defensores ambientales (Erbol, 2025), incluyendo el cese de la criminalización como táctica y la investigación efectiva de agresiones. Más fundamentalmente, debe aceptar que la protección de los defensores es incompatible con la narrativa que los presenta como obstáculos al progreso: cambiar la política sin cambiar esa narrativa garantiza que la primera sea meramente formal.

8. Reflexión final: la nación que ya se practica Los cuatro casos analizados —Tariquía, Cala Cala, Viacha, litio— junto con los datos cuantitativos sobre criminalización sistemática, no son solo historias de conflicto sino también de resistencia y producción discursiva alternativa. Las comunidades que enfrentan la necropolítica extractivista no son víctimas pasivas sino agentes que construyen, en la práctica cotidiana, una narrativa diferente sobre lo que significa Bolivia.

Cuando diez comunidades de Chiquiacá realizan una consulta democrática interna y deciden colectivamente rechazar el gas, producen un hecho discursivo: demuestran que la autonomía plurinacional es practicable, que no es solo un enunciado constitucional. Cuando Jacobo Copa Mamani, a pesar de la tortura, mantiene su compromiso de defender el ayllu Cala Cala, su testimonio desautoriza cualquier narrativa sobre el carácter pacífico y legal de la expansión extractiva. Cuando Pastor Carvajal, amenazado en Bolivia y en Nueva York, afirma que continuará con las denuncias, redefine lo que significa ser boliviano desde la práctica: no obedecer el proyecto extractivista sino defender la vida donde quiera que esté amenazada.

Estas resistencias configuran, en términos de Bhabha (1994), narrativas performativas que interrumpen el relato pedagógico oficial. La nación boliviana está genuinamente en disputa y esa disputa es el síntoma más claro de que el proyecto nacional no está cerrado sino abierto a múltiples futuros posibles. Como propone Rivera Cusicanqui (2022), un “mundo ch’ixi es posible”, pero su realización requiere que las fuerzas contrahegemónicas acumulen capacidad de disputar el sentido dominante e instalar nuevos marcos desde los cuales lo social se interprete. En Bolivia, esas fuerzas existen. La pregunta no es si otra Bolivia es imaginable —los casos documentados demuestran que ya está siendo practicada cotidianamente— sino si el Estado tendrá la voluntad política de incorporar esas narrativas como parte constitutiva del proyecto nacional, o si continuará el camino necropolítico hasta que el costo de ignorarlas sea insostenible.

El análisis desarrollado permite responder la pregunta guía con precisión. En Bolivia contemporánea, extractivismo y proyecto de nación no coexisten en tensión sino que se articulan activamente mediante tres operaciones discursivas identificables: la naturalización del sacrificio territorial, la neutralización de la diferencia y la apropiación del vocabulario plurinacional para encubrir prácticas homogenizantes. La más sofisticada de las tres —y la que más consecuencias tiene para el campo de la comunicación— es la tercera: Bolivia se declara constitucionalmente diversa mientras firma contratos sin consulta, criminaliza defensores indígenas y expande la frontera extractiva sobre territorios que la misma Constitución protege. Esta incoherencia no es accidental; es el síntoma más preciso de que el proyecto plurinacional boliviano permanece como promesa discursiva sin traducción efectiva en estructuras de poder. Resolverla exige exactamente lo que las comunidades en resistencia ya practican: construir desde abajo la nación que el Estado proclama pero no edifica.