Genealogía Narrativa de las Amenazas: Estado, Frontera y Seguridad en la Amazonía del Ecuador

Introducción

A lo largo del siglo xx, la Amazonía fronteriza del Ecuador fue incorporada al proyecto estatal mediante intervenciones que articularon defensa, explotación de recursos y regulación territorial. Lejos de las hipótesis que la proponen como un espacio ausente, esta región operó como un territorio estratégicamente intervenido, donde distintos lenguajes estatales (seguridad, desarrollo e integración) coexistieron con efectos diferenciados sobre el orden social y territorial. En términos generales, esta región se convirtió en un espacio de vigilancia, defensa y explotación, donde las narrativas del intercambio comercial con Colombia, la seguridad y el desarrollo avanzaron de forma simultánea, aunque con objetivos distintos. Desde el proceso de colonización en los primeros momentos de la república, pasando por el conflicto con el Perú y por el tratamiento del conflicto colombiano, la Amazonía fronteriza del Ecuador fue tratada como un territorio estratégico antes que como un territorio con derecho a su propio destino (Molina et al., 2024; 2026; Larrea, 2012). Esa condición se expresó en necesidades de soberanía que priorizaron control territorial, poblamiento, infraestructura y regulación de flujos, con efectos duraderos en la organización social y económica del borde.

El propósito de este artículo es reconstruir una genealogía narrativa para dar cuenta de cómo el entrelazamiento discursivo sobre temas de seguridad estableció una forma particular de configuración del Estado en las fronteras amazónicas del Ecuador. Se parte de una pregunta sencilla: ¿cómo se configuró la soberanía estatal del Ecuador en las regiones fronterizas amazónicas a partir de las narrativas? La respuesta se apoya en la idea de que la soberanía no operó solo como principio jurídico, sino también como práctica situada que se actualizó mediante lenguajes, diagnósticos y dispositivos de intervención.

La hipótesis central sostiene que existen varias narrativas sobre las fronteras amazónicas que el Ecuador comparte con Colombia y Perú, que se alimentaron del diagnóstico reiterado de “vacío institucional” y, al mismo tiempo, configuraron estos territorios como un laboratorio de gubernamentalidad, donde se ensayaron formas mixtas de presencia estatal, legalidad e informalidad. Vista así, la frontera se aborda como una configuración histórica producida por decisiones de defensa, ocupación y regulación de flujos. Su sentido político se define en los modos de nombrar amenazas, priorizar territorios y organizar presencias diferenciadas, permitiendo analizar la soberanía como práctica situada que articula control, desarrollo y tolerancias selectivas en contextos cambiantes. La explicación se construye a partir del análisis de narrativas e imaginarios que organizaron una relación específica entre control militar, privaciones socioeconómicas persistentes y proliferación de economías mafiosas vinculadas a estrategias de supervivencia (Molina et al., 2026; Pontón, 2018; Sánchez-Steiner, 2012). En este marco, la lectura no se agota en la cuestión securitaria ni en la promesa desarrollista ni en los intereses extractivos contemporáneos y más bien se concentra en cómo esos registros narrativos se acoplaron, produciendo condiciones de intervención y tolerancia selectiva. El Estado aparece aquí como una red de relaciones que ordena, regula y también tolera prácticas diferenciadas en el territorio fronterizo (Serje, 2005; Buitrago et al., 2021). Desde esta perspectiva, seguridad, exclusión y mafias forman parte de una misma economía política de frontera, más que de variables en oposición (Figueroa, 2021). Esta genealogía narrativa busca reconstruir procesos históricos de fronterización, entendidos como la producción política y simbólica de la frontera en tanto espacio de excepción y acumulación (Molina et al., 2026; Uribe, 2022). De esta forma se supera una tensión analítica: mientras una parte importante de la literatura ha interpretado las frontera amazónica desde la noción de vacío institucional o debilidad estatal, se sugiere la existencia de formas activas, selectivas y diferenciadas de presencia estatal. Esta tensión permite desplazar la pregunta desde la ausencia del Estado hacia las formas concretas mediante las cuales es el mismo Estado el que produce, regula y administra el margen. Siguiendo a Sánchez-Steiner (2012) y a Dilla y Winkler (2019), la frontera se concibe como zona dinámica, un territorio de intercambios, conflictos y negociaciones que excede la delimitación administrativa. En ella, el Estado ecuatoriano aparece como operador selectivo que modula su presencia según las urgencias del control territorial. Con base en esta premisa, el artículo organiza el análisis en nodos narrativos que permiten observar desplazamientos en el lenguaje estatal y en los dispositivos de intervención, así como sus huellas territoriales en la Amazonía fronteriza.

Aproximación teórica Narrativas de la Amazonía como frontera Desde una perspectiva foucaultiana, las narrativas pueden concebirse como dispositivos de gobierno que producen marcos de inteligibilidad y, al mismo tiempo, son moldeadas por diversos contextos o estructura de poder históricamente definidos. Este artículo trabaja con huellas discursivas mediante una combinación de arqueología de saberes y lectura genealógica, con el fin de identificar cómo ciertos enunciados habilitaron formas específicas de intervención sobre poblaciones, territorios y circuitos de movilidad (Foucault, 1978). Tratar así las narrativas permite acercarse a la infraestructura simbólica del gobierno como productor de marcos de inteligibilidad, jerarquizador de problemas y estabilizador de categorías para la toma de decisiones.

La frontera se analiza como objeto discursivo en tanto que depende de categorías que permiten la acción pública: amenaza, resguardo, colonización, desarrollo, integración y seguridad. Estas orientan la forma de comprender las intervenciones estatales sobre poblaciones, movilidades y recursos, y fijan prioridades territoriales, de forma que su análisis se centra en cómo esos enunciados producen la frontera y guían dispositivos concretos de intervención.

En este marco, la Amazonía se aborda desde un enfoque de los estudios que ven a las regiones como frontera interna (Serje, 2005), en cuanto el Estado redefine constantemente los límites de su poder de acuerdo a las necesidades de seguridad y obtención de recursos de su territorio no central. Espinosa (2008) sostiene que la integración amazónica no surgió como a un proceso natural de expansión, sino que respondía a una política deliberada de defensa nacional. En este sentido, la noción narrativa de la securitización del territorio amazónico ecuatoriano resulta central, en tanto ubica la colonización posterior a la guerra con el Perú en su funcionalidad primaria de control territorial a través del poblamiento y ubicación de centros estratégicos. Esa gramática se volvió operativa en la medida en que tradujo la frontera en problema público y en horizonte estratégico, reforzando la idea de riesgo y promesa como dos registros complementarios del mismo orden territorial.

A esta racionalidad se sumó la construcción de la Amazonía como objeto de planificación estatal. Campaña (2023) muestra que, desde finales de la década de 1960, la región quedó incorporada a un régimen técnico de desarrollo que combinó infraestructura, planificación económica y control territorial, produciendo jerarquías espaciales (Bayón Jiménez & Durán, 2023) y usos “legítimos” del territorio. En términos narrativos, la frontera amazónica fue así gobernada mediante planes y diagnósticos que funcionaron como tecnologías de legitimación, definiendo prioridades, zonas estratégicas y modalidades selectivas de presencia estatal concentrada en enclaves considerados estratégicos.

La Amazonía como nueva amenaza y necesidad de control En décadas recientes, el Estado ecuatoriano consolidó su legitimidad en la Amazonía a partir de las narrativas de las “nuevas amenazas” (Rivera V., 2012): el narcotráfico, la insurgencia, el desplazamiento forzado y la minería ilegal. Estas categorías reordenan el sentido de la intervención y se transforma en razones para desplegar una presencia militar y administrativa que combinan y se orientan a la protección y control (Molina et al., 2024). En este contexto, la seguridad funcionó como principio organizador de la intervención central sobre cuerpos, poblaciones y territorios, una tendencia persistente a gobernar el margen mediante arreglos de excepción (Figueroa, 2021).

Desde la economía política del extractivismo, sobre la Amazonía fronteriza se han construido narrativas de una economía de rentas superpuestas. El petróleo y la coca pueden leerse como expresiones de un mismo patrón de acumulación basado en la extracción. Gudynas (2017) y Svampa (2019) advierten que este modelo crea dependencias institucionales y fracturas sociales, al mismo tiempo que produce formas específicas de articulación local. En este escenario, las narrativas como formas de gobierno se adaptaron a estas realidades y contribuyeron a producir nuevos imaginarios que dan cuenta de una realidad compleja, donde las economías ilegales se integran y complementan a los dispositivos estatales existentes, a los que a menudo financian, corrompen y los hacen posibles.

En conjunto, estas miradas invitan a entender las fronteras amazónicas como un territorio donde se produce el Estado tanto como se lo cuestiona. Aquí las narrativas políticas se unen a las huellas materiales que permiten leer la producción e intencionalidad histórica estatal: las carreteras abiertas por el ejército, los campamentos petroleros convertidos en ciudades, la irrupción territorial en zonas de reserva y ancestrales, los refugios de desplazados, las bases militares y los mercados informales. Cada uno de estos elementos forma parte de una misma historia configuración territorial que articula control, extracción y supervivencia.

Gramáticas estatales y presencia excluyente Pensar la Amazonía desde la sociología política implica también dar cuenta de estas huellas narrativas. Espinosa (2008) sostiene que la historicidad de las fronteras ecuatorianas muestra cómo la distancia con el centro político del país generó regímenes de poder local con amplia autonomía. En este sentido, la frontera supera la referencia centralista geográfica la manera en que el Estado la produce discursivamente como margen o como amenaza. Otra variante en la ecología política (Jarrín et al., 2016) comprende a la Amazonía ecuatoriana como una colonia interna, caracterizada por la subordinación territorial y la extracción sistemática de recursos en beneficio de centros externos de poder, con ciclos históricos vinculados a la expansión petrolera y vial. Desde la teoría crítica del territorio, la narrativa gubernamental de la Amazonía se ha forjado como una forma de ordenamiento desigual. Las políticas públicas, los programas de cooperación y las estrategias de seguridad son dispositivos narrativos que operan sobre un mismo principio: asegurar la soberanía mediante la regulación de los flujos (Ramírez, 2021). Así, las zonas fronterizas se convierten en retaguardias estratégicas para economías ilícitas o para refugios humanitarios, expresando la coexistencia de control y dependencia (Ramírez, 2005, 2021).

Dilla Alfonso y Breton Winkler (2019) han mostrado que lo fronterizo debe ser leído como un espacio de articulación: institucionalidad formal y prácticas sociales entrelazadas en contextos de movilidad y conflicto. Bonilla (1991) añade que las definiciones oficiales conviven con los significados que los propios habitantes construyen frente a la lejanía del Estado. La frontera, en ese sentido, es más una experiencia vivida que un dispositivo cartográfico.

Finalmente, la Amazonía es una frontera representada bajo dos gramáticas (S. Uribe, 2022): la de la promesa, la selva como reserva de recursos, y la del caos, la selva como periferia desbordada. Ambas producen un imaginario estatal donde el territorio amazónico es simultáneamente recurso y amenaza. Esta representación sostiene lo que denomina “presencia excluyente”: una forma de soberanía que actúa a través de la excepción, que protege y margina a la vez.

Metodología

Esta investigación se organizó como un estudio de caso cualitativo basado en un enfoque histórico-narrativo y genealógico. Para ello, el diseño metodológico revisa fuentes documentales, datos estadísticos, archivos estatales, planes de desarrollo y testimonios recogidos en el marco del trabajo de campo (que se utilizaron de forma interna para la contextualización de la información). Estos insumos se analizan mediante una estrategia analítica basada en la triangulación entre estos instrumentos cualitativos con el objetivo de ampliar la mirada y perspectivas sobre la genealogía narrativa de las fronteras amazónicas (Arias Valencia, 2000).

Por otro lado, la genealogía realiza una cronología a la vez que se rastrean los momentos en que ciertos discursos (la defensa nacional, la frontera viva, el desarrollo sostenible o la lucha antidrogas) emergen para dar sentido a la intervención estatal. La genealogía permite identificar los momentos en que la frontera se analiza como un objeto históricamente producido a través de lenguajes gubernamentales vinculados a la defensa nacional, la colonización, el desarrollo, la seguridad y, más recientemente, el humanitarismo. Es importante señalar que la investigación se desarrolló como un estudio de caso cualitativo, orientado a reconstruir la producción estatal de la frontera amazónica como problema de soberanía, seguridad e intervención.

La unidad de análisis estuvo compuesta por los enunciados, categorías y dispositivos mediante los cuales distintas agencias estatales, en distintos momentos históricos, definieron amenazas, priorizaron territorios y organizaron formas de presencia en la frontera norte y sur amazónica del Ecuador.

El corpus analítico se integró por cuatro conjuntos de fuentes: documentos estatales y de política pública; archivos y registros institucionales sobre frontera, seguridad, movilidad y economías ilícitas; series estadísticas empleadas como soporte de contextualización histórica; y testimonios y materiales de campo utilizados para contrastar el discurso institucional con experiencias situadas. La selección de materiales respondió a tres criterios: continuidad temporal, capacidad de incluir enunciados de gobierno y relevancia directa para la configuración de la frontera amazónica. Este corpus documental y empírico compuesto por cuatro bloques: i. Documentos estatales: planes nacionales y sectoriales, documentos de política, normativa y reportes oficiales vinculados a frontera, seguridad, defensa, desarrollo y cooperación. ii. Archivos y registros institucionales: información producida por entidades públicas sobre fronteras, seguridad, movilidad y economías ilícitas, con énfasis en series comparables en el tiempo. iii) Datos estadísticos: indicadores para contextualizar cambios en violencia y economías ilícitas, usados como soporte de lectura histórica y de contraste. iv) Testimonios y materiales de campo: entrevistas y registros cualitativos que permitieron contrastar el discurso institucional con experiencias y memorias locales. La selección priorizó materiales con tres atributos: continuidad temporal, capacidad de expresar enunciados de gobierno, y relevancia directa para la frontera amazónica. Este recorte permitió sostener una lectura comparativa entre representaciones institucionales y narrativas situadas, con atención a los usos políticos del lenguaje y a sus efectos en la intervención estatal.

De esta manera, es posible analizar la temporalidad más allá de la coyuntura específica rastreando los cambios en el lenguaje estatal que acompañaron esas transiciones. Estas narrativas securitarias se las puede clasificar en 5 hitos que estructuran el caso: 1) el problema del conflicto con el Perú; 2) la expansión petrolera y la articulación con economías ilícitas; 3) la implementación del Plan Colombia; 4) el proceso de paz colombiano y sus efectos sobre el Ecuador; 5) las nuevas economías ilícitas y la constitución de frontera interna como régimen territorial desigual. Allí se combinan políticas de defensa, discursos de desarrollo y economías híbridas que han configurado la Amazonía como un territorio intervenido y vigilado, pero también como un ámbito de oportunidad. Se revisan asimismo superando una revisión como etapas sucesivas ni como momentos clausurados, sino como figuras analíticas flexibles que se yuxtaponen y dialogan entre sí.

Sobre este corpus se realizó una lectura comparada orientada a identificar regularidades discursivas y momentos de reconfiguración del lenguaje estatal. Los nodos se delimitan allí donde convergen de forma sostenida un problema público, un marco narrativo dominante y dispositivos concretos de intervención territorial. Este criterio permite aislar configuraciones discursivas estructurantes. La ubicación de los nodos responde a su capacidad explicativa para dar cuenta de transformaciones en la forma en que el Estado produce y gobierna la frontera amazónica. Se trata de una selección analítica que permite captar continuidades y superposiciones históricas, en coherencia con el enfoque genealógico del estudio.

En este sentido, el presente se aborda como una construcción histórica compuesta por capas narrativas y arreglos de poder que operan de forma simultánea (Uribe, 2022). La lectura comparativa relaciona representaciones institucionales, indicadores y registros de campo seleccionados. Los testimonios que se trabajaron de forma interna y confidencial permiten ubicar cómo los discursos sobre paz, desarrollo, integración y seguridad se traducen en control, movilidad, desplazamiento y adaptación territorial. Este contraste analiza la distancia entre los lenguajes del Estado y las prácticas cotidianas mediante las cuales los actores locales habitan y transforman la frontera (De Certeau, 1980; Espinosa, 2008).

En conjunto, este enfoque metodológico busca ir más allá de la descripción de políticas públicas o eventos históricos, para comprender cómo se producen, se gobiernan y se experimentan en el tiempo las fronteras amazónicas. La genealogía narrativa permite articular Estado, territorio y vida social en un mismo marco analítico, atendiendo tanto a las estructuras de poder como a sus efectos concretos en el espacio fronterizo.

Conflictos limítrofes y la cuestión amazónica Los conflictos limítrofes constituyen el primer eje a partir del cual el Estado ecuatoriano produjo discursivamente la Amazonía como frontera estratégica y problema de soberanía. En la tradición ecuatoriana, la Amazonía ingresó de forma tardía y desigual al proyecto nacional. Durante el periodo colonial su adscripción fue residual. En el siglo xix, la dificultad para fijar límites con Perú y Colombia y la débil ocupación estatal mantuvieron a la región en condición ambigua. En el siglo xx, la creación de provincias, la apertura vial, la expansión petrolera y el crecimiento de núcleos como Tena, Puyo, Macas, Nueva Loja y Orellana definieron su incorporación. Este proceso respondió a necesidades de defensa, ocupación y extracción. Durante este periodo, la Amazonía occidental estuvo adscrita de manera imprecisa a la Real Audiencia de Quito, por lo que no fue adscrita como un proyecto propio republicano en 1830. A lo largo del siglo xix y buena parte del xx, la presencia del Estado en territorio amazónico se plasmó mediante exploraciones, asentamientos que dieron paso a varias disputas territoriales y tratados fronterizos con sus países vecinos como Colombia y Perú.

Según Iturralde y Franchi (2016), por ejemplo, desde la independencia se dieron al menos 15 incidentes menores y 6 confrontaciones militares con Perú que desembocaron en la suscripción de varios documentos legales (muchos de ellos no reconocidos y anulados unilateralmente por los países vecinos), justamente por la imposibilidad de demarcar límites en forma clara principalmente en la Amazonía. Este proceso implicó la cesión de varios territorios amazónicos por parte del Ecuador, lo cual fue contado desde diversas narrativas nacionalistas por cada uno de los países forjando así un sentimiento de desconfianza y resentimiento.1 Un punto de inflexión en este proceso histórico fue el conflicto limítrofe con el Perú en 1941 (confrontación bélica que terminó con la pérdida de un tercio de territorio nacional para Ecuador, principalmente amazónico). La derrota militar ante el Perú y la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942 convirtieron a la Amazonía en un símbolo de pérdida territorial y, al mismo tiempo, en un objetivo estratégico para el fortalecimiento de la identidad nacional (Espinosa, 2008). Con las respectivas diferencias de actores y contextos, esta disputa fue recreada narrativamente en las disputas territoriales en la Amazonía sur del Ecuador y norte del Perú en los conflictos de Paquisha (1981) y el Cenepa (1995). A partir de 1941 el resguardo de la Amazonía sur del Ecuador fue pieza narrativa sobre la que cimentó la principal hipótesis de conflicto que redefinió el ideario nacional en materia de seguridad (Centro de Estudios Históricos del Ejército, 2014; Stjohn, n.d.). Por esta razón, a partir de 1942, el poblamiento de la Amazonía se asumió como una estrategia de defensa. Bajo esta consigna se impulsó el ordenamiento y creación de varias provincias orientales que hasta entonces se presentaban como una unidad política administrativa: Napo (1959), Pastaza (1959), Morona Santiago (1954), Zamora Chinchipe (1953), Sucumbíos (1989), Orellana (1998). A la par, las Fuerzas Armadas promovieron misiones de colonización, aperturas de vías y asentamientos agrícolas, consolidando la noción de una “frontera viva” (Espinosa, 2008).

Los conflictos con el Perú redefinieron así la relación entre Estado ecuatoriano y la Amazonía. Desde entonces, la seguridad se suscribió al poblamiento y el poblamiento se enlazó a la defensa. Sin embargo, ese proyecto no llegó principalmente bajo la narrativa promovida del desarrollo, sino que produjo desplazamientos y reconfiguraciones sociales profundas. Comunidades indígenas y afrodescendientes fueron reubicadas o absorbidas bajo un modelo agrícola orientado al colono andino (Molina et al., 2024; Ramírez, 2021). El Estado ocupó el territorio sin integrarlo plenamente, instaurando una forma de soberanía vigilada, generándose así profundas asimetrías sociales en el acceso a servicios sociales e infraestructura.

Por otro lado, con la centralidad otorgada a la frontera suramazónica, el conflicto interno colombiano no ocupó un lugar prioritario en la agenda de seguridad ecuatoriana durante buena parte del siglo xx. Si bien en el mismo momento histórico se desarrollaba el conflicto interno colombiano, que ha atravesado desde mediados del siglo xx con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos revolucionarios, no tuvo el nivel de importancia y preocupación por parte del Estado y la sociedad ecuatoriana. Durante la segunda mitad del siglo xx prevalecieron acuerdos comerciales y económicos en la agenda binacional Ecuador-Colombia, a pesar de no contar con una atención y presencia estatal fuerte (Tobar Subía, 2010). Sin embargo, en general el desarrollo de la frontera norte por parte del Estado no mereció una atención prioritaria. Esta situación se tradujo en privaciones sociales estructurales que persisten hasta el presente y que formaron parte de un esquema geopolítico funcional a las prioridades de seguridad nacional.

En este sentido, mientras se impuso la idea de defensa territorial y el desarrollo de fuerzas vivas en la frontera sur amazónica de Ecuador, la frontera norte fue vista como una zona de amortiguamiento para efectos protección nacional natural ante la dinámica del conflicto guerrillero colombiano. Es conocido que la permeabilidad de la frontera norte del Ecuador como sitio de abastecimiento guerrillero colombiano ha sido un proceso de larga data, lo cual no exonera de la responsabilidad de una cierta permisividad estratégica ―pero al final de cuentas controlada― por parte del Estado ecuatoriano producto de sus prioridades de defensa nacional. El poco desarrollo ecuatoriano en la frontera norte en general (principalmente amazónico) impregna hasta el día de hoy el imaginario geopolítico del Estado sobre la cuestión del conflicto colombiano.

Petróleo, militarismo y narcotráfico La configuración de la Amazonía ecuatoriana como espacio de seguridad incorporó, desde la década de 1970, una narrativa adicional vinculada al petróleo y al narcotráfico. Se puede decir de forma general que estas dos visiones se han retroalimentado mutuamente forjando así dinámicas gubernamentales donde se intercalan formas mixtas de presencia estatal, legalidad e informalidad.

En el plano regional, desde finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, la dinámica del tráfico de cocaína empezó a emerger en la agenda de la seguridad internacional. El incremento sostenido del consumo en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980 situó a la región andina en el centro de estas dinámicas. Países como Perú y Bolivia, caracterizados por un uso ancestral de hoja de coca, concentraron ese potencial del cultivo para dar paso al procesamiento de pasta base, la cual era transportada vía terrestre y aérea por organizaciones narcotraficantes hacia Colombia para su procesamiento en laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína. Esta situación cambió en la década de 1980, cuando producto de las estrategias de control antidrogas estadounidenses, originaron que el proceso de cultivo de hoja de coca también empiece a desarrollarse paulatinamente en vastas zonas de la Amazonía colombiana entre ellos su frontera sur (Bagley et al., 1991; Camacho, 2011).

En este contexto, surgió una interrogante relevante para Ecuador y la región a principios de la década de 1990: explicar la inexistencia o existencia marginal de cultivos de hoja de coca y cocaína a pesar de la cercanía con grandes productores como Bolivia, Perú y Colombia. Ecuador ha mantenido el estatus de ser considerado un país de paso y acopio (Rivera Vélez & Torres Gorena, 2011), pese a que actualmente el flujo de cocaína que transita por Ecuador se ha disparado vertiginosamente (Pontón, 2025).2 Si bien Ecuador presenta similares condiciones climáticas y geográficas para la producción cocalera, la ausencia de estos cultivos se ha explicado de forma convincente producto de la explotación petrolera iniciada en la década de 1970 en la Amazonía del Ecuador, la cual ha actuado como un protector natural (como una especie de externalidad positiva) que ha evitado la proliferación de cultivos en el lado ecuatoriano (Bonilla, 1991; Núñez Vega, 2006).

Desde la perspectiva de la economía política, se plantea que la colonización de la Amazonía ecuatoriana avanzó de manera paralela a la expansión de la industria petrolera durante la década de 1970. Como resultado, las áreas con condiciones favorables para el cultivo de hoja de coca fueron ocupadas bajo dinámicas económicas y sociales determinadas por dicha actividad extractiva. A esto se sumó un fuerte despliegue de seguridad militar, pues el petróleo constituía un recurso estratégico para el Estado ecuatoriano. Estas condiciones habrían impedido la expansión del “efecto globo” provocado por la erradicación de cultivos en Perú y Bolivia se extendiera hacia Ecuador (Cuesta, 2002, citado por Núñez Vega, 2006). Asimismo, el conflicto territorial entre Ecuador y Perú generó una importante presencia militar en la Amazonía sur, lo que limitó las condiciones de clandestinidad necesarias para el desarrollo de cultivos de coca. Como se mira en la Ilustración 1, Ecuador mantuvo libre de cultivos de hoja de coca a su territorio en medio de zonas de cultivo que colindan con su frontera durante las épocas más críticas a inicios del siglo xx.

Fuente: UNODC (2011)

Ilustración 1: Mapa de cultivos de hoja de coca en la Región Andina 2007-2010 Pese a ello, mientras el Estado ecuatoriano celebraba el ingreso a la modernidad producto del boom petrolero (Campaña, 2023), el descubrimiento de los campos petroleros de Lago Agrio a finales de la década de 1960 tuvo costos y transformaciones profundas en la Amazonía en un enclave industrial con contaminación, desarraigo y desigualdad. Los asentamientos humanos crecieron sin planificación, las vías se abrieron sin control ambiental y las promesas de progreso nunca alcanzaron a las comunidades que habitaron la selva mucho antes de la perforación (Hurtado & Naranjo, 2019; Bayón y Durán, 2023; Molina et al., 2024). En otras palabras, paradójicamente de lo que se asume en materia de imaginario como un “halo protector” (petróleo), ha sido en esencia el factor de advenimiento de otro tipo de problemas estructurales en la Amazonía ecuatoriana que han generado (Núñez Vega, 2006) condiciones contextuales que facilitaron la expansión posterior de economías ilícitas.

Por ejemplo, en el ámbito de la producción y circulación de drogas ilegales, Ecuador ha sido identificado como un punto central de abastecimiento logístico de precursores químicos para el narcotráfico. También se han registrado diversos enclaves clandestinos y rutas fluviales y marítimas vinculadas a estas actividades. La proximidad a los principales centros de cultivo y procesamiento de drogas ilegales especialmente cocaína, junto con la geografía selvática de las zonas fronterizas, otorgó al país ventajas estratégicas para la provisión de insumos y para la salida de estupefacientes. Estas condiciones han permitido la conexión con mercados regionales y extrarregionales con facilidad para abastecer mercados cercanos en Sudamérica y acceder en tiempos relativamente cortos a destinos en Centroamérica, Estados Unidos y, más recientemente, Europa a través de Brasil (Cuesta y Trujillo, 1999; Rivera, 2024 citado por Núñez Vega, 2006). Con la llegada de la dolarización a inicios del siglo xxi, el territorio ecuatoriano también pasó ser funcional como un espacio propicio para el lavado de activos), lo que impulsó la capitalización para el despunte de otras actividades criminales como el tráfico de armas, minería ilegal, combustibles, personas, entre otras actividades.

En este entramado, el petróleo y la coca, aunque opuestos en apariencia, se entrelazaron como economías estructurantes del poder fronterizo. Ambas economías transformaron la Amazonía en un espacio de circulación constante de mercancías, de dinero y de cuerpos. Mientras las compañías petroleras perforaban el subsuelo, los circuitos de la coca mantenían vivas las economías locales ilícitas. Estos sistemas de extracción, uno legal y otro clandestino, sostuvieron una misma estructura de dependencia (Svampa, 2019; Gudynas, 2017). Uribe (2022) interpreta estas dinámicas de domino territorial y narrativas sobre la Amazonía como una manifestación de la presencia excluyente: el Estado actúa con fuerza para asegurar el control, pero delega la reproducción social a los circuitos informales.

Plan Colombia: yunque y martillo El conflicto interno colombiano constituye un tercer eje narrativo que reconfiguró de manera decisiva la frontera amazónica del Ecuador. Se ha puesto en evidencia que detrás de este conflicto se entrelazan hasta ahora viejas disputas ideológicas y políticas (entre grupos subversivos y paramilitares contra el Estado y entre ellos), alimentada desde el último cuarto del siglo xx con el desarrollo de la economía criminal del narcotráfico y otros ilícitos, constituyéndose en su motor financiero (Schultze-Kraft, 2016). En palabras de Pecaut (2008), conflicto, economía ilegal, democracia y Estado de derecho han coexistido históricamente como dimensiones entrelazadas de la experiencia histórica colombiana.

El control de los territorios afectados por diversas actividades ilegales ha sido un eje estratégico de diversos grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras organizaciones insurgentes y paramilitares. La historia del conflicto puede leerse como la conformación de soberanías criminales adaptadas a contextos sociopolíticos cambiantes. En este

Fuente: (Ministerio de Defensa del Ecuador, 2015)

proceso, actores armados han pasado de la recaudación de impuestos sobre cultivos ilícitos a controlar directamente la siembra y producción de cocaína, financiando así su economía de guerra (Camacho, 2011).

A partir de los años ochenta del siglo pasado, la economía de la coca se extendió desde zonas cocaleras del centro del país hacia las de la frontera amazónica con Ecuador en el departamento de Putumayo, bajo el dominio del Frente 48 de las FARC. Esto generó que durante la década de los noventa la conflictividad sobre la frontera sur de Colombia empezara a subir de tono, pues los territorios amazónicos fronterizos del Ecuador en la provincia de Sucumbíos se constituyeron en un enclave estratégico para la provisión logística y el repliegue operativo.

Un punto de inflexión de la dinámica territorial fronteriza amazónica en Ecuador fue la implementación de la estrategia del “Plan Colombia”. Tras el fallido proceso de paz (negociaciones de Caguán) implementado por el presidente colombiano Andrés Pastrana en 1998, se dio paso en ese mismo año a un millonario plan de intervención y asistencia militar y policial destinada a la lucha contra la guerrilla y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Con la llegada del poder de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, esta narrativa guerrerista se agudizó. El Plan Colombia estaba compuesto por los siguientes objetivos: 1) la reducción del 50 % de drogas ilícitas (principalmente cocaína) en un plazo de seis años, y 2) mejorar las condiciones de seguridad en el territorio nacional, recuperando el control de amplias zonas de que estaban en manos de grupos armados ilegales (Mejía Londoño, 2011).

Ilustración 2: FARC y cultivos ilícitos en la frontera sur de Colombia La estrategia del Plan Colombia no fue solamente doméstica, sino también de alcance geopolítico a nivel regional. A medida que las FARC fueron desplazadas hacia zonas periféricas del territorio colombiano, su gobierno buscó presionar mediante estrategias de soft power (diplomacia activa) a los países vecinos de Brasil, Ecuador, Venezuela y Panamá para aplicar una estrategia conocida como de “yunque y martillo” orientada a cerrar corredores de movilidad y apoyo logístico. Se buscaba propiciar el involucramiento directo de los países vecinos, promoviendo así la internacionalización de su conflicto interno. La premisa consistía en asegurar la colaboración ―en muchos casos forzada― de estos Estados mediante diversas iniciativas, como políticas fronterizas coordinadas, construcción de infraestructura, instalación de bases militares y policiales, fortalecimiento de los controles migratorios y la implementación de planes de desarrollo binacionales.

Ecuador mantuvo una posición renuente desde los primeros años del Plan Colombia a participar en acciones militares dirigidas contra los grupos armados presentes en territorio colombiano, evitando de este modo una posible escalada internacional del conflicto. Como alternativa, el Estado ecuatoriano impulsó proyectos de desarrollo fronterizo para revertir la histórica precariedad y abandono estatal de la zona fronteriza. Esto dio paso a la creación de la Unidad de Desarrollo del Norte (UDENOR) en 2001 y, posteriormente, el Plan Ecuador en 2007. Sin embargo, ambos programas arrojaron resultados limitados debido a la insuficiencia de apoyo económico, político e institucional (Celi et al., 2009; Rivera, 2012).

Esta lógica de ofensiva militar, repliegue de las organizaciones insurgentes y contención fronteriza por parte de los países vecinos concentraron los efectos más críticos del conflicto colombiano en las zonas limítrofes con Ecuador. El Plan Colombia asestó golpes significativos a las estructuras criminales: entre 2002 y 2014 se estima que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) redujeron en conjunto más de 17.000 integrantes, acompañado la captura de líderes clave de dichos grupos, hubo disminución sustancial de cultivos ilícitos en el Departamento de Putumayo, y con la afectación directa en amplios sectores de población campesina (Pontón, 2016). Como consecuencia, tanto la erradicación manual de cultivos de coca como, sobre todo, la fumigación aérea con glifosato, generaron desplazamientos masivos de comunidades hacia territorio ecuatoriano (Molina et al., 2024).

Fue así como la violencia y la criminalidad asociadas al narcotráfico se extendieron a nuevas zonas fronterizas. La presencia simultánea de grupos paramilitares y guerrilleros resultó en una disputa por los territorios, con la consecuente desprotección y agresiones para los habitantes de estas zonas y para la población civil que se debate en medio del conflicto. A ello se sumó un fenómeno identificado como “diáspora criminal”, caracterizada por la llegada de numerosos miembros de distintos grupos armados que buscaron refugio y nuevas oportunidades operativas, huyendo de la ofensiva militar desplegada en Colombia (Garzón Vergara, 2013). El resultado fue la consolidación de una frontera tutelada, donde la asistencia humanitaria coexistió con dispositivos de vigilancia y control, situando a la población desplazada de manera ambigua, al mismo tiempo sujeto de derechos y objeto de sospecha (Buitrago, 2021). Los registros de campo en Sucumbíos muestran una percepción de presencia estatal asociada al control de movilidad y verificación de identidad (documentación formal y vigilancia de puntos relevantes), mientras que la protección se menciona con menor frecuencia. Los relatos describen continuidad en el acceso limitado a servicios y dependencia de redes locales para transporte y comercio en las zonas más necesitadas.

Este escenario cambió la mirada de la opinión pública desde la década de los 2000 (Molina, 2010). La frontera norte comenzó a ser representada como el territorio desde donde se configuraban las amenazas para el país. Diversos estudios de opinión mostraron que una parte considerable de la población ecuatoriana al conflicto colombiano y los problemas derivados del mismo como la principal amenaza a su seguridad (incluida la base de Manta). Por otra parte, el 66,5 % de los ecuatorianos pensaban que los extranjeros afectaban la seguridad del país (Núñez et al., 2008). De ese modo, el imaginario de frontera peligrosa y porosa fue un proceso sistemático que se consolidó como un efecto acumulativo de la vigencia del Plan Colombia.

Producto de ello el conflicto interno colombiano pasó a ser interpretado como amenaza directa a la seguridad nacional para el Ecuador, justificando la configuración de su frontera norte, especialmente la amazónica, como unas zonas especiales de acción militar bajo leyes de excepción. Pero en realidad las dinámicas fronterizas operaron bajo un principio de gobernanza híbrida, en el que actores estatales, humanitarios e ilegales compartieron territorios y funciones. La cooperación internacional aportó recursos y legitimidad institucional, a la vez que reforzó una administración tecnocrática de la frontera, donde el desarrollo se convirtió en mecanismo de control social.

En el plano político, el “Plan Colombia” redefinió el posicionamiento internacional del Ecuador. El punto más emblemático de esta relación fue la implementación del Forward Operating Location (FOL) en la ciudad de Manta. Pese a esta alineación pragmática del gobierno ecuatoriano al Plan Colombia, su implementación no estuvo exenta de conflictos políticos. Destacó las fumigaciones aéreas con glifosato realizadas por el gobierno colombiano en cooperación con el gobierno estadounidense durante los primeros años del Plan y que terminó con la demanda del Ecuador ante Corte Internacional de La Haya por el impacto de estas fumigaciones al medio ambiente y la salud de poblaciones fronterizas del Ecuador con Colombia.3 Pero quizá el más álgido de los impases políticos se dio en marzo del 2008 con el giro político del Ecuador a cargo del presidente Rafael Correa. Esto se dio luego de la Operación Fénix o bombardeo de Angostura en el territorio Ecuador y que terminó con la vida del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes. Pese a que el gobierno colombiano enmarcó esta decisión bajo la justificación de legítima defensa ante la agresión de un actor armado irregular, este suceso derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, lo cual se constituyó en un posible evento de desestabilización de la paz regional y un retroceso en el proceso de integración estratégico del Ecuador que se presentaba en la Constitución del 2008 (Molina, 2010; Rivera, 2011). Pese a que en el 2011 se restablecieron las relaciones normales entre estos dos países, el tema de Angostura polarizó la agenda de seguridad en el país entre los que creía que la estrategia del yunque y el martillo fue beneficiosa para el país, y entre los que denuncias sus excesos y sus costos geopolíticos (Molina, 2024).

Más allá de los vaivenes políticos, la política ecuatoriana de largo plazo se sostuvo en la decisión de evitar el involucramiento militar directo, combinada con el fortalecimiento del control fronterizo. La conflictividad en la Amazonía norte emergió de trayectorias históricas diferenciadas entre Ecuador y Colombia, atravesadas por prioridades de seguridad disímiles y por una narrativa militar dominante. En este marco, los vínculos discursivos entre narcotráfico, crimen organizado y terrorismo configuraron una matriz política que incidió de manera duradera en la dinámica territorial de la Amazonía norte del Ecuador.

La paz mafiosa La llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia de Colombia en 2010 introdujo un giro en la narrativa del conflicto armado. Tras haber ocupado el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe y haber sido un actor central en la crisis diplomática derivada de Angostura, Santos impulsó desde 2012 un proceso de negociación política con las FARC que culminó en la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Este hito reconfiguró la lectura internacional del conflicto colombiano y reposicionó la idea de cierre de un ciclo histórico de violencia prolongada.

Esto modificó la agenda de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, países que habían desarrollado profundos lazos de cooperación binacional producto de sus históricos vínculos culturales y comerciales fronterizos.4 Para este efecto, ambos países decidieron que la Comisión de Vecindad operativamente cuente con distintos Comités Técnicos Binacionales (CTB) con la partición de distintas entidades del orden nacional, regional y municipal, públicas y privadas (Pontón, 2016). En la línea de seguridad, se dio paso al establecimiento de Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON), creada en 1996 y que se ha constituido en el espacio más relevantes de cooperación e intercambio de información policial y militar cuyo rol ha sido la de tratar y discutir asuntos de seguridad fronteriza y evaluar y supervisar el cumplimiento de los compromisos a través de medidas de confianza mutua.

Estas instancias buscaron estabilizar una frontera históricamente atravesada por dinámicas de conflicto transnacional.

El inicio de las negociaciones de paz redujo de forma apreciable los enfrentamientos armados a partir del 2012. No obstante, desde el año 2013, se registró un incremento sostenido de la producción cocalera en Colombia, con niveles históricos de cultivo y refinamiento de cocaína, intensificados tras la pandemia, tanto en cultivos como en refinamiento de clorhidrato de cocaína (ONUDD, 2025). Diversas explicaciones han sido planteadas, entre ellas más próximas el problema del fracaso de implementación de los acuerdos de paz (estrategia de erradicación sustitutiva de cultivos e incentivos campesinos), la eliminación total de las aspersiones aéreas con glifosato producto (químico tóxico para la salud humana y ambiental pero efectivos en los propósitos antidrogas) producto de la decisión de la Corte Constitucional en Colombia, entre otros temas.

Pese a ello, la narrativa más conveniente ha sido la ausencia de un actor regulatorio territorial como lo fueron las FARC durante el conflicto. De hecho, la extinción del mando central de las FARC dio paso al establecimiento de facciones disidentes atomizadas que aprovechando el vacío de poder duplicaron esfuerzos para el aumento de la actividad cocalera campesina y el refinamiento de la cocaína. Esta situación tuvo como centro de gravedad las zonas fronterizas de Colombia, especialmente Ecuador donde les ha atribuido a las disidencias de las FARC el trabajo en red con otras organizaciones locales y transnacionales (carteles mexicanos, europeos) para el desarrollo expansivo del mercado de la cocaína.5 El momento más crítico de este proceso se dio en 2018, cuando disidencias de las FARC desplegaron actos terroristas en algunas zonas rurales de la frontera del Ecuador, incluido el secuestro y asesinato de tres periodistas. La idea de una paz mafiosa se consolidó en el imaginario y redirigió las prioridades de 5 A principios de la década del 2000, el Departamento Putumayo, frontera con Sucumbíos (Ecuador), concentraba el 40 % de los cultivos. Para el año 2010, los cultivos habían descendido a cerca de 4.780 hectáreas en esa zona, pero Nariño que a finales de los 90 presentaba cultivos marginales, incrementa su producción a más de 20.000 hectáreas en el año 2007. Actualmente Nariño concentra más del 30 % del total de cultivos de toda Colombia mientras que Putumayo llega al 17,3 %. Es importante destacar el rol del Departamento de Putumayo en esta dinámica creciente de estos últimos años de hoja de coca post acuerdo de paz. Entre 2021 y 2022, Putumayo creció en aproximadamente un 70 % de su producción cocalera pasando de 28.205 a 48.034 hectáreas. Aunque Nariño sigue siendo el departamento de mayor producción, el ritmo de crecimiento de Putumayo es el mayor registrado en comparación con otros departamentos de ese país (Ministerio de Justicia de Colombia, 2025). agenda entendida como la coexistencia entre el fin formal del conflicto armado y la expansión de economías criminales altamente violentas. Este escenario reorientó las preferencias regionales y colocó la política de drogas en el centro de la agenda subregional, con instancias como el COVIEC operando como espacios de contención diplomática frente a tensiones recurrentes (Barreiro, 2014).6 En la actualidad, la frontera amazónica del Ecuador colinda con dos de los principales núcleos productivos de cocaína en Colombia (clústeres cocaleros) (UNODC-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, 2023). Estas zonas encontraron en el territorio ecuatoriano rutas eficientes de salida hacia mercados internacionales, en particular hacia Europa (Plan V, 2025). El crecimiento de los cultivos en Putumayo incidió de manera directa en la provincia de Sucumbíos, que se convirtió en un nodo central de articulación del narcotráfico transnacional.

Fuente: (UNODC-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, 2023)

Ilustración 3: Producción territorial cocalera en Colombia 2024 Las nuevas economías ilícitas En la última década el territorio amazónico ha visto surgir economías ilegales que configuran la interacción nacional e internacional sobre su gestión. Principalmente la expansión del narcotráfico constituye el orden fronterizo y se conexa a otro tipo de actividades como la minería ilegal, el contrabando de combustibles y otras actividades logísticas directas e indirectas para su reproducción. La actividad de la minería ilegal es una práctica desplegada en todo el territorio del Ecuador, especialmente amazónico, considerada como la segunda economía criminal debajo del narcotráfico. Organizaciones locales (como los lobos y los choneros), operan en las localidades amazónicas

Gráfico 1: Tasa de homicidios en las provincias amazónicas del Ecuador 2014- 2025

Fuente:(Datos Abiertos-Ministerio del Interior, 2025). El dato 2025 es proyectado a diciembre con información recopilada entre enero y octubre del mismo año. Gráfico: Elaboración propia.

controlando este negocio y gestionando la administración del lavado de dinero (Plan V, 2025).

Para amplios sectores de la población fronteriza, la inserción en estos circuitos dejó de ser una opción marginal y se transformó en una estrategia de reproducción social. Estas economías sostuvieron el consumo, la movilidad y redes de poder local, al tiempo que reforzaron la dependencia estructural del territorio respecto de la ilegalidad (Pontón, 2018). La expansión de estos mercados ilícitos se tradujo en un aumento sostenido de la violencia, posicionando al Ecuador como uno de los países con mayores tasas de homicidios en la región con una tasa de homicidios que en 2025 se proyecta será superior a 50 por cada cien mil (Datos Abiertos-Ministerio del Interior, 2025). En los testimonios, estos fenómenos se vinculan a empleo inestable, costos de transporte y dependencia de intermediarios. Las actividades ilegales se integran a economías locales de corta escala y a redes de movilidad transfronteriza. Este registro permite ubicar el arraigo social del fenómeno y su relación con condiciones territoriales persistentes.

En este contexto, el imaginario de fronteras porosas y peligrosas se ha extendido al grueso del territorio del Ecuador especialmente el perfil costanero y las provincias orientales amazónicas del Norte. La frontera norte dejó de ser concebida como un margen distante para convertirse en un espejo del Estado, donde se revelan sus límites y su capacidad de adaptación. La gobernanza fronteriza se estructuró en la ambigüedad: las economías ilegales sostienen la subsistencia local y, al mismo tiempo, estabilizan un orden que requiere de la ilegalidad para reproducirse. Nótese en el siguiente gráfico el crecimiento de la violencia en las provincias amazónicas, sobre todo en las que colindan con Colombia (Sucumbíos y Orellana) (Gráfico 1).

Ahora bien, sobre la parte fronteriza amazónica del Ecuador se observa la presencia de organizaciones criminales como “comandos de la frontera” (disidencias de los frentes 48 y 30 de las FARC) y el ascenso de peligrosas bandas criminales ecuatorianas (Molina et al., 2026; Plan V, 2025). A través del poder de la economía criminal, la extorsión y la violencia directa han logrado ejercer un control sobre las actividades ilegales y rutas del narcotráfico por medio de puertos clandestinos y legales, y a través de la cuenca del río Amazonas. Desde el Ecuador se suministra cocaína al lucrativo mercado brasileño, siendo este país un lugar también de paso de cocaína hacia Europa. En este equilibrio precario se sostiene buena parte de la economía amazónica ratificando que lo ilícito no es lo opuesto a lo estatal, sino una de sus formas de existencia.

Por eso, más que un territorio de ausencia, la frontera norte se configuró, a través de narrativas estatales y de seguridad, como un espejo del Estado, en el que se reflejan sus límites y su capacidad de adaptación. En este marco, la gobernanza se estructuró en la ambigüedad: las economías ilegales operan como un “mal necesario” para la subsistencia local y como un “bien necesario” para la reproducción de un orden que incorpora la ilegalidad como parte de su funcionamiento (Svampa y Antonelli, 2019; Gudynas, 2017). En ese entramado, las comunidades locales despliegan formas de agencia que no eliminan la subordinación, pero sí redefinen sus márgenes.

En conjunto, esta narrativa consolidó a la frontera norte del Ecuador como expresión de la paradoja del Estado amazónico: fuerte en el control, débil en la protección; omnipresente en la vigilancia, intermitente en la garantía de derechos. Se trata de una soberanía administrada en clave de excepción, que mantiene a la Amazonía como escenario permanente de intervención y cuya historicidad sigue organizando el presente de quienes habitan el borde.

Conclusiones

La genealogía de la frontera norte ecuatoriana muestra que la Amazonía funcionó menos como vacío estatal y más como laboratorio de formas diferenciadas de gobierno. En esa trayectoria se sostuvo una continuidad en prácticas de control, explotación y disciplinamiento, aunque se expresaron bajo lenguajes cambiantes: defensa nacional, desarrollo, seguridad, cooperación y sostenibilidad. En cada registro se mantuvo un mismo horizonte de intervención: volver gobernable el margen mediante la excepción. Esta selectividad institucional, asociada a la presencia excluyente, delimitó el modo en que la soberanía se ejerce en los bordes: se protegió lo útil, se toleró lo necesario y se desplazó la reproducción social hacia arreglos locales e informales.

Su historia muestra una continuidad en prácticas de control y explotación, aunque bajo lenguajes cambiantes: defensa nacional, desarrollo, seguridad, cooperación y sostenibilidad. Detrás de cada uno persiste un mismo principio: hacer gobernable el margen mediante la excepción. Esta conclusión se sostuvo en un ejercicio histórico narrativo y genealógico que organizó un corpus documental amplio, con énfasis en planes estatales, dispositivos de cooperación y seguridad, registros estadísticos y repertorios institucionales que dejaron huellas en el territorio.

Lejos de la imagen de periferia olvidada, la frontera apareció como territorio estratégico de la modernidad ecuatoriana. Desde la colonización posterior a 1941 hasta el Plan Ecuador, el Estado combinó la afirmación soberana con la delegación funcional del control a empresas, agencias y actores locales. Esta selectividad institucional, que Uribe (2022) denominó “presencia excluyente”, definió el modo en que la soberanía se ejerció en los márgenes: proteger lo útil, tolerar lo necesario y abandonar lo sobrante. En la práctica, esta forma de presencia se manifestó en arreglos institucionales intermitentes, en infraestructuras de ocupación y control, y en una administración territorial que priorizó la gestión del riesgo antes que la integración social.

El examen histórico narrativo también evidencia que la securitización del desarrollo ordenó la intervención en la frontera y reunió agendas militares, humanitarias, extractivas y de cooperación que se desplegaron de forma simultánea con ritmos y efectos distintos. El análisis distingue entre el discurso que organiza la intervención y las prácticas que adquieren forma en el territorio. En ese marco, seguridad y desarrollo operaron como lenguajes de gobierno que articularon vigilancia, control poblacional y regulación de movilidades, en especial en contextos de conflicto transfronterizo y migración forzada.

Al mismo tiempo, la persistencia de economías ilegales petróleo informal, coca, contrabando y minería revela una gobernanza ambigua en la que el Estado administró la ilegalidad más que combatirla. Estas actividades sostuvieron tramas sociales y alimentaron dependencias institucionales, funcionando como un “mal necesario” para la vida local y un “bien necesario” para la estabilidad política. Esta ambigüedad se expresó en circuitos donde lo legal y lo ilegal se entrelazaron en regímenes de extracción y control, y en la expansión de redes criminales con capacidad de reordenar dinámicas locales y regionales.

Desde esta perspectiva, la frontera norte encarna la tensión constitutiva del Estado ecuatoriano en la Amazonía: ser garante de soberanía y productor de desigualdad, defensor del territorio y promotor del despojo. Siguiendo a Espinosa (2008), puede decirse que las fronteras producen Estado. En la práctica, esto significó que el poder estatal se definió por su capacidad de controlar el límite y por su necesidad de reinventarlo mediante narrativas de amenaza que justificaron intervenciones sucesivas. El Plan Colombia operó como un punto de inflexión en esa producción discursiva, consolidando la frontera como espacio de riesgo y reordenando la agenda bilateral y regional en torno a la seguridad.

Entre 2007 y 2017, los Planes Nacionales de Desarrollo y el Plan Ecuador situaron la frontera norte como prioridad estatal y reconocieron la regionalización del conflicto colombiano y los impactos de la migración forzada, bajo una estrategia que combinó gobernabilidad, derechos humanos y cooperación. En el ciclo posterior, la trama se reconfiguró con el ascenso de economías ilícitas emergentes y delitos ambientales que ampliaron el repertorio de extracción y control: minería ilegal de oro, tráfico de madera y de especies, lavado y corrupción local. Este desplazamiento reforzó la idea de una frontera porosa y peligrosa, y actualizó el mismo problema que recorre el artículo: la producción narrativa de la Amazonía como espacio de excepción donde lo legal y lo informal se articulan como parte de una misma economía política del territorio.

Reconocer estas lógicas implica ir más allá de los diagnósticos sobre ausencia o fragilidad institucional. La Amazonía, y en particular la frontera norte, no están fuera del Estado: son su expresión visible. Allí, la soberanía se negocia a diario entre el control militar, la dependencia extractiva y las estrategias de supervivencia de las comunidades. La frontera, en última instancia, no es un borde del Estado, sino su espejo más elocuente. Expresa una forma de presencia estatal discontinua y selectiva que combina control, delegación y tolerancia, que permite ubicar cómo se distribuyen protecciones y costos sociales en los márgenes como reveladores del centro.